Lázaro Báez pidió por su libertad pero recibió un nuevo procesamiento y embargo
La medida también alcanza a Martín Báez, a otros directivos de Austral Construcciones y a dos funcionarias de la AFIP.
Lázaro Báez fue procesado ayer, sin prisión preventiva, por evasión tributaria, por orden del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, quien también le trabó un embargo de 250 millones de pesos. Ambas medidas también alcanzaron a Martín Antonio Báez, hijo mayor del empresario santacruceño, a otros directivos de Austral Construcciones y a dos ex funcionarias de la AFIP.
En el escrito, de 137 páginas, se detallan los pormenores de las maniobras, que fueron denunciadas por la legisladora Elisa Carrió en 2013. El empresario kirchnerista ya había sido sobreseído en otra causa similar en ese fuero, porque le fue aplicado la ley penal más benigna.
El fallo se conoce horas después de que el empresario, acusado de presunto testaferro de la familia Kirchner, pidiera el cese de su prisión preventiva. El 18 de abril se cumplen dos años desde que el juez federal Sebastián Casanello ordenó su detención en prisión preventiva, en el marco de la causa conocida como "ruta del dinero K".
El objeto de la causa instruida por López Biscayat estuvo puesto en que se investigaran las posibles consecuencias tributarias de los convenios celebrados entre La Estación SA; Don Francisco SA; Kank y Costilla SA; Loscalzo y del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; Badial SA y Austral Construcciones SA con la gerenciadora Valle Mitre SA, todas empresas del grupo Austral, en las determinaciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a 2010 y 2011.
El reclamo del fisco es de 80 millones de pesos en lo que responde al ejercicio 2010, pero todo indica que se ampliaría a medida que se investiguen otros años. En el marco de ese expediente se hicieron diversos allanamientos en sedes de Austral Construcciones SA y de Valle Mitre SA, naves insignias del grupo.
En el expediente de "la ruta del dinero K", que ya está elevado a juicio oral, pidió hoy el cese de su prisión preventiva al Tribunal Oral Federal 4, que debe juzgarlo por lavado de activos, con la intención de quedar libre cuando el 5 de abril próximo.
En su pedido, el empresario, propuso como medida alternativa el uso de tobillera electrónica. En el correr de la semana próxima se espera que se conozca el dictamen del fiscal ante el TOF 4, Abel Córdoba. Y luego serán los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñiguez, quienes deberán decidir sobre su situación.