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Violencia en el fútbol: llegó el momento de decir basta

La violencia en los estadios de fútbol volvió a marcar la semana. Hubo disturbios en San Juan durante un partido con un equipo mendocino, y en San Rafael. Mientras tanto, se advierte sobre el peligro que significa la reaparición de un ex jefe de la barra brava de Boca. Todo ello, con un preocupante silencio de dirigentes y autoridades.

Los suplementos deportivos de los diarios de la semana debieron destinar más páginas a las crónicas policiales que a la actividad futbolística en sí. Sucede que el accionar de los barrabravas continúa afectando al fútbol argentino con la anuencia de la dirigencia y la mirada cómplice de las autoridades que deberían encargarse de la seguridad en los estadios. Así las cosas, poco a poco las familias van abandonando las canchas de fútbol y las tribunas se van completando con violentos que no tienen miramientos a la hora de actuar.

El problema que ha tenido mayor repercusión, por la trascendencia del club, es el que se ha presentado con la "reincorporación", como socio de Boca, de Fernando Di Zeo, quien debió cumplir una condena de más de tres años de prisión por la agresión a hinchas de Chacarita durante un partido amistoso.
 
Cuando Di Zeo salió de la cárcel, la barra había cambiado de dueño y estaba en manos de Mauro Martín. Di Zeo no aceptó la nueva situación y ahora el peligro se centra en lo que puede llegar a ocurrir en un futuro cercano. Reclama "los mismos derechos" a los que tiene Martín (llámense entradas de favor y el cobro de los estacionamientos dentro y fuera de los estadios).

Tanto o más graves son sus declaraciones, ya que indicó que "trabajó" durante la última campaña política en favor de dirigentes kirchneristas en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Denunció entonces que su rival en la barra, Mauro Martín, tiene el apoyo de un diputado nacional kirchnerista y de gente de La Cámpora.

Cabría preguntarse si con ese tipo de relaciones políticas alguien del Poder Ejecutivo, encargado de la seguridad, podrá actuar para frenar la violencia a punto de desatarse.

Tampoco puede dejar de mencionarse la incursión de barrabravas en un entrenamiento de San Lorenzo y la agresión física a un jugador. Pese a la publicación del hecho y a la denuncia policial presentada, las autoridades del club se han limitado a señalar que es algo que "está siendo investigado".

Mendoza no escapa a las agresiones en el fútbol. En San Rafael, un hombre resultó herido de bala en un enfrentamiento entre barras en el partido Pedal-Huracán, mientras en San Juan hinchas de Independiente Rivadavia -aducen que fueron agredidos previamente por la policía- destruyeron por completo los sanitarios y cámaras de seguridad del estadio modelo inaugurado en la vecina provincia, hace tres meses, para los partidos de la Copa América.

Cabe entonces preguntarse hasta cuándo se van a repetir este tipo de situaciones sin que nadie haga nada. No se trata de hechos aislados ni se los puede atribuir a una sociedad violenta. La realidad marca que hay una connivencia entre la dirigencia deportiva y la política con los violentos. El mejor ejemplo quedó marcado cuando, en la realización del último campeonato Mundial de fútbol, las autoridades sudafricanas decidieron cancelar la vida a los barrabravas argentinos, por lo cual el gran público tuvo la oportunidad de conocer, con nombre y apellido, a cada uno de los jefes de los grupos que suelen asolar los estadios locales.

Ha llegado el momento de decir basta, de una buena vez y para siempre. El derecho de admisión solo no alcanza. De lo contrario, las tribunas seguirán siendo ganadas por los violentos y no resultaría extraño que vuelvan a repetirse víctimas fatales en los estadios. Quienes tienen la responsabilidad deportiva y los que deben asegurar la tranquilidad pública, deben actuar de inmediato. Si en Europa se pudo lograr, no se entiende por qué aquí no pasa lo mismo, más aún cuando se conoce muy bien quiénes son los que provocan los disturbios.