El Gobierno pidió que Cristina y sus hijos vayan a juicio por lavar dinero con los hoteles
La Unidad de Información Financiera solicitó al juez Ercolini cerrar la investigación en la causa Hotesur. Además de la ex Presidenta y Lázaro Báez, hay quince imputados.
A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno pidió que Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, junto a Lázaro Báez y otros quince acusados vayan a juicio oral en la causa conocida como Hotesur, en la que se investiga una estructura de lavado de dinero a través del negocio hotelero. La UIF es querellante en la causa, y según pudo saber Clarín, la Oficina Anticorrupción (OA) solicitará lo mismo en los próximos días.
El pedido acelera el tramo final del expediente que investigó los negocios celebrados a través de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) y empresas del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, como también la administración en los últimos años a cargo de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.
Después del requerimiento de elevación presentado por los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Julián Ercolini recibió el pedido de la UIF. Cuando el otro organismo del Gobierno, la OA, realice la correspondiente presentación, el magistrado mandaría a juicio a la ex Presidente no más de una semana después.
Hotesur será el quinto juicio que le espera a Cristina Kirchner, y el tercero donde se la acusa junto a Báez -preso por lavado de activos-, por corrupción.
María Eugenia Talerico y Mariano Federici pidieron que la causa avance hacia la próxima instancia.
Para el organismo antilavado, la causa es parte de un contexto general donde se investiga, en diversas causas, "una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público", expresa el escrito.
Por ello sostuvieron que las causas se encuentran vinculadas, ante la existencia de una "organización criminal" que tuvo la finalidad de "sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas" y que la causa Hotesur SA "no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones" en las que Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública a favor de Báez, como causa madre de otras maniobras de lavado.
Se estableció así, "un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades", algo que se investigó en Los Sauces SA (otra causa por lavado).
La hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco "ocultando su verdadero origen" supuestamente ilícito.
Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.
Según la investigación, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido "en blanco" para poder "justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas".
Así, al pedir la elevación la UIF coincidió con la fiscalía, que planteó que en la causa Hotesur se "dio por corroborada la maniobra por la cual la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional -a través de la obra pública vial-, a los ex presidentes y a su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Hotesur S.A".
En esta instancia, se señaló que "la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de doce años", le permitió a los principales acusados "sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos" y esos fondos "iniciaron un camino de retorno a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la familia Kirchner".