La Argentina deberá pagar unos cuantos millones de dólares adicionales a los US$ 320,7 que la semana pasada ordenó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, en 2008, al hoy quebrado grupo español Marsans.
La suma de gastos e intereses llevaría el monto total a alrededor de 410 millones de dólares, estimaron fuentes ligadas de manera directa a este juicio, que comenzó hace una década y podría terminar de ser pagado recién dentro de otros diez años.
El Estado se hizo cargo de Aerolíneas en julio de 2008, cuando fue intervenida por el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, junto a su entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Ambos funcionarios designaron interventor al ex intendente de La Plata, Julio Alak y, a fines de ese año, el Congreso votó la ley que estableció que el paquete accionario de Aerolíneas quedaba "sujeto a expropiación".
A mediados de 2009, la presidente Cristina Fernández de Kirchner le aceptó la renuncia a Alak y colocó al frente de Aerolíneas a un joven abogado proveniente de La Cámpora, Mariano Recalde, quien a su vez ubicó como número dos de la aerolínea a un economista amigo suyo, Axel Kicillof.
Ese mismo año, Marsans presentó una denuncia ante el Estado argentino en el CIADI. Lo hizo a través de su controlada Air Comet y demandó al país por incumplimiento del acuerdo bilateral de Promoción y Protección recíproca de Inversiones, vigente desde 1991. El grupo que controlaban Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán pedía una indemnización de 1.200 millones de dólares. Ese mismo año, además, Air Comet pidió el concurso preventivo en España y cedió los derechos del juicio en el CIADI a otras tres empresas del grupo: Teinver, Transportes de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur.
En los años siguientes, todas las empresas del grupo Marsans quebraron y sus dueños fueron condenados por fraude. Pascual falleció en 2012 y Díaz Ferrán fue encarcelado ese mismo año, hasta su excarcelación hace pocos meses.
En mitad de todo aquel proceso, en diciembre de 2010, Pascual y Díaz Ferrán cerraron un acuerdo con un fondo buitre, Burford, por el cual le cedían parte de los beneficios de una potencial sentencia a favor, a cambio de fondos para enfrentar los costos del juicio ante el CIADI.
Burford aportó 14 millones de dólares que fueron utilizados para pagar tasas, viáticos y honorarios de los dos estudios que representaron a Marsans durante casi una década: el estudio norteamericano King & Spalding y el estudio argentino Fargosi (que encabeza Diego Fargosi, hijo del ex titular de Aerolíneas, ya fallecido, Horacio Fargosi).
En julio de 2017, un tribunal del CIADI dio la razón a los abogados de King & Spalding y Fargosi y falló a favor de Marsans, si bien por un monto inferior a la que había demandado: condenó a la Argentina a pagarles 320,7 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas. El gobierno de Macri apeló y se conformó un nuevo tribunal, que finalmente el miércoles pasado, casi dos años más tarde, también rechazó la apelación. Pero para entonces, Burford ya no formaba parte de los potenciales beneficiarios de la sentencia: a principios de 2018, cedió sus propios derechos sobre la sentencia a otro fondo buitre, Titan Capital Management, un "hedge fund" con sede en Londres, encabezado por el noruego Espen Westeren. "Titan le compró los derechos a Burford al 90% de su valor nominal, que equivalen a unos 130 millones de dólares", dijo una fuente al tanto de las negociaciones.
Según esa misma fuente, el monto final del juicio, una vez actualizado por intereses y gastos, ascenderá a 410 millones de dólares. El pago deberá ser acordado entre las partes: la Procuración del Tesoro argentino, encabezada por Bernardo Saravia Frías, y el estudio King & Spalding. Esa verdadera fortuna, a su vez, tendrá tres destinatarios principales: Titan (US$ 130 millones), acreedores privilegiados (US$ 20 millones) y las quiebras de las tres empresas demandantes (US$ 260 millones).
¿Cuándo se efectivizará el pago? Según las fuentes, los abogados de la Procuración "deben hacer lo que esté a su alcance para demorarlo". Una vía que se barajaba este fin de semana era el pago con un bono del Estado con vencimiento para dentro de diez años. "Es una moneda habitual para este tipo de sentencias", agregaron.
