25 años después del horror en la AMIA, la Justicia sigue en deuda con los familiares de las víctimas
El peor acto terrorista perpetrado en suelo argentino dejó 85 muertos, más de 300 personas gravemente heridas y una infinidad de preguntas sin responder.
Pasaron 25 años desde que el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) causara en el centro de Buenos Aires la muerte de 86 personas y la Justicia nunca puso determinar responsabilidades sobre el acto terrorista más grave de la historia argentina.
"Lo único que hemos recibido por parte del Estado en estos 25 años son mentiras y encubrimiento, así que seguimos esperando a que algún arrepentido o algo suceda y haya un compromiso de la justicia argentina de investigar como corresponde", dijo el referente de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, quien el 18 de julio de 1994 perdió a la madre de sus hijos en el atentado. Todavía hoy "no se piensa en las víctimas, sino en los amigos y en los intereses personales y sectoriales, o en responder a las necesidades de otros países, como Israel o EEUU", dijo Burstein, quien cree que en la causa "hay un montón de informes de inteligencia provenientes de distintos servicios, con predominancia de los de EEUU y de Israel, que señalan a Irán".
"Lo que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en esto es ese momento de oscuridad, un momento que se hizo interminable, un ruido, pero también un silencio de nosotros, de los que estábamos ahí. Creo que nuestras mentes no podían entender", recordó Anita Weinstein, sobreviviente de la explosión y quien trabajaba en la AMIA. "Este atentado, si bien tenía un alto componente antijudío, antisemita, por supuesto, fue un atentado a la Argentina y a la sociedad argentina", enfatizó esta mujer que años después volvió a su empleo en el edificio reconstruido en el Once, un barrio judío comercial en la zona céntrica de Buenos Aires.
"Desde el punto de vista del Estado, ha sido una respuesta totalmente alejada de una posible reparación a las víctimas", expresó la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky. "Aunque sea difícil llevar a juicio a los responsables del atentado, tampoco hay una reconstrucción de la verdad porque el Estado se encargó de desviar la investigación y ya es difícil reconducirla a una recopilación de los hechos, como quién puso la bomba o con qué conexión local", dijo.
"La justicia ha fracasado rotundamente. Son 25 años del atentado y la realidad es que no tenemos nada", deploró Diana Malamud, esposa de una de las víctimas y líder del grupo de familiares Memoria Activa. Mario Cimadevilla, quien estuvo a cargo de una secretaría para investigar el caso pero renunció, sostuvo que "el poder político no tiene ningún interés en avanzar en la Causa AMIA; la causa está parada hace años".
"Apenas ocurrió el atentado, Israel decía que fue Irán, cosa que puede haber sido cierta, pero en la lógica jurídica argentina hay que buscar los pasos que permitan probarlo", refirió Jorge Elbaum, presidente del Llamamiento Argentino Judío, una organización enfrentada a la dirigencia de la DAIA. En línea con Memoria Activa, que denuncia encubrimiento, Elbaum sostiene que "todo estuvo muy mal hecho" y "el deterioro procesal hace muy difícil hacer acusaciones creíbles".
La investigación principal del atentado, por completo paralizada, consideró como supuestos planificadores del ataque a agentes y exfuncionarios iraníes, pero la justicia argentina no puso presentar pruebas contundentes en su contra y tampoco someterlos a juicio porque no existe acuerdo de extradición con Irán. Tampoco la Constitución argentina permite juzgar a acusados en ausencia.
"El punto principal de la causa es que no están dadas las condiciones para que se realice un juicio en ausencia porque no hay pruebas relevantes de que se condene a nadie", constató la directora de Justicia y Seguridad del CELS. Argentina, con una colectividad judía de 300.000 personas, la segunda de América detrás de Estados Unidos, es el único país de Latinoamérica en el que se perpetró un atentado antisemita, que es considerado el peor ataque contra la comunidad judía desde el Holocausto. En un contexto de extrema tensión entre Israel e Irán, Buenos Aires había sufrido otro atentado dos años antes: el 17 de marzo de 1992 una bomba voló la embajada de Israel, causando 29 muertos y unos 200 heridos.
Claves de la causa a 25 años del atentado:
El atentado: El 18 de julio de 1994 a las 9.53 de la mañana, una bomba estalló en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) calle Pasteur, del barrio de Once, y desató el horror. No hay culpables identificados ni condenados por los 85 muertos y los más de 300 heridos que dejó la bomba. Lo que se sabe: Una camioneta Traffic con 275 kilos de explosivos explotó frente a la AMIA.
Llevaba tres días estacionada cerca de allí. El único sospechoso: Carlos Alberto Telleldín, excomisario de la Policía Bonaerense, acusado de vender la Traffic. Telleldín dijo que había entregado la camioneta a un grupo de policías comandado por el comisario Juan José Ribelli.
Juicio escandaloso: En 2001 comenzó un juicio con 22 acusados de haber facilitado los medios para realizar el atentado, entre ellos, Telleldín y los policías. Durante su transcurso se probó que Telleldín recibió del juez Juan José Galeano un pago de 400.000 dólares a cambio de ampliar su declaración en la que afirmó haber entregado la camioneta a un grupo de policías.
Acusación a Irán: En 2003, el juez Galeano adjudicó la responsabilidad por el atentado a "elementos radicalizados de la República Islámica de Irán", dictando un pedido de captura internacional a 12 funcionarios iraníes, y a Imad Moughnieh, jefe operativo del grupo libanés Hezbollah.
Qué dijo Hezbollah: La organización libanesa a quien acusan de haber instrumentado el atentado, nunca se adjudicó el ataque, una práctica habitual de las organizaciones terroristas. Las circulares rojas: El 14 de marzo de 2007 el Comité Ejecutivo de Interpol ordenó, por unanimidad, la inscripción de las notificaciones rojas para detener en cualquier país donde se encontrasen a los acusados iraníes.
Extradición denegada: En 2003, el exembajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, fue detenido en Londres en virtud del pedido de captura de la justicia argentina. Las autoridades inglesas no dieron curso a la extradición por falta de pruebas.
Anulación del juicio: En 2004 el Tribunal Oral Federal 3 anuló la investigación de Galeano y absolvió a los imputados, alegando que el juez armó una acusación falsa en complicidad con diversos poderes, órganos y funcionarios del Estado, con el único fin de satisfacer los reclamos de justicia y de la comunidad judía. Todos los acusados fueron liberados y la investigación quedó en cero. Galeano fue destituido por mal desempeño al probarse que había llevado adelante el pago a Telleldín.
La muerte del fiscal: El 19 de enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su apartamento. Ese año, quedó en firme el fallo que declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento.
La investigación a los investigadores: En el 2000 se inició la causa "AMIA II", en la que se juzga a quienes fueran los "investigadores" del atentado, en primer lugar al juez Galeano, al fiscal Heamon Mullen, al expresidente Carlos Menem y al exjefe de la Side Hugo Anzorreguy por el pago de 4000.000 dólares a Telleldín. Actualmente se está desarrollando el juicio oral. Detenciones: El 7 de diciembre de 2017 fueron arrestados el dirigente social Luis D'Elía, el exsecretario Legal y Técnico del kirchnerismo,
Carlos Zannini, y el referente de la comunidad iraní Jorge Khalil. El juez Claudio Bonadio pidió el procesamiento y desafuero en el Senado de Cristina Kirchner. La expresidenta fue procesada por 'traición a la Patria' y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. A su vez ordenó la prisión domiciliaria del excanciller Héctor Timerman, fallecido en 2018. También procesó al exjefe de la AFI, Oscar Parrilli y el diputado Andrés 'Cuervo' Larroque.
Actualidad de la causa: La UFI AMIA está en manos de un controvertido fiscal, Sebastián Basso, cuya tía fue la jueza María Luisa Riva Aramayo, ya fallecida, cuestionada por haber estado involucrada en el desvío de la investigación del atentado, según el CELS y la organización Memoria Activa, integrada por familiares de víctimas del atentado.
El presidente de Mauricio Macri dispuso en 2016 la creación de una Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA bajo la órbita del Ministerio de Justicia. También ese organismo cayó en descrédito cuando su entonces director, el exsenador Mario Cimadevilla, acusó al ministro de Justicia, Germán Garavano, de intentar deslindar de sus responsabilidades a los fiscales encargados de la investigación que fueron condenados por encubrimiento el pasado mes de febrero, Eamon Mullen y José Barbaccia.
Garavano degradó la Unidad al colocarla en marzo de 2018 bajo la esfera de la Secretaría de Derechos Humanos, momento a partir del cual el organismo "dejó de tener relevancia para que el Poder Ejecutivo avanzase en la investigación del atentado", indicó Litvachky. Esta semana, el gobierno creó el registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo para combatir su financiamiento.
"Se le van a congelar a cualquier miembro de Hezbolá sus activos y por supuesto todos van a tener prohibida su entrada al país", adelantó en una entrevista la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Es la primera vez que aceptamos que una organización que atacó en la Argentina va a quedar condenada por sus acciones en un sentido simbólico, porque la condena solo la puede dar la justicia".