Buscan probar que Báez utilizó facturas falsas para lavar fondos
La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos no se encuentra en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en Bahía Blanca.
Extraído de La Nación
Por Hugo Alconada Mon
La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de esa ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño, socio de los Kirchner.
Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.
Sin embargo, para concretar esa indagatoria y, llegado el caso, procesar a Báez, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.
La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Austral Construcciones utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos emitidas por tres grupos de empresas de esa ciudad.
Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos que LA NACION acumuló durante diez meses y reveló el pasado 19 de octubre. Luego de que la Cámara Federal le ordenara al juez Casanello que pierda de vista el papel del empresario santacruceño en la presunta trama de lavado de dinero, la Justicia avanza ahora sobre esa pista.
Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas truchas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones, gran beneficiaria de la obra pública en Santa Cruz a lo largo de la última década.
Ahora, sin embargo, el fiscal Marijuan y el juez Casanello miran con atención lo que ocurre en Bahía Blanca, ya que las facturas falsas no sólo le permiten evadir impuestos a la empresa receptora, sino también acumular fondos negros por fuera de su contabilidad para girarlos a cuentas en el exterior, pagar sobornos y otros destinos ilícitos.
Desde Comodoro Py anticipan ahora la necesaria reacción del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. "Va a tener que colaborar, porque hasta ahora no ha demostrado mayor interés", indicaron fuentes judiciales. "Está claro que hay un esfuerzo por tapar los posibles delitos precedentes", añadieron.
Las sospechas sobre lo que ocurre en Bahía Blanca se potenciaron cuando sólo un día después de que LA NACION revelara la millonaria madeja de evasión, Echegaray confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad estaban bajo fiscalización y que por lo menos una firma, Calvento, "no tiene actividad comercial" y era considerada "una usina de facturas truchas".
Echegaray confirmó también que Austral Construcciones recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que la empresa de Báez también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició ese análisis o el monto que se sospecha que podría haber evadido.
Con el jefe de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense-, y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como había informado este diario.
Echegaray cargó contra Calvento SA como "usina de facturas falsas", pero calló sobre las otras dos empresas de la familia Ficcadenti: Terrafari y Grupo Penta, que carece de empleados, vehículos o gastos de combustibles, pero facturó millones a Austral.
Según los balances de Grupo Penta y de la constructora de Báez, cuyas copias obtuvo LA NACION, muestran, sin embargo, desajustes en los números que informan ambas empresas sobre sus relaciones comerciales.
Así, por ejemplo, Grupo Penta declaró ventas por 302.000 y 853.000 pesos en sus balances 2009 y 2010. Pero durante esos años, Austral Construcciones consignó compras por 1,3 millones y 2,3 millones de pesos a Penta, que se suman a otros siete millones de pesos que otra firma bajo sospecha, Constructora Patagónica, declaró que también le compró a Penta durante esos mismos años.
Consultado por LA NACION en octubre pasado, uno de los dueños de Constructora Patagónica, Antonio Ferreyra, admitió problemas tributarios, aunque responsabilizó a los dueños de Grupo Penta, los Ficcadenti. "Empezamos a ver irregularidades y les bloqueamos los pagos hasta aclarar la situación", afirmó.
Para entonces, casi tres años después de elaborar esos balances, los dueños de Grupo Penta se presentaron en 2013 en la Regional de la AFIP, en Bahía Blanca. Pidieron rectificar sus declaraciones juradas, afirmaron que les habían robado documentos contables de su automóvil y presentaron otro supuesto balance, pero sin la certificación requerida por ley.