Dudas en la Justicia al comprobar que una casa en Pinamar de Lázaro Báez está alquilada
El empresario denunció que tres de sus propiedades fueron ocupadas sin su consentimiento.
Desde la cárcel, Lázaro Báez denunció que tres de sus propiedades en Pinamar fueron ocupadas, sin su consentimiento. Su defensa, en tanto, asegura que quien tomó posesión de los inmuebles se presentó "de parte del juzgado". La Justicia, sin embargo, ahora evalúa denunciar la situación: podría tratarse de una estafa o de una operación.
De acuerdo a la versión de la defensa de Báez, el viernes la abogada Elizabeth Gasaro viajó hasta Pinamar alertada presuntamente por "amigos" que le advirtieron haber visto movimiento en las casas del empresario. Cuando la letrada tocó la puerta en el inmueble de la calle Troya al 700, la atendió un hombre en traje de baño, que aseguró haber alquilado la propiedad a través de Internet. Se presentó como el señor "Sacadus".
Gasaro observó otras dos viviendas de Báez, ubicadas en Helades al 300 y en Libertador al 4000 y aseguró que también vio movimientos. "El parquero que conserva las casas nos dijo que quien administra hoy las viviendas es una mujer, Paola García, que se presentó como de parte del juzgado y que tomó posesión", dijo Gasaro a La Nación.
El lunes, Gasaro presentó en el juzgado de Sebastián Casanello un escrito firmado por Báez. El empresario denunció la ocupación de tres de sus viviendas y requirió tomar las medidas pertinentes a los fines de preservar su patrimonio en Pinamar. El juez envió un exhorto al juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y le ordenó que inspeccione si las casas están ocupadas "y bajo qué condición jurídica".
Ayer, los inspectores fueron a las viviendas, pero no encontraron a nadie. Volvieron esta mañana y encontraron a un ocupante en una de ellas, la de Troya al 700. El hombre se llama Mariano Javier Cadus. No "Sacadus" como se creyó al comienzo.
Testimoniales
En declaración testimonial -bajo juramento- el ocupante dijo que alquiló la casa con su familia durante enero por $60.000 y que lo hizo a través de Mercado Libre, con una transferencia online. Agregó que quien le entregó la llave para tomar posesión del inmueble fue el parquero del lugar. Cadus, de acuerdo a los registros oficiales, se dedica a la actividad financiera y a la venta de automóviles y tiene al menos una denuncia por estafa, de acuerdo con La Nación.
El parquero, en tanto, hoy señaló ante la Justicia que hace algunas semanas en el lugar se presentó Paola García. Agregó que la mujer le informó que estaba a cargo, para luego cambiar las cerraduras de las viviendas.
El parquero trabaja en el lugar desde hace dos años y fue contratado por Liliana Costa, una empleada de la AFIP cercana a Báez. La mujer administró las propiedades del empresario cuando quedó preso, pero hace varios meses se corrió de ese lugar.
"En octubre se hicieron refacciones en las casas, porque se pueden alquilar. Pero no se puso a ningún administrador. Ni Costa ni nadie allegado a Báez puso en alquiler esas casas", aseguró Gasaro. La abogada no es la defensora oficial de Báez, sino que la flamante letrada del empresario, Daniela Sierra, la autorizó a compulsar en el expediente por la "ruta del dinero K".
Gasaro tomó notoriedad pública cuando defendió a Víctor Schillaci, protagonista junto a los hermanos Lanatta de la triple fuga del penal de General Alvear en enero de 2016. Ejerció aquella defensa junto a Humberto Próspero: ambos abogados actuaron como la cara visible del estudio del ex juez Héctor Luis Yrimia.
Tras tomar las testimoniales del presunto inquilino y el parquero, el juzgado de Casanello evalúa denunciar los sucesos para que sean investigados como un hecho aparte, ya que podría tratarse de una estafa.
En total, hoy Báez conserva cinco propiedades en Pinamar. Pero nunca las utilizó y, en cambio, las puso en alquiler o se las prestó a sus allegados. El Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) valuó esas propiedades en más de $21 millones. En esta causa, Casanello incautó bienes por más de $3000 millones. Los bienes están embargados para un eventual recupero de parte del Estado. Báez puede alquilar sus propiedades, pero no venderlas.