PAMI le dio 36 horas a los laboratorios para aceptar el nuevo convenio sobre la compra de medicamentos

Cuando parecía que PAMI y los laboratorios llegarían a un acuerdo la negociación para aceptar el nuevo convenio sobre la compra de medicamentos, quedó paralizada y lejos de una resolución.

Ante este escenario, el Gobierno decidió subir la presión e intimó a las tres cámaras que representan a las empresas para que en plazo de 36 horas respondan si aceptan la oferta de la obra social.

En la propuesta que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le envió a Cilfa y Cooperala, los representantes de los laboratorios nacionales, y Caeme, multinacionales, las empresas deberán bajar un cinco por ciento el valor de los remedios; no habrá más acuerdos cartelizados, sino que serán tratos individuales con los laboratorios, y lo más importante: se fijará un techo de precio.

Este último punto es el único que los laboratorios no están dispuestos a suscribir. Hoy esta diferencia es insalvable y el convenio, que finaliza el 31, se encamina a concluir sin renovación. Según datos oficiales, el cambio representaría un 20% de ahorro por año para el PAMI, unos 6500 millones de pesos.

El PAMI, principal comprador de remedios del país con un 40% del mercado, no tiene capacidad de negociación ni de control. Es que durante la crisis de 2001 el PAMI "cedió a la industria farmacéutica la administración, los controles, la liquidación y parte de la auditoría", explicaron fuentes de la obra social más grande de la región con 4.800.000 afiliados.

Con el nuevo convenio, el director ejecutivo de la obra social más grande América Latina, Sergio Cassinotti, quiere recuperar la centralidad en la toma de decisiones. Pero la lucha contra uno de los sectores económicos más poderosos de la Argentina aún está lejos de terminar.

En la carta documento que PAMI le envió ayer a los laboratorios, a la que obtuvo acceso LA NACION, a partir del 1° de abril se les debería aplicar una rebaja de 5% al precio de los medicamentos al 28 de febrero último. Además, "se mantienen los descuentos porcentuales vigentes en el Convenio PAMI-Industria 2017 para cada segmento y/o sub-segmento de medicamentos".

Otro de los puntos clave es que "cada producto/presentación se actualizará trimestralmente, incrementándose como máximo en un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) para el trimestre anterior publicado por el Indec". La primera actualización incluirá los meses de marzo, abril y mayo.

Hasta ahí los laboratorios están dispuestos a avanzar. El problema surge con la imposición de los precios máximos por droga, que según el nuevo convenio, será potestad de PAMI su análisis y definición.

En la carta documento que PAMI le envió ayer a los laboratorios, a partir del 1° de abril se les debería aplicar una rebaja de 5% al precio de los medicamentos al 28 de febrero último

"PAMI invitará a los laboratorios a participar en una mesa técnica en la cual se discutirán los mecanismos de definición de los precios máximos, los precios máximos resultantes, así como la introducción de un precio único de reintegro aplicable a todos los productos/presentaciones de una droga. Pero las recomendaciones de esta mesa no serán vinculantes para PAMI ", dice el texto del nuevo trato que el Gobierno busca que firmen los laboratorios.

Para las empresas este punto está fuera de la negociación. La razón es simple: el precio ponderado del PAMI se trasformaría en el precio de referencia para el resto de los compradores.

Un ejemplo de lo que podría representar para la industria fue lo que ocurrió la última semana cuando en plena negociación con los laboratorios, el Gobierno logró quebrar la resistencia de las empresas a la hora de fijar los precios de los medicamentos. Fue en la primera licitación pública -se trató de la compra de medicamentos para la hemofilia- con el nuevo modelo que busca imponer la Casa Rosada para la compra de remedios alcanzó un descuento del 80%.

¿Cómo lo logró? En lugar de realizar la compra por separado, el Ministerio de Salud, el PAMI, IOMA y otras obras sociales decidieron ir juntos. Con este método el Estado se ahorrará 1500 millones de pesos por año.