El Senado le dio media sanción al proyecto contra el trabajo en negro

El Senado aprobó hoy y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, con el que el gobierno busca combatir el empleo en negro.

La iniciativa fue aprobada en forma contundente en general por 57 votos, aunque en la discusión en particular la votación fue dispersa.

El proyecto tuvo modificaciones que fueron explicadas a los referentes políticos por la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión, la kirchnerista María Higonet, en una reunión previa a la sesión.

Se trata de dos normas: una que establece los beneficios en torno a las contribuciones patronales para el caso de los empleadores que registren a su personal en relación de dependencia; y una reforma al llamado pacto federal laboral por el que se actualizan los montos de las infracciones laborales.

Al inicio de la sesión y al defender la iniciativa, Higonet admitió que "se ve un estancamiento desde el 2009" en la regularización del empleo y explicó al cuerpo los cambios producidos en las últimas horas a la propuesta, remitida al Congreso por el Gobierno el pasado 15 de abril.

Otro cambio propuesto fue la admisión de excepciones de las sanciones en situaciones por casos de interés público o emergencias regionales.

Se modificó también el artículo 24 para disponer que los empleadores que tengan "hasta ochenta trabajadores" y no más de ese número gocen de la reducción de las contribuciones patronales fijadas en el régimen general.

Entre otros de los cambios se modificó la composición del Comité de Seguimiento de la aplicación del proyecto para la mejor articulación con las provincias del control del trabajo en negro y el fraude laboral.

Por su parte, Rubén Giustiniani (PS) reclamó que el Congreso discuta la vuelta al nivel de aportes patronales que las grandes empresas tenían antes de la rebaja que en los 90 dispuso el entonces ministro Domingo Cavallo.

Precisó que la rebaja de los aportes patronales durante el menemismo "significó una transferencia de recursos a las grandes empresas".

Estimó que el Congreso debe "discutir lo que tienen que pagar de aportes patronales" y se mostró satisfecho de que el oficialismo haya incorporado un cambio al proyecto original para que el beneficio que ahora se propone para promover el blanqueo de trabajadores solamente beneficie a las empresas de hasta 80 trabajadores.

La macrista Gabriela Michetti expresó el respaldo de su bancada en general, pero alertó sobre problemas de incompatibilidad en la conformación y ampliaciones de las medidas de las inspecciones al recordar que la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta, por convenio, con la potestad de efectuar eso controles.

Mientras el peronistas disidente Adolfo Rodríguez Saá también se manifestó a favor de la propuesta pero advirtió que la norma "no genera empleo" sino que "regulariza empleo ya existente" y aclaró que esa advertencia la hizo para evitar que luego las "estadísticas kirhneristas" no hablen de que bajó en empleo. El titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, reconoció "el espíritu de coincidencia de todos los bloques para reducir el trabajo en negro" y dijo que la normativa "también puede generar nuevos trabajos en blanco".

Rechazó los argumentos de que la propuesta puede afectar el sistema previsional al asegurar que en realidad "el costo fiscal del proyecto no llega al 0,6 por ciento de aportes y contribuciones".

Recordó además que "el propio senador Morales ha dicho que hay un amesetamiento del trabajo, es decir que no se está perdiendo empleo" en el país y le replicó a la macrista Michetti al señalar que "ya que la Ciudad de Buenos Aires tiene una policía tan ejemplar, esperamos que se ocupen de los talleres textiles, senadora, porque allí hay trabajo esclavo".