El Gobierno quiere tomar muestras de ADN de delincuentes peligrosos para hacer un registro

Lejos de amedrentarse por las críticas que desde algunos sectores de la oposición recibió por el anuncio de la implementación de las pistolas Taser, la reforma del Régimen Penal Juvenil para bajar a 15 años la edad de imputabilidad y la intención de expulsar del país a mil extranjeros que delinquieron; el Gobierno ya tiene listo un proyecto de ley que puede generar más polémica: prevé que se le tome una muestra de ADN a todas las personas que cometieron un delito doloso, sin distinción de la gravedad.

De esta manera, al banco de datos que actualmente se confecciona sólo con los violadores, se sumarían quienes fueran condenados por homicidio, secuestro extorsivo, lesiones graves y robos, entre otros delitos previstos en el Código Penal.

Concretamente, el texto contempla "ampliar a todos los delitos dolosos" el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual", creado por la ley 26.879. Para entender la polémica, sólo basta con recordar brevemente las dilaciones en el debate de ese proyecto: impulsado por las Madres del Dolor, recién fue aprobado en 2013, cuando el impacto que generó el crimen de Angeles Rawson forzó a los diputados a retomar la discusión de una iniciativa que ya había sido aprobada -y perdido dos veces estado parlamentario- en el Senado.

Fue el fin de un debate que duró casi una década y que se vio empantanado porque los sectores más garantistas consideraban que implicaba "estigmatizar" al violador. Igual, pese a aquel impulso, recién se reglamentó en 2017, ante un nuevo caso que conmovió a la sociedad: el homicidio -y violación- de Micaela García.

Ahora, la idea del Gobierno es que en ese banco de datos, comúnmente conocido como "registro de violadores", se incorporen muestras de los condenados por "todos los delitos dolosos tipificados" en el Código Penal. El objetivo del proyecto, al que tuvo acceso Clarín en exclusiva, es "contribuir al esclarecimiento de la verdad a partir del almacenamiento y sistematización de la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica obtenida en el curso de una investigación".

El proyecto fue redactado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y cuenta con el visto bueno del Presidente, quien le dio luz verde en la última reunión de seguimiento de gestión. Y este viernes terminó de tomar forma, luego de recibir un respaldo clave: fue validado desde lo técnico por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien luego de analizar el borrador dictaminó formalmente a favor de su implementación, por lo que en las próximas horas llegará al despacho del secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas. De ahí a que lo firme Mauricio Macri y sea girado al Congreso se trata sólo de una formalidad.

Entre los argumentos del proyecto, Bullrich expone que servirá por partida doble a la Justicia, ya que se podrá "identificar y condenar a los autores de delitos, así como para exculpar a personas erróneamente acusadas". Mientras, en materia de la lucha contra la inseguridad, según la ministra contribuirá porque "provocará en futuros agresores una sensación de mayor control y de pérdida del sentimiento de anonimato e impunidad".

Con el antecedente de las demoras que implicó la puesta en marcha del "registro de violadores", en el que se empezaron a incorporar muestras a partir del año pasado, el proyecto contempla una aplicación de forma gradual. Para ello, en el artículo 7 habilita al Ejecutivo a fijar un "cronograma de implementación en el que se incorporen progresivamente los delitos de acuerdo a su gravedad, en la medida que se incrementen las capacidades operativas de los laboratorios forenses encargados del análisis de las muestras extraídas". Así, además de delitos contra la integridad sexual, serán prioridad los casos de homicidios, lesiones graves, secuestros extorsivos y robos agravados.

La salvedad tiene que ver con que el proceso de toma de la "huella genética" de violadores ha sido demasiado lento y lejos está de cumplirse el plazo de seis meses que se les dio a los jueces para ordenar la extracción de los condenados -desde 2007 a la actualidad- por delitos sexuales; y, menos aún, el de dos meses que se les impuso como tope máximo para tomar la muestra a los que siguen presos.

Pero en el Gobierno confían en que se avance en ese sentido a medida que, con el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, se habiliten más laboratorios. Más factible asoma la incorporación de los condenados en causas nuevas, dado que la ley marca que una vez que la sentencia está firme, los jueces tienen cinco días hábiles para ordenar que se tome la muestra.

¿En qué consiste esa extracción? Se trata de un hisopado en la garganta que es procesado en laboratorios certificados. Y, luego, se incorpora al registro, mediante el software (CoDIS, por Combined DNA Index System, en inglés), provisto por el FBI, que permite almacenar y digitalizar las muestras biológicas de los condenados y los rastros biológicos de autores desconocidos para luego buscar eventuales coincidencias de patrones.

Bullrich rechaza de antemano los cuestionamientos que, prevé, llegarán desde sectores más progresistas por la incorporación de todos los delitos al registro. Más: cree que, a futuro, con el avance de la tecnología, la muestra de ADN reemplazará a la huella dactilar que el Estado toma ante la confección de los documentos de identidad. "El ADN es el nuevo sistema de identificación del Siglo XXI. Lo que fue la huella en el siglo pasado como mecanismo para prevenir y esclarecer delitos", dicen desde Seguridad.