Impacto devaluación: extenderán los subsidios y frenarán los aumentos hasta 2021

Durante su gestión como ministro, Juan José Aranguren defendió el "sendero tarifario" a capa y espada. El ex funcionario impulsó aumentos en las facturas de luz y gas con el objetivo de disminuir subsidios. Su meta era eliminar por completo las subvenciones estatales hacia diciembre de 2019. Sin embargo, en las empresas energéticas creen que el Gobierno se encamina hacia una desviación del mojón que pretendió plantar desde febrero de 2016, cuando comenzaron los incrementos.

La nueva hoja de ruta que manejan varias compañías del sector -muy golpeadas en las recientes caídas bursátiles- es que los subsidios no solo no terminarán en 2019, sino que se extenderán hasta 2021.

El flamante titular de Energía, Javier Iguacel, solo tuvo un encuentro protocolar con firmas energéticas. De allí fue a una reunión con su par estadounidense, Rick Perry, en los Estados Unidos. El funcionario aún no realizó declaraciones públicas, salvo el día que asumió. Allí reafirmó que seguirán los incrementos.

Se avecinan las revisiones semestrales en las tarifas de luz y gas. El escenario es diferente al pensado por el Poder Ejecutivo cuando comenzó a construir el "sendero". El peso perdió más de un 60% de valor desde la última corrección de los servicios, anunciada en noviembre y ejecutada desde diciembre. Si el Poder Ejecutivo quiere bajar las subvenciones y reflejar la devaluación, la suba debería estar en torno al 80%.

El sector no está en llamas, pero se resintió la cadena de pagos: las distribuidoras no pueden abonar sus costos con un dólar a $ 28, ya que su previsión de ingresos era con una divisa en torno a los $ 22, recién para octubre. Las petroleras, que son las mayores productoras de gas, ya conversaron sobre el tema con la Casa Rosada.

Aranguren batalló -con la anuencia del presidente Mauricio Macri- por devolverles marcos regulatorios a luz y gas, a la vez que señaló un camino de remuneraciones a los productores (en especial de gas, que se importa en el invierno) que sean atractivas para generar inversión. Esos precios "mayoristas" parecen estar destinados a ser modificados, según comentan varios ejecutivos del sector.

El precio de producir gas conforma un 40% de las facturas. Un 32% es por los márgenes de distribución de las empresas que lo llevan a hogares. El resto es impuesto.

Desde abril de 2018, las facturas de los usuarios reflejan un precio promedio ponderado de US$ 4,68 por millón de BTU (la unidad de medida del sector). Ese monto aún es insuficiente para cubrir los US$ 6,80 que el ministerio de Energía estableció como precio de referencia para el final del mandato de Macri. Ese valor comenzó a ser cuestionado por técnicos del radicalismo, poco tiempo después que el Poder Ejecutivo pusiera a la venta su parte en Transener, operación resistida por el socio de PRO en Cambiemos.

El Estado nacional todavía subsidia un 31% del costo del gas. El próximo mojón -o el anunciado por Aranguren a fines de 2017- era la reducción del subsidio estatal a un 23% del costo del gas. Eso suponía un incremento, porque la demanda tenía que desembolsar lo que dejaría de pagar el Estado.

La devaluación alteró todos los planes. Ni en la más pesimista de las proyecciones de las distribuidoras de gas estaba a un dólar por arriba de los $ 28. Allí, el cálculo era que tendrían que pagar $ 22 hacia octubre, cuando terminan de abonar lo que requieran en invierno. El desfasaje generó que las distribuidoras tengan inconvenientes para pagar sus propias facturas.

La próxima recomposición prevista para las distribuidoras debía reflejar la inflación de 6 meses (abril-septiembre). El último aumento -entre diciembre y abril- superó el 70%.

Para seguir con el esquema presentado por el Gobierno a fines de 2017, los hogares tenían que pagar alrededor de US$ 5,26 (casi $ 150) desde octubre por el precio del gas en si mismo. En cumplimiento de ese cronograma, se llegaría a un subsidio estatal anual de US$ 2.000 millones en servicios (en 2015 era de US$ 8.000 millones).

Cuando las cotizaciones de las empresas argentinas en Wall Street recibieron la recomendación de ser consideradas "emergentes", allí estaba explícito que MSCI podía revisar su posición si las autoridades argentinas introdujeran cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado, como el control de capitales o de divisas".