Piden que se investigue al tribunal que benefició la salida de Cristóbal López de la cárcel

En una medida inusual y sin que existiera un expediente previo, los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidieron ayer pedirle informes al Consejo de la Magistratura sobre la manera en la que se integró el tribunal que decidió liberar al cuestionado empresario identificado con el kirchnerismo Cristóbal López y a su socio, Fabián de Sousa.

El presidente del Consejo, el abogado Miguel Piedecasas, derivó inmediatamente la consulta al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, quien lo reenvió al presidente de la sala I de ese tribunal, su colega Jorge Ballestero, que responderá directamente a la requisitoria del organismo encargado de controlar a los jueces. Por las dudas, Piedecasas derivó el asunto a la comisión de Disciplina y Acusación del organismo a su cargo.

Ballestero, junto con un integrante de la sala II, Eduardo Farah, fueron quienes votaron a favor de López y de un polémico cambio de carátula en la causa que le sigue la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la multimillonaria deuda que la empresa Oil Combustibles mantiene con el Fisco, hoy estimada en unos 17.000 millones de pesos.

Ocurre que la sala I de la Cámara Federal penal porteña, al igual que la sala II, tiene sólo dos jueces titulares en lugar de los tres puestos que debieran estar ocupados según la ley. Es decir, hay una vacante en cada una de las salas. Y como el primer juez que intervino en el caso en la sala I, Leopoldo Bruglia, votó en contra de López y Ballestero lo hizo a su favor se debió recurrir a un tercer magistrado para que desempatara.

Ese voto provino de Farah, que se inclinó a favor de López. Ante las críticas, este último juez, incluso, se vio obligado a salir por televisión para explicar su fallo. Una de las críticas provino de la líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, socia fundamental de la coalición gubernamental, quien dio a entender que Ballestero y Farah habrían cobrado una coima para beneficiar a López. Incluso fue respaldada por alguien con quien se había enfrentado recientemente por la causa AMIA, el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Carrió había presentado el día anterior una nota en el Consejo de la Magistratura donde recordaba una vieja denuncia suya contra Ballestero en la década del 90 por la causa de la llamada "mafia del oro" y la compra de un departamento por parte del magistrado en la avenida Figueroa Alcorta, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, con un "crédito simulado", según dijo en aquel momento y rememoró ahora.

"Vengo a solicitar se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que ese decisorio (en referencia a la liberación de López) pudiera haber estado influido por razones iguales a las advertidas en aquellos tiempos por la suscripta y que podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado", había planteado el miércoles Carrió ante el Consejo de la Magistratura.

La líder de la Coalición Cívica también reclamó que "se dispongan las medidas a fin de determinar si familiares de ex directivos del Casino Puerto Madero (uno de cuyos dueños es López, no en vano llamado "el zar del juego") cumplen funciones para el juez Eduardo Farah y/u otro juez de la misma sala I".

Fuentes judiciales explicaron a Clarín que la decisión de convocar a Farah a desempatar la causa contra López fue decidida por Ballestero, como presidente de la sala I, en virtud de que su colega ya había intervenido en una causa supuestamente conexa, la de la obra pública vial otorgada en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas a las empresas del detenido Lázaro Báez.

Sin embargo, otras fuentes dijeron que tal conexidad entre ambos casos no está declarada expresamente en la causa que la AFIP le inició a López y que por ello Ballestero debiera haber realizado un sorteo para determinar si el que desempataba el caso era Farah o Irurzun, el otro juez titular de la sala II.

Fuentes de la Corte dijeron haber recibido de manera informal comentarios sobre presuntas irregularidades en la integración de la sala que resolvió el caso del titular del Grupo Indalo y que por eso trasladaron la inquietud al Consejo de la Magistratura. Quizás no pase nada. Quizás se le abra una investigación a Ballestero.

Los cinco jueces de la Corte se dirigieron al presidente del Consejo "a fin de solicitarle que arbitre los medios" a su alcance para "iniciar una investigación".