Para el Gobierno, la detención de ex funcionarios kirchneristas es un "exceso" y se preocupan por un precedente peligroso

La detención de ex funcionarios kirchneristas y el pedido de desafuero y prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Kirchner generaron un fuerte debate interno en el gobierno de Mauricio Macri.

Desde ayer por la mañana, predominaron la sorpresa, la preocupación y la cautela por las consecuencias políticas de esas decisiones y por la reacción de los sectores kirchneristas.

La postura oficial del Gobierno fue "no opinar sobre la resolución" del juez federal Claudio Bonadio para resguardar la independencia del Poder Ejecutivo respecto del Poder Judicial. Sobre el desafuero, la Casa Rosada aseguró que "es un tema del Senado y no del Gobierno" y que "antes habrá que leer el fallo del juez".

Por la tarde, el jefe del Gabinete, Marcos Peña, reforzó esta posición en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. "Es un tema estrictamente judicial y corresponde a la Justicia poder proseguir con el trámite normal", dijo.

"Requiere una investigación muy bien hecha por el tipo de denuncia y también un debido proceso de defensa para los acusados y esperamos que se pueda desarrollar en la normalidad", agregó el jefe del Gabinete.

Peña dijo que "las autoridades del interbloque Cambiemos en el Senado han expresado que se desarrollará todo el trámite correspondiente con la prudencia y con la institucionalidad necesaria, no en términos partidarios, sino institucionales".

Por lo bajo, los funcionarios descuentan que Cambiemos coincide en el Senado con la "doctrina" del jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto: sólo los senadores con condena firme pueden sufrir el desafuero. Es por ello que, por ejemplo, el ex presidente Carlos Menem sigue en su banca.

Macri evitó hablar de Cristina Kirchner durante dos actos, uno de inauguración del "Paseo de la República" en Olivos y otro de entrega de premios a científicos en la Casa Rosada.

En el Gobierno aseguran que los ex funcionarios kirchneristas deberían ir presos, si se encuentran pruebas de actos delictivos, pero con el debido proceso y no con la prisión preventiva. El desafuero a Cristina Kirchner en el Senado está casi descartado en Balcarce 50.

Altos funcionarios consideraron que, pese a que el procesamiento a la ex presidenta por el delito de traición a la Patria por encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA podría ser correcto, la orden de prisión preventiva y el pedido desafuero parece "un exceso de la aplicación" de las leyes procesales.

En ese sentido, en la Casa Rosada subrayaron que "los jueces toman decisiones sin presiones políticas y en forma independiente, sin intervención del Poder Ejecutivo". Y buscaron descomprimir la tensión: "Será la Cámara Federal la que eventualmente tendrá que resolver sobre el fallo", dijo un funcionario.

Algunas fuentes oficiales, en estricta reserva, hicieron una distinción: consideraron correcto que Julio De Vido fuera detenido porque la Cámara Federal consideró que podría tener poder de obstrucción sobre la Justicia. Pero señalaron que Carlos Zannini, Luis D'Elía o Fernando Esteche no deberían haber sido detenidos. La Casa Rosada no les asigna ese poder que invoca el juez Bonadío. En esta última categoría también incluyen a Amado Boudou, detenido por el juez federal Ariel Lijo.

En el caso de Cristina Kirchner es visible en la Casa Rosada la incomodidad que generó la noticia del pedido de desafuero. "Nos parece un exceso", dijo un funcionario, que habló a título personal y no como voz oficial. Pero que tiene una fuerte cercanía al núcleo duro de Macri.

En cuanto al desafuero, el interbloque de Cambiemos pedirá constituir lo antes posible de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, nombrar las nuevas autoridades, y analizar desde la semana próxima y con detenimiento el pedido de Bonadío.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, de Cambiemos, deslizó su coincidencia con Pichetto, que representa a los gobernadores del PJ. "Es una doctrina correcta en general, pero hay que ver los casos en particular", dijo. "Entiendo que haya mucha ansiedad, pero tenemos responsabilidad institucional y tenemos que discutir esto con tranquilidad", aseguró. "Hay que ver cuáles son los fundamentos del juez para proceder a su pedido", señaló.

La cautela y la preocupación obedece también a que si Cambiemos promueve el desafuero de Cristina podría comprometer el acuerdo político con Pichetto y con los gobernadores para avanzar en las reformas estructurales que deben aprobarse en el Congreso, como las leyes de responsabilidad fiscal, el pacto fiscal, las reformas jubilatoria, tributaria y laboral y hasta el presupuesto 2018.

Otro temor es que aquel fallo de la Cámara Federal, que invoca la posible obstrucción de justicia a quienes tienen cargos públicos, derive en una deformación procesal y en el futuro varios jueces procesen y detengan con prisión preventiva a un sinfín de funcionarios de cualquier gobierno.

"No se puede pedir la detención ante cada procesamiento. Sienta un precedente sobre los funcionarios futuros", dijo un funcionario macrista.