La Corte Suprema decide en horas sobre la reforma
Hace una semana se había aceptado el "per saltum" pedido por el Gobierno nacional.
La Corte Suprema de Justicia aceptó el jueves pasado el "per saltum" interpuesto por el Gobierno nacional para resolver en forma "urgente" sobre la validez o no de la nueva ley que dispuso la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura y que fue declarada inconstitucional por la jueza María Servini de Cubría.
El alto tribunal aceptó el recurso debido a la "gravedad institucional" del caso y suspendió los efectos de la sentencias de la jueza Servini de Cubría que declaró inconstitucional varios artículos de la nueva ley que reformó la Magistratura en el marco de dos acciones de amparo, hasta tanto el alto tribunal dicte el fallo.
En la resolución que acepta el recurso, la Corte remarcó que se encuentra en curso un cronograma electoral estructurado en diversas etapas "que se integran con plazos breves y perentorios explícitamente contemplados" y que "sólo la decisión final por parte de esta Corte de las cuestiones constitucionales planteadas permitirá evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego en estas actuaciones", sostuvo la Corte.
La Corte por "razones de urgencia" dispuso abreviar los plazos del proceso judicial a fin de dictar una resolución sobre la validez de la reforma impulsada por el gobierno que aumentó de 13 a 19 el número de los integrantes del Consejo de la Magistratura y dispuso su elección por voto popular.
"Las razones de urgencia que hacen procedente la via intentada, igualmente justifican que este Tribunal proceda a abreviar el plazo previsto para dar cumplimiento con el traslado legalmente contemplado, asi como habilitar días y horas para todas las actuaciones a que dé lugar la tramitación de los recursos", sostuvo la Corte.
Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 18 Y 30 de la ley 26.855, y del decreto del Poder Ejecutivo N° 577/2013, en dos fallos, uno en un amparo interpuesto por el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo, como apoderado de la lista Gente de Derecho, y otro en un planteo de Carlos Traboulsi, del Partido Demócrata Cristiano.