El Gobierno avanza en el proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad

"Estamos mandando una ley al Congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes. La norma tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves".

ullrich hizo estas declaraciones durante una visita a Neuquén para manifestar su apoyo a la candidatura a gobernador del actual intendente Horacio "Pechi" Quiroga, de Cambiemos, que el 10 de marzo competirá contra el actual gobernador Ormar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino y el representante del peronismo, Ramón Ríoseco.

"Es una provincia que está gobernada por el partido con más años de gobierno de América Latina, y cuando los partidos están tanto tiempo en el poder se confunden con Estado, y eso resquebraja los sistemas democráticos", dedujo la ministra, apuntando al tradicional y poderoso partido provincial de Neuquén.

En su último año de gestión y en el inicio de la campaña electoral por su reelección, Mauricio Macri impulsará la discusión en el Congreso de la baja a los 15 años la edad de imputabilidad de los menores para aquellos delitos considerados graves, que tengan una pena privativa de la libertad superior a los 15 años de prisión.

Así lo establece el proyecto de régimen de responsabilidad penal juvenil que la Casa Rosada presentará en los próximos días y cuyos lineamientos principales ya fueron anticipados a los legisladores oficialistas. De hecho, el ministro de Justicia, Germán Garavano , convocó a diputados y senadores de Cambiemos para el próximo martes a un encuentro en la sede de la cartera a su cargo en el que les entregará el proyecto de ley redactado por la comisión especial que presidió el radical Ricardo Gil Lavedra.

El proyecto crea una "Justicia especializada" para los menores que baja de 16 a 15 años la edad de imputabilidad de los menores y establece penas de prisión para la tentativa y la comisión de los delitos de homicidio, violación, robo con armas de fuego y secuestro y extorsión. Entre los 16 y los 18 años, los adolescentes serán sometidos a proceso cuando hayan cometido delitos con penas superiores a los dos años de prisión, pero los fiscales podrán optar por una serie de "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos", con el objetivo de evitar las privativas de la libertad.

"Necesitamos un sistema que haga ver a todo joven que infringió la ley que sus actos tienen consecuencias", sostiene uno de los instructivos entregados a los legisladores en una reunión celebrada ayer (jueves) en la Casa Rosada. En defensa de una iniciativa que generará polémica, sobre todo en un año electoral, el Gobierno hará hincapié en que el régimen penal juvenil garantizará el debido proceso de los menores, situación no contemplada en la actualidad.

Que el sistema de minoridad vigente fue promulgado por la última dictadura militar, en 1980 y que tiene un sesgo inquisitivo y tutelar que no discierne entre menores en estado de vulnerabilidad de aquellos que violan la ley penal es otro de los puntos en los que el oficialismo pondrá énfasis a la hora de defender el proyecto.

En ese sentido, también se destacará que el sistema propuesto ofrece una serie de mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, cuyos principios de oportunidad quedarán en manos de los fiscales y que servirán como alternativas a la aplicación de penas privativas de la libertad de los menores y adolescentes. Entre esas medidas figuran la mediación, la suspensión del juicio a prueba, la conciliación, medidas socioeducativas y disciplinarias y acuerdos restaurativos del daño producido por el menor en la comisión del delito por el que se encuentre procesado.

En los documentos distribuidos a los legisladores, a los que tuvo acceso LA NACION, también se destaca que "se incluye a las víctimas en el proceso", cuya opinión y consentimiento se tomará en cuenta al momento de decidir la aplicación de los mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos.

El régimen contempla, además, la capacitación de funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y equipos interdisciplinarios para el abordaje de un sistema penal para menores y promete centros especializados para los casos en los que deban aplicarse penas privativas de la libertad. Según estadísticas oficiales a la que accedieron los legisladores oficialistas, en la provincia de Buenos Aires se registraron 2452 procesos durante 2017 de los cuales 226 fueron por homicidios, tanto en grado de tentativa como consumados, y 1121 por robo con armas.