Política
Vivir para la política o vivir de ella
* Por Gastón Carrara. Una alternativa es contar con al menos una reelección, lo que permite aumentar los incentivos para cumplir el compromiso contraído con los electores.
La alternancia en el poder es uno de los factores clave de toda democracia desarrollada, aunque algunas provincias y municipios argentinos todavía ignoran este principio. Si bien la democracia opera sobre la premisa de que no es bueno eternizarse en el poder, existen argumentos a favor y en contra de la reelección indefinida. Los que pregonan por la reelección indefinida destacan que incentiva al Poder Ejecutivo a tener en cuenta las prioridades de sus votantes según las demandas coyunturales.
También invocan que la imposibilidad de reelegir presenta a la máxima autoridad ejecutiva dificultades para negociar con otros actores, para proyectar y ejecutar proyectos a largo plazo, y para implementar un programa y un equipo de gobierno durante un período prolongado. Por último, la imposibilidad de una reelección causa al Ejecutivo algunos problemas para obtener apoyo legislativo, lo que podría –en combinación con otros factores– terminar en una crisis de gobernabilidad. Por esto, hay muchos en favor de una reelección inmediata, lo que permite continuidad y planificación de políticas de mediano plazo.
En cambio, quienes como CIPPEC se oponen a la reelección indefinida, argumentan que erosiona la equidad en la competencia, ya que se utilizan políticamente recursos públicos para debilitar a la oposición. Además, atenta contra la democracia interna de los partidos políticos, porque no genera recambios en el interior del partido político de gobierno. Esta dicotomía se reflejó con la reforma constitucional de 1994 donde, entre otras transformaciones, se acortó el mandato presidencial y se introdujo la reelección por un solo período.
Entonces, los constitucionalistas coincidían en que un período de seis años era muy extenso si el gobierno era valorado negativamente por los electores, y muy corto si la obra de gobierno era valorada positivamente. En general, quienes apoyaban un sistema constitucional parlamentario de tipo europeo se inclinaban por la reelección indefinida, mientras que quienes apoyaban un sistema constitucional presidencialista inspirado en el sistema estadounidense proponían sólo una reelección inmediata. Más allá de que en lo inmediato la reforma habilitara la reelección del entonces presidente Carlos Saúl Menem, este cambio no fue desacertado ni condujo a las dificultades institucionales que los agoreros pregonaban.
Los sistemas adoptados en otras democracias del mundo demuestran que es difícil desentrañar cuál es la mejor alternativa. La Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos permiten la reelección presidencial inmediata, pero se prohíbe la reelección presidencial indefinida. En los Estados Unidos, cuando un presidente termina su segundo mandato consecutivo no puede ejercer ningún otro cargo político. En cambio, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay permiten más de una elección al cargo presidencial pero prohíben la reelección inmediata. Paraguay, Honduras, Guatemala y México prohíben la reelección, mientras que en Venezuela la reelección indefinida está vigente.
En el contexto provincial, en las cinco provincias argentinas que hasta 2007 permitían la reelección indefinida –Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis y Santa Cruz–, el oficialismo, que siempre fue justicialista, actuó sin el apoyo de la oposición, lo que revela las resistencias que la reelección indefinida encuentra. En 1983 ninguna provincia argentina permitía en su Constitución la reelección indefinida del Poder Ejecutivo. De los ocho gobernadores que luego incorporaron la reelección inmediata, siete lo hicieron a través del acuerdo con los partidos opositores.
En cambio, de los tres casos que posteriormente incorporaron reelección indefinida, sólo en San Luis el gobernador Adolfo Rodríguez Saá acordó con los partidos opositores. Hoy conservan la cláusula que autoriza la reelección indefinida tres provincias: Formosa, que gobierna Gildo Insfrán desde 1995 y busca ahora su cuarta reelección; Catamarca, gobernada por el radical Eduardo Brizuela del Moral desde 2003 y Santa Cruz, con el gobernador Daniel Peralta desde 2007. No es de extrañar que en esas provincias el principal empleador sea el Estado: en Catamarca y Formosa el 25% del total de ocupados trabaja en el sector público y, en Santa Cruz, más de once de cada 100 habitantes trabajan en el sector público provincial.
En contraposición, en Córdoba sólo tres de cada 100 habitantes trabajan en el Estado provincial. En la vereda opuesta, provincias como Mendoza y Santa Fe no autorizan la reelección. Las restantes 19 jurisdicciones autorizan una reelección, con excepción de Salta, que autoriza dos. El régimen de reelecciones indefinidas permitió a muchos gobernadores alcanzar la máxima proyección en el nivel nacional. Es el caso de Carlos Saúl Menem en La Rioja, Adolfo Rodríguez Saá en San Luis y Néstor Kirchner en Santa Cruz, que provinieron de provincias con reelección indefinida que gobernaron mucho tiempo antes de saltar al nivel nacional. El problema se repite a nivel municipal, especialmente en el Conurbano Bonaerense: existen intendentes que están a cargo desde hace más de 20 años.
Los llamados “caciques” comandan distritos como Vicente López, Merlo, Tres de Febrero, Ituzaingó y Malvinas Argentinas. Muchos de los intendentes que gobiernan sus municipios desde hace varios períodos luego saltan a cargos ejecutivos provinciales o nacionales. Es el caso de Baldomero Álvarez, intendente de Avellaneda desde 1991 y luego designado ministro de Desarrollo Social de la provincia, o de Juan José Mussi, intendente de Berazategui y actualmente secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Los intendentes del Conurbano que gobiernan durante muchos períodos consecutivos distritos con más de 500 mil habitantes se vuelven imprescindibles para la gobernabilidad del país, incluso si durante sus mandatos se vieran afectados derechos fundamentales como la libertad de expresión, la disidencia, la pluralidad partidaria y la construcción vecinal alternativa.
En general, se considera que las reelecciones indefinidas son malas porque la continuidad indefinida genera un peligroso personalismo (más allá de que existan elecciones transparentes y libres) que afecta la existencia de una democracia real. La alternancia de poder permite una sana crítica sobre la administración anterior y muestra desafíos por cumplir a la administración entrante. Además, posibilita a los ciudadanos mayor oferta para elegir a sus representantes, lo que constituye la base de una república y de la madurez de una sociedad en su participación política. Por eso, la forma más eficaz para evitar la perpetuidad en el Poder Ejecutivo es prohibir la reelección indefinida, para impedir sistemas autocráticos.
Una alternativa es contar con al menos una reelección, lo que permite aumentar los incentivos para cumplir el compromiso contraído con los electores y renovar su apoyo con un segundo período. Así, no sólo se consolida la democracia, sino también la política.
También invocan que la imposibilidad de reelegir presenta a la máxima autoridad ejecutiva dificultades para negociar con otros actores, para proyectar y ejecutar proyectos a largo plazo, y para implementar un programa y un equipo de gobierno durante un período prolongado. Por último, la imposibilidad de una reelección causa al Ejecutivo algunos problemas para obtener apoyo legislativo, lo que podría –en combinación con otros factores– terminar en una crisis de gobernabilidad. Por esto, hay muchos en favor de una reelección inmediata, lo que permite continuidad y planificación de políticas de mediano plazo.
En cambio, quienes como CIPPEC se oponen a la reelección indefinida, argumentan que erosiona la equidad en la competencia, ya que se utilizan políticamente recursos públicos para debilitar a la oposición. Además, atenta contra la democracia interna de los partidos políticos, porque no genera recambios en el interior del partido político de gobierno. Esta dicotomía se reflejó con la reforma constitucional de 1994 donde, entre otras transformaciones, se acortó el mandato presidencial y se introdujo la reelección por un solo período.
Entonces, los constitucionalistas coincidían en que un período de seis años era muy extenso si el gobierno era valorado negativamente por los electores, y muy corto si la obra de gobierno era valorada positivamente. En general, quienes apoyaban un sistema constitucional parlamentario de tipo europeo se inclinaban por la reelección indefinida, mientras que quienes apoyaban un sistema constitucional presidencialista inspirado en el sistema estadounidense proponían sólo una reelección inmediata. Más allá de que en lo inmediato la reforma habilitara la reelección del entonces presidente Carlos Saúl Menem, este cambio no fue desacertado ni condujo a las dificultades institucionales que los agoreros pregonaban.
Los sistemas adoptados en otras democracias del mundo demuestran que es difícil desentrañar cuál es la mejor alternativa. La Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos permiten la reelección presidencial inmediata, pero se prohíbe la reelección presidencial indefinida. En los Estados Unidos, cuando un presidente termina su segundo mandato consecutivo no puede ejercer ningún otro cargo político. En cambio, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay permiten más de una elección al cargo presidencial pero prohíben la reelección inmediata. Paraguay, Honduras, Guatemala y México prohíben la reelección, mientras que en Venezuela la reelección indefinida está vigente.
En el contexto provincial, en las cinco provincias argentinas que hasta 2007 permitían la reelección indefinida –Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis y Santa Cruz–, el oficialismo, que siempre fue justicialista, actuó sin el apoyo de la oposición, lo que revela las resistencias que la reelección indefinida encuentra. En 1983 ninguna provincia argentina permitía en su Constitución la reelección indefinida del Poder Ejecutivo. De los ocho gobernadores que luego incorporaron la reelección inmediata, siete lo hicieron a través del acuerdo con los partidos opositores.
En cambio, de los tres casos que posteriormente incorporaron reelección indefinida, sólo en San Luis el gobernador Adolfo Rodríguez Saá acordó con los partidos opositores. Hoy conservan la cláusula que autoriza la reelección indefinida tres provincias: Formosa, que gobierna Gildo Insfrán desde 1995 y busca ahora su cuarta reelección; Catamarca, gobernada por el radical Eduardo Brizuela del Moral desde 2003 y Santa Cruz, con el gobernador Daniel Peralta desde 2007. No es de extrañar que en esas provincias el principal empleador sea el Estado: en Catamarca y Formosa el 25% del total de ocupados trabaja en el sector público y, en Santa Cruz, más de once de cada 100 habitantes trabajan en el sector público provincial.
En contraposición, en Córdoba sólo tres de cada 100 habitantes trabajan en el Estado provincial. En la vereda opuesta, provincias como Mendoza y Santa Fe no autorizan la reelección. Las restantes 19 jurisdicciones autorizan una reelección, con excepción de Salta, que autoriza dos. El régimen de reelecciones indefinidas permitió a muchos gobernadores alcanzar la máxima proyección en el nivel nacional. Es el caso de Carlos Saúl Menem en La Rioja, Adolfo Rodríguez Saá en San Luis y Néstor Kirchner en Santa Cruz, que provinieron de provincias con reelección indefinida que gobernaron mucho tiempo antes de saltar al nivel nacional. El problema se repite a nivel municipal, especialmente en el Conurbano Bonaerense: existen intendentes que están a cargo desde hace más de 20 años.
Los llamados “caciques” comandan distritos como Vicente López, Merlo, Tres de Febrero, Ituzaingó y Malvinas Argentinas. Muchos de los intendentes que gobiernan sus municipios desde hace varios períodos luego saltan a cargos ejecutivos provinciales o nacionales. Es el caso de Baldomero Álvarez, intendente de Avellaneda desde 1991 y luego designado ministro de Desarrollo Social de la provincia, o de Juan José Mussi, intendente de Berazategui y actualmente secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Los intendentes del Conurbano que gobiernan durante muchos períodos consecutivos distritos con más de 500 mil habitantes se vuelven imprescindibles para la gobernabilidad del país, incluso si durante sus mandatos se vieran afectados derechos fundamentales como la libertad de expresión, la disidencia, la pluralidad partidaria y la construcción vecinal alternativa.
En general, se considera que las reelecciones indefinidas son malas porque la continuidad indefinida genera un peligroso personalismo (más allá de que existan elecciones transparentes y libres) que afecta la existencia de una democracia real. La alternancia de poder permite una sana crítica sobre la administración anterior y muestra desafíos por cumplir a la administración entrante. Además, posibilita a los ciudadanos mayor oferta para elegir a sus representantes, lo que constituye la base de una república y de la madurez de una sociedad en su participación política. Por eso, la forma más eficaz para evitar la perpetuidad en el Poder Ejecutivo es prohibir la reelección indefinida, para impedir sistemas autocráticos.
Una alternativa es contar con al menos una reelección, lo que permite aumentar los incentivos para cumplir el compromiso contraído con los electores y renovar su apoyo con un segundo período. Así, no sólo se consolida la democracia, sino también la política.