El Gobierno cuestiona al juez que investiga la muerte del mapuche en Villa Mascardi

Las tensiones entre el Ministerio de Seguridad y la justicia federal en Bariloche a raíz de la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, baleado por efectivos del grupo Albatros en un episodio bajo investigación, estallaron ayer públicamente cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , advirtió que "el Gobierno no va a permitir que las fuerzas de seguridad actúen bajo una orden ilegal".

Se refería a las condiciones que, según el Gobierno, miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi le habrían impuesto al juez Gustavo Villanueva para ingresar al predio ocupado y realizar los peritajes criminalísticos que permitan el esclarecimiento de la muerte. La autopsia reveló ayer que el joven murió por una bala 9 mm, el mismo calibre que utilizó la fuerza.

En una conferencia de prensa con su par de Justicia, Germán Garavano, Bullrich deslindó cualquier responsabilidad penal de la fuerza en el deceso del joven y apuntó a la inacción judicial.

"Fue una acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley", dijo la ministra, en relación con el fuego cruzado que habrían intercambiado mapuches y miembros del grupo Albatros el sábado.

La preocupación del Ejecutivo se exacerbó ante el temor de que a tres días del hecho, en un predio cuyo número de ocupantes se habría incrementado, se modifique la escena del crimen, se levanten pruebas y se borren rastros. Más aún con los resultados de la autopsia practicada a Nahuel, que revelaron que el joven murió por una bala 9 mm, el mismo calibre que utilizó la fuerza nacional.

El proyectil ingresó por el glúteo izquierdo, comprometió órganos vitales y se alojó en la axila derecha, afirmaron fuentes policiales.

El temor ante una imputación penal a la fuerza mutó también en malestar. La amenaza está latente y apunta a no contar con elementos probatorios que demuestren que la Prefectura reaccionó en legítima defensa ante una agresión con armas de fuego, dijeron cerca de Bullrich.

También a que se reedite parte de lo que sucedió con el caso Maldonado: una fuerza de seguridad estigmatizada, la acusación -infundada para el Gobierno- de una acción represiva cuando mediaba una orden judicial de patrullar el predio y de buscar prófugos, sumado a que uno de los efectivos de Albatros pueda ser imputado de homicidio.

En el gobierno de Mauricio Macri causaron malestar las demoras de los peritajes -que, según fuentes cercanas a Bullrich, el juzgado había acordado que se realizarían ayer bajo ciertas condiciones-, las piedras arrojadas contra la Policía Federal por la mañana desde el predio y la falta de definiciones judiciales.

La réplica de la Justicia

Voceros de la justicia federal rechazaron que se hubiera acordado que los peritajes se realizarían ayer, negaron cualquier concesión a los mapuches para que permitieran el ingreso al predio y expresaron que su prioridad es acceder al área, levantar rastros y esclarecer las circunstancias de la muerte.

"Del jueves a hoy la situación ha cambiado drásticamente y bajo ningún concepto inspeccionaremos el terreno y recogeremos pruebas con el predio ocupado. Hoy [por ayer] se tomaron las indagatorias a los dos detenidos [Fausto Jones Huala y a Lautaro González, cuya abogada es Sonia Ivanoff], se acordó con el Instituto Balseiro que perite las armas secuestradas y realice pruebas de carbón sobre las ropas tanto de Nahuel como las de los miembros de Albatros que intervinieron para detectar restos de pólvora. Además, se avanzó con otra serie de medidas probatorias", dijo la fuente, que no descartó otro operativo de seguridad de envergadura con fuerzas federales para desalojar a la comunidad mapuche en un clima de ánimos muy caldeados.

Los mismos voceros interpretaron el "enojo" de Bullrich como una suerte de intromisión del Ejecutivo en la independencia y decisiones del proceder judicial.

Más críticas

Por su parte, en Seguridad argumentaron: "Al juez ya lo engañaron tres veces: le dijeron que los mapuches se entregarían y para ello demandó 10 vehículos para transportar detenidos, uno por persona; luego dijeron que antes de entregarse necesitaban realizar una ceremonia ritual por el duelo, que después se extendió a cuatro días; le aseguraron que querían contribuir con la Justicia y permitir los peritajes, para ello movilizamos fuerzas de seguridad para evitar que se susciten nuevos incidentes, y nada de lo que acordó se cumplió. Encima la policía fue agredida y el juez ordenó un repliegue", se quejaron en el Ministerio de Seguridad.

En los tribunales de Bariloche, en tanto, desmintieron esos acuerdos y minimizaron las hostilidades. "Apenas fueron unas pocas piedras lanzadas por mujeres y niños por la mañana y enseguida la agresión cesó", replicaron.

Asimismo, negaron que el juez hubiera ordenado un repliegue.

En ese marco de versiones contrapuestas las fuentes judiciales apuntaron a un malentendido.

Explicaron que además de la causa por el delito de usurpación, que tiene secreto de sumario, la muerte de Nahuel se sustancia en otro expediente caratulado "Averiguación de muerte".

E insistieron en que la prioridad del tribunal es determinar si hubo un tiroteo cruzado y de dónde provinieron las balas.

El secuestro de todo el armamento al personal presente en Villa Mascardi, incluso el de aquellos que no ingresaron al terreno, tampoco cayó bien en Seguridad.

"No vamos a discutir ninguna medida judicial, pero debemos prevenir el hipotético caso de que hubiera habido un intercambio de armas", deslizaron.

Así, en un clima de fuertes desinteligencias y versiones contrapuestas, los ocho miembros del grupo Albatros, que hasta ahora no han sido imputados de ningún delito, esperan las garantías de que la escena del hecho pueda peritarse antes de que desaparezcan las pruebas.

En Bariloche anticiparon que todos los que usurparon las tierras deberán ponerse a derecho, "sabiendo que van a quedar detenidos" y que posiblemente el predio de Villa Mascardi sea liberado esta semana.

(Fuente: La Nación)