Causa cuadernos K: trasladan a los empresarios detenidos a Marcos Paz y siguen las indagatorias
Es el mismo complejo penitenciario donde está Julio De Vido. Hoy toman indagatoria al auditor Javier Fernández, al ex secretario de Minería Jorge Mayoral y al empresario K Rudy Ulloa.
En la causa por los cuadernos de las coimas, el grupo de empresarios que permanece con prisión preventiva fue trasladado al Penal de Marcos Paz el lunes por la noche. Se trata del mismo complejo penitenciario en el que se encuentra alojado Julio De Vido, también apuntado en este expediente como organizador de la asociación ilícita que se dedicó, durante diez años, al cobro y entrega de sobornos.
Después de permanecer detenidos, por orden del juez Claudio Bonadio, en la Alcaidía de Drogas Peligrosas, el personal de las fuerzas federales trasladó a Jorge Neira y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Walter Fagyas (ex Presidente de Enarsa), Armando Loson (Albanesi Constructora), Claudio Glazman (Director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones SA), Carlos Mundin (BTU SA), y Carlos Wagner (Esuco).
Como otros detenidos en este expediente, los directores y dueños de compañías, serán incluidos en el programa de Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad (IRIC). Los ex funcionarios presos en esta causa, también fueron incorporados a dicho régimen. Desde Baratta a Rafael Llorens, Nelson Lazar y Hernán Gómez, entre otros. Todos se encuentra alojados en Ezeiza.
Mientras tanto, sigue la ronda de indagatorias que concluyen el 13 de agosto con Cristina Kirchner.
Este martes declara ante Bonadio y el fiscal Stornelli Rudy Ulloa -ex chofer de Néstor Kirchner-, que figura recibiendo dinero y manteniendo reuniones con Baratta, responsable de recaudar los bolsos de "fondos ilegales".
Además, está citado el ex titular de Minería Jorge Mayoral, también mencionado en los cuadernos de Centeno. Y, finalmente, Javier Fernández, director de la Auditoría General de la Nación, también deberá explicar ante la Justicia por qué figura manteniendo reuniones con Baratta.
Los empresarios del rubro de la construcción del sector energético y algunos ex funcionarios quedaron detenidos la semana pasada tras un megaoperativo ordenado por Bonadio, en la causa que se inició con los cuadernos de Oscar Centeno (ex chofer de Roberto Baratta). En ellos, se consignó durante diez años las direcciones, vehículos, puntos de encuentros y cifras del dinero que recaudaba mayoritariamente el ex funcionario de Planificación Federal.
Así, el fiscal Carlos Stornelli estructuró la acusación en este expediente que ya cuenta con quince cuerpos, en cinco aspectos centrales. En primer lugar explicó quiénes conforman la asociación ilícita "comandada por Néstor y Cristina Kirchner". Son 36 personas entre ex funcionarios, hombres del entorno de los ex presidentes y empresarios.
Entre otros puntos, se explicó quiénes eran los que "recibían fondos ilegales", poniendo en primer lugar a los Kirchner y en segundo a Daniel Muñoz, el secretario privado que recibía los bolsos con dinero en Uruguay 1306, departamento de los ex mandatarios.
Respecto a "quiénes pagaban", el fiscal se enfocó en los empresarios que fueron trasladados a Marcos Paz. Sólo obtuvieron la excarcelación Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux) y Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa). Además, Ángelo Calcaterra -ex dueño de Iecsa y primo de Mauricio Macri-, obtuvo la eximición de prisión al presentarse espontáneamente el lunes. Los tres se convirtieron en imputados colaboradores de la causa y se encuentran acusados de ser partícipes necesarios de la asociación ilícita.
A los empresarios que la semana pasada se negaron a declarar, y a quienes el juez les rechazó la excarcelación, se los acusa de haber "pagado a los recaudador de la asociación ilícita 35.645.000 dólares en un sinnúmero de oportunidades entre 2008 y 2015". Por ello, Stornelli indicó: "Esto permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización", investigada.
Hasta el momento quienes aceptaron acogerse al régimen del "arrepentido", apuntaron en la misma dirección. Señalaron que sufrieron "presiones de Roberto Baratta" y que les exigieron "pagos para las campañas electorales del FpV de 2013 y 2015". No hablaron de sobornos, como sí detalla la acusación, y se remitieron a calificarlos como "aportes".
El empresariado sigue sacudido por los allanamientos y las últimas detenciones en el sector, entre los que se encuentra el ex director de Techint Héctor Zabaleta quien deberá declarar ante Bonadio y el fiscal Stornelli este martes.