YPF y la seguridad jurídica
Ni la fuerza de los números en el Congreso puede justificar la violación del artículo 17 de la Constitución Nacional.
Tanto la presidenta de la Nación como distintos funcionarios y legisladores oficialistas han justificado la decisión de que el Estado nacional se apropie del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol en la necesidad de garantizar la soberanía hidrocarburífera. Nadie puede cuestionar el derecho de la Argentina a adoptar una decisión soberana. Pero nada habilita a hacerlo de manera intempestiva, discriminatoria e ilegal.
La fuerza de los números, determinada por la amplia mayoría de votos favorables a la sanción en general de la iniciativa en el Congreso, no deja de ser relativa cuando la norma aprobada contradice el propio artículo 17 de la Constitución Nacional.
En sintonía con la presidenta Cristina Kirchner, distintas voces oficialistas han expresado que se ha tomado una decisión de acuerdo con la Constitución, con la ley y con el modelo productivo que lleva adelante el Gobierno desde 2003.
Pero no ha sido así. El citado artículo de nuestra Ley Fundamental establece que "la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada". El viernes la titular del Poder Ejecutivo anunció la promulgación de la ley y que a partir de hoy entraría en vigor, sin que nadie sepa cuánto desembolsará el Estado argentino para quedarse con las acciones de Repsol y con el grave riesgo de que esa tarea quede incluso para futuros gobiernos, lo que violenta el texto de la Constitución que exige una indemnización previa para que se concrete la expropiación.
La decisión anunciada tampoco está de acuerdo con el modelo productivo kirchnerista. Néstor y Cristina Kirchner no sólo apoyaron la privatización original de YPF, sino que promovieron activamente la incorporación de la familia Eskenazi a su grupo de accionistas en 2008.
La forma en que se ha adoptado la expropiación -convertida en rigor en una confiscación, como ya se ha señalado en esta columna editorial- es absolutamente perjudicial para la imagen del país. La falta de respeto de las reglas ha aumentado en las últimas semanas el costo de invertir en la Argentina. Ningún lugar puede ser considerado confiable para invertir, cuando su gobierno no respeta sus propias leyes ni las formas usuales propias del mundo civilizado. Y las consecuencias serán negativas no sólo desde el punto de vista económico y financiero, sino también del diplomático. Le hemos servido a Gran Bretaña una oportunidad increíble para convencer al resto del mundo sobre por qué no se debería tomar en serio el reclamo de la Argentina por las islas Malvinas.
YPF fue fundada en 1928. Es decir que existe desde hace 84 años. Durante su existencia, la Argentina logró su autoabastecimiento a lo largo de 28 años y durante casi el 80% de este período de autoabastecimiento la empresa estuvo en manos privadas. Por lo tanto, resulta falso asociar autoabastecimiento con propiedad estatal.
En los Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, España e Italia, los Estados no son dueños del 100% de ninguna empresa petrolera (en el caso de ENI Spa, el Estado italiano sólo es dueño del 30 por ciento).
O los argentinos la tenemos más clara que el resto del mundo o es al revés. Quienes crean lo primero deberán preguntarse por qué un país que hace cien años era considerado uno de los diez más ricos del planeta, hoy ocupa el puesto 57° en el ranking del FMI y el 66° en el del Banco Mundial.
La opinión generalizada en Europa, los Estados Unidos y el resto de América latina no gobernada por demagogos populistas ha juzgado la decisión argentina sobre las acciones de Repsol en YPF como un atropello. Nadie cuestiona el derecho del Estado argentino a expropiar un activo. Se trata de un derecho que está reconocido. Lo que se cuestiona en el resto del mundo es la forma patotera y desprolija con que se ejerció y el hecho de que más que una expropiación se trata de una confiscación.
Otra proposición absurda implícita en la ley de expropiación es que los accionistas públicos (es decir, aquellos que compraron sus acciones en la Bolsa) de Repsol (que son dueños del 68% del paquete accionarial) serán expropiados, mientras que los de YPF, no (representan el 17% de las acciones). Y nada los diferencia. Es más, en muchos casos se trata de las mismas instituciones. Mas allá de esta circunstancia, no es que los accionistas de YPF se vean beneficiados por la decisión gubernamental. El proyecto de ley enviado al Congreso desconoce y atropella sus derechos, que están reflejados en el estatuto de la compañía.
El ministro Florencio Randazzo ha denunciado que Repsol "es la empresa que más ramificaciones tiene -casi 45 empresas- radicadas en paraísos fiscales, así que no hay que escandalizarse ni asustarse ni hablar de falta de seguridad jurídica". Que Repsol tenga subsidiarias en paraísos fiscales no es necesariamente malo, tampoco ilegal. Se trata, por empezar, de una información pública; de lo contrario, el titular de la cartera del Interior no lo sabría, aunque se desconoce en qué se basa para decir que es la que "más ramificaciones" tiene. La gran mayoría de las empresas que operan internacionalmente utilizan paraísos fiscales para optimizar su situación impositiva. Es absolutamente legal y bajo ningún concepto puede ser un argumento para justificar una expropiación y menos aún una confiscación.
Sí hay que escandalizarse y asustarse porque la forma en que el Gobierno ha actuado denota una falta de respeto total por el derecho de propiedad y por la seguridad jurídica.
No se trata de defender la gestión de Repsol al frente de YPF, que puede tener mucho de criticable. Por cierto, hubiera sido preferible que, en 1998, el presidente Carlos Menem no hubiera vendido las acciones que entonces poseía el Estado argentino. De lo que sí se trata es de defender el Estado de Derecho y las formas que rigen el comportamiento de los gobiernos en las sociedades civilizadas.
La fuerza de los números, determinada por la amplia mayoría de votos favorables a la sanción en general de la iniciativa en el Congreso, no deja de ser relativa cuando la norma aprobada contradice el propio artículo 17 de la Constitución Nacional.
En sintonía con la presidenta Cristina Kirchner, distintas voces oficialistas han expresado que se ha tomado una decisión de acuerdo con la Constitución, con la ley y con el modelo productivo que lleva adelante el Gobierno desde 2003.
Pero no ha sido así. El citado artículo de nuestra Ley Fundamental establece que "la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada". El viernes la titular del Poder Ejecutivo anunció la promulgación de la ley y que a partir de hoy entraría en vigor, sin que nadie sepa cuánto desembolsará el Estado argentino para quedarse con las acciones de Repsol y con el grave riesgo de que esa tarea quede incluso para futuros gobiernos, lo que violenta el texto de la Constitución que exige una indemnización previa para que se concrete la expropiación.
La decisión anunciada tampoco está de acuerdo con el modelo productivo kirchnerista. Néstor y Cristina Kirchner no sólo apoyaron la privatización original de YPF, sino que promovieron activamente la incorporación de la familia Eskenazi a su grupo de accionistas en 2008.
La forma en que se ha adoptado la expropiación -convertida en rigor en una confiscación, como ya se ha señalado en esta columna editorial- es absolutamente perjudicial para la imagen del país. La falta de respeto de las reglas ha aumentado en las últimas semanas el costo de invertir en la Argentina. Ningún lugar puede ser considerado confiable para invertir, cuando su gobierno no respeta sus propias leyes ni las formas usuales propias del mundo civilizado. Y las consecuencias serán negativas no sólo desde el punto de vista económico y financiero, sino también del diplomático. Le hemos servido a Gran Bretaña una oportunidad increíble para convencer al resto del mundo sobre por qué no se debería tomar en serio el reclamo de la Argentina por las islas Malvinas.
YPF fue fundada en 1928. Es decir que existe desde hace 84 años. Durante su existencia, la Argentina logró su autoabastecimiento a lo largo de 28 años y durante casi el 80% de este período de autoabastecimiento la empresa estuvo en manos privadas. Por lo tanto, resulta falso asociar autoabastecimiento con propiedad estatal.
En los Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, España e Italia, los Estados no son dueños del 100% de ninguna empresa petrolera (en el caso de ENI Spa, el Estado italiano sólo es dueño del 30 por ciento).
O los argentinos la tenemos más clara que el resto del mundo o es al revés. Quienes crean lo primero deberán preguntarse por qué un país que hace cien años era considerado uno de los diez más ricos del planeta, hoy ocupa el puesto 57° en el ranking del FMI y el 66° en el del Banco Mundial.
La opinión generalizada en Europa, los Estados Unidos y el resto de América latina no gobernada por demagogos populistas ha juzgado la decisión argentina sobre las acciones de Repsol en YPF como un atropello. Nadie cuestiona el derecho del Estado argentino a expropiar un activo. Se trata de un derecho que está reconocido. Lo que se cuestiona en el resto del mundo es la forma patotera y desprolija con que se ejerció y el hecho de que más que una expropiación se trata de una confiscación.
Otra proposición absurda implícita en la ley de expropiación es que los accionistas públicos (es decir, aquellos que compraron sus acciones en la Bolsa) de Repsol (que son dueños del 68% del paquete accionarial) serán expropiados, mientras que los de YPF, no (representan el 17% de las acciones). Y nada los diferencia. Es más, en muchos casos se trata de las mismas instituciones. Mas allá de esta circunstancia, no es que los accionistas de YPF se vean beneficiados por la decisión gubernamental. El proyecto de ley enviado al Congreso desconoce y atropella sus derechos, que están reflejados en el estatuto de la compañía.
El ministro Florencio Randazzo ha denunciado que Repsol "es la empresa que más ramificaciones tiene -casi 45 empresas- radicadas en paraísos fiscales, así que no hay que escandalizarse ni asustarse ni hablar de falta de seguridad jurídica". Que Repsol tenga subsidiarias en paraísos fiscales no es necesariamente malo, tampoco ilegal. Se trata, por empezar, de una información pública; de lo contrario, el titular de la cartera del Interior no lo sabría, aunque se desconoce en qué se basa para decir que es la que "más ramificaciones" tiene. La gran mayoría de las empresas que operan internacionalmente utilizan paraísos fiscales para optimizar su situación impositiva. Es absolutamente legal y bajo ningún concepto puede ser un argumento para justificar una expropiación y menos aún una confiscación.
Sí hay que escandalizarse y asustarse porque la forma en que el Gobierno ha actuado denota una falta de respeto total por el derecho de propiedad y por la seguridad jurídica.
No se trata de defender la gestión de Repsol al frente de YPF, que puede tener mucho de criticable. Por cierto, hubiera sido preferible que, en 1998, el presidente Carlos Menem no hubiera vendido las acciones que entonces poseía el Estado argentino. De lo que sí se trata es de defender el Estado de Derecho y las formas que rigen el comportamiento de los gobiernos en las sociedades civilizadas.