Vitivinicultura: luces y sombras

En los últimos años el sector vitivinícola ha sido presentado como un modelo a seguir, por los buenos resultados obtenidos, por la originalidad de algunos acuerdos institucionales, por su inserción en los mercados mundiales con productos de reconocida calidad.

También por el notable desarrollo de actividades derivadas de los cambios en la industria, como el turismo y el complejo de quehaceres que éste implica. Además se ha hecho nacional. Hay vitivinicultura de un extremo a otro del país, en lugares antes impensados.

Los indicadores de todas estas cosas positivas son conocidos, pero quizás un exceso de autosatisfacción o la imagen generalizada de una actividad exitosa y atractiva, esté ocultando problemas de diverso tipo. Se pueden señalar algunos propios, internos de la industria y otros, los más acuciantes, consecuencia de la política nacional.

Entre los primeros está la secular disminución del consumo interno de vinos que lleva ya tres décadas. Los números son implacables: de alrededor de 90 litros por habitante año en el máximo, a los actuales 25 litros; el volumen de vinos despachado al consumo interno es hoy la mitad del de la década del ‘70.

El peso de la vitivinicultura en la economía regional se ha reducido considerablemente; se han gastado importantes recursos en estudios, en campañas publicitarias, pero la tendencia persiste y no se pueden ignorar sus consecuencias. Otro número que golpea: hacia 1990 el consumo de vino por persona triplicaba al de la cerveza; diez años después se habían igualado y hoy la cerveza duplica al vino.

Es necesario que los protagonistas de la vitivinicultura reflexionen si no están convirtiendo al vino en un producto demasiado sofisticado, sólo accesible a entendidos y con buena capacidad adquisitiva. Otro problema interno es la recurrente acumulación de  stock de vino blanco escurrido y, relacionado a ello, el Acuerdo Mendoza -San Juan de cupos de mosto.

La industria del jugo concentrado de uva tiene larga data y está en condiciones de elaborar una política de largo plazo que no necesite las muletas de la intervención del Estado cada año, pero para eso hay que sincerar cuál es el mejor destino de ciertas variedades de uva, cómo hay que hacerlo con los rendimientos y escalas de producción necesarios para emprendimientos rentables. No es aceptable que la "solución" del problema de excedentes sea las contingencias climáticas y la pérdida de 6 millones de quintales.

Pero el chaleco de fuerza que está ahogando la vitivinicultura es la política económica nacional. El problema más grave es la negación de la inflación real y el manejo del tipo de cambio, cuyo efecto es un enorme aumento de los costos de producción en dólares, que lleva a la pérdida de competitividad internacional, que se ganó con una sólida ecuación precio- calidad. Los números de las exportaciones lo muestran con elocuencia: fuerte caída de los vinos embotellados de precios bajos y medio-bajos, tanto en facturación como volumen.

Como contrapartida aumentan las exportaciones de vinos a granel, tanto en volúmenes como en valores. Esto es un claro retroceso en el agregado de valor de la industria. Es una luz de advertencia de que algo no anda bien. Cuando el objetivo de toda actividad es aumentar el valor agregado, el sector lo está disminuyendo.

Además, la inflación no es el único problema que afecta la competitividad de la industria. También está la insuficiencia  e incertidumbre en la provisión de energía eléctrica, gas y combustibles.

O los crecientes costos de transporte de cargas, consecuencia de una obsoleta red de carreteras y virtual inexistencia de ferrocarriles, sumados a los endémicos problemas de inseguridad.

O las regulaciones absurdas como las que afectan las importaciones y exportaciones, el control de cambios, cargas fiscales crecientes...

La vitivinicultura puede y quiere crecer. Pero para ello el gobierno tiene que sacarle el chaleco de fuerza que la oprime.