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Y con la educación, ¿qué hacemos?

En estos tiempos electorales, los candidatos y sus equipos tienen la responsabilidad de explicitar sus respectivas estrategias en materia de educación para la Provincia y para la Nación, precisando qué se proponen hacer en esta asignatura pendiente porque la educación que alguna vez fuera la gran política de Estado de la Argentina, hoy es algo así como su Cenicienta.

En sus intentos de desarrollo social y económico, los países que figuran a la cabeza de la expansión mundial están apostando a la construcción de sistemas de educación primaria y secundaria, que hoy ya son ejemplo en resultados. Es para ellos una política de Estado invariable y en constante superación y a resguardo de los sucesivos cambios políticos en la función pública.

Ese objetivo esencial -el éxito educativo con su derivación social y económica- debe formar parte de la cultura de la sociedad entre los más altos valores personales y comunitarios. Así lo señaló el último informe PISA, que mide indicadores de inversión y calidad de la enseñanza mundial.

En esas pruebas, la Argentina, sin embargo, desnuda una realidad contrastante: buena inversión en educación pero escuela de rendimiento mediocre en términos de calidad. Después de la Ley Nacional de Educación de 2004, el gobierno nacional y las provincias acordaron elevar la inversión consolidada (40% de inversión nacional, 60% de inversión provincial) de un 4 a un 6% del PBI del país e iniciar un profundo replanteo de su infraestructura, programación, evaluación y propósitos esenciales.

Al menos las mediciones oficiales dan cuenta de que ese primer propósito está incluso superado. El problema, sin embargo, sigue siendo la calidad de la educación ofrecida al alumnado.

El 53% de nuestros adolescentes siguen dando "el nivel mínimo de capacidad de lectura y comprensión de textos" (en Venezuela y Bolivia, del 60 al 70%; Chile era el 36%, en Europa el promedio daba 21% y en Corea y Finlandia, el 3 y 4%). La calificación "Muy Bueno" en Lectura y Comprensión daba para los adolescentes argentinos 19,5% de los chequeados. En Chile el 34%, Europa el 54%.

En Mendoza, más de la mitad de los jóvenes que fracasaron en su intento de ingresar a algunas de las facultades de la UNCuyo reprobaron en Comprensión de Textos: el 60% no entendió lo que les dieron a leer y no supieron explicarlo en pocas palabras. En los despachos de la DGE del gobierno de Mendoza, se insiste en que el sistema educativo provincial es muy bueno en inclusión, en matriculado (el 97% de los chicos de 5 a 17 años ingresó a la escolarización).
 
Pero se reconoció con pesar que "entre los 14 y los 17 años perdemos a muchos de ellos". Aproximadamente 4 ó 5 de cada 10 terminan su secundario en el nivel público, pese a una intrincada red de programas de asistencia para el rescate del niño en la primaria o del adolescente en la secundaria.

En la UNCuyo admiten: "Entre los factores más limitantes para el ingreso y la permanencia en la Universidad, está la pobre calidad de la escuela secundaria".

Mendoza se debe una nueva Ley de Educación para la provincia que coordine los replanteos necesarios con la Nación y se dé sus pautas en un debate que viene postergándose hace varios años.
 
Desde 2005 el gobierno, los gremios y los partidos políticos (a través de sus participaciones en la Bicameral de Educación) deben a nuestra sociedad la definición y reactualización de esas pautas básicas para este tema estratégico.

La Nación y la Provincia tienen diferentes denominaciones (aquí aún permanece el EGB 1, 2 y 3 y el Polimodal, por ejemplo), períodos de formación primaria, secundaria y de jardín y hasta en la programación curricular.

En la Legislatura sobrevive desde hace tiempo un anteproyecto elaborado por las comisiones de trabajo que conformaron el Ejecutivo, las Cámaras y los gremios. Pero hemos perdido varios años sin esta estrategia vital. Hace poco el gobierno local firmó un acuerdo paritario con los gremios, con pautas para la selección de contenidos y formas de enseñanza: lo extraño es que el 50% de los participantes con poder de consulta y decisión pertenecen a los docentes.