El juez Claudio Bonadio llamó como testigo a Alberto Fernández en la causa que investiga el Pacto con Irán
El precandidato presidencial había dicho que con el memorándum se buscaba encubrir el atentado a la AMIA.
El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, deberá ir a los tribunales de Comodoro Py por la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la mutual judía a través del Memorándum con Irán.
Es la causa que nació por la denuncia que realizó el fiscal Alberto Nisman antes de morir y por la que su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Kirchner, fue acusada de traición a la Patria y recibió su primer pedido de desafuero, que el Senado nunca activó.
La acusación contra Cristina Kirchner -ya no por traición, sino por encubrimiento agravado- y contra otros imputados ya se encuentra tramitando ante el Tribunal Oral Federal 8, rumbo al inicio del juicio. Pero el juez Claudio Bonadio se quedó con una parte de la investigación que aún debe completarse.
En ese contexto, decidió ahora llamar a declarar como testigo al ex jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, que ya no estaba en el gobierno de Cristina Kirchner cuando se firmó el Memorándum con Irán. En varias entrevistas, calificó el tratado como "deplorable". Ayer insistió en criticarlo.
Pese a ello, Fernández aseguró que no hay pruebas para condenar a Cristina Kirchner en ninguna causa. Y también sostuvo que jueces como Julián Ercolini, Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno".
Bonadio citó a Fernández para el 10 de julio, un mes y un día antes de la PASO. El abogado Tomás Farini Duggan, que representa a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, solicitó en mayo en el juzgado que se lo llame como testigo y adjuntó la copia de una entrevista que el hoy compañero de fórmula de Cristina le concedió al periodista Nelson Castro el 26 de febrero de 2015.
Allí, dijo el abogado, "Fernández afirma que le dijo al fiscal (Alberto) Nisman que la existencia misma del tratado era la prueba del encubrimiento" del ataque terrorista, pero que "no se logró concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner".
De acuerdo al querellante, en la nota Fernández "expone que en términos penales Cristina Fernández de Kirchner podía ser calificada como instigadora, y que 'ella hizo dictar una ley para que la encubra...esa ley, en términos penales, es casi una autoamnistía".
El juez decidió convocar a Fernández y a Castro, el periodista que lo entrevistó. Les tomará declaración como testigos el 10 y 11 de julio respectivamente, de no mediar pedidos de postergación.
En el Tribunal Oral Federal 8, mientras tanto, se encuentran produciendo distintas medidas de prueba de cara al juicio oral contra la ex presidenta, el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli y su segundo, Juan Martín Mena, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque, el espía Ramón Alan Bogado, el piquetero Luis D'Elía y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche -preso por esta causa-.
Todos están acusados de encubrimiento agravado, aunque a los ex funcionarios se les suma el delito de estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad.
El juicio oral aún no tiene fecha de inicio. Hace casi un año, cuando se encontraba en grave estado de salud, sabiendo que no sabía si llegaría al debate oral (murió el 30 de diciembre último), el ex canciller Héctor Timerman pidió declarar por videoconferencia ante el TOF: buscaba defender, como lo hizo ante Bonadio, la firma del memorándum como un intento de "solución" a la causa AMIA y rechazar la hipótesis del encubrimiento. Además, pretendía declarar que ese convenio fue respaldado por los investigadores del atentado terrorista, el fallecido fiscal Nisman y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Sin embargo, nunca logró avanzar con su declaración aquel 13 de julio de 2018. Ni los jueces ni los abogados que participaban en la audiencia podían escuchar con claridad los dichos del ex funcionario. No habían llevado ni un micrófono ambiental.