Vigilar a la prensa
Ha llamado la atención la creación dentro de la Jefatura de Gabinete de una nueva oficina para el monitoreo de medios.
El seguimiento de la prensa y la estricta vigilancia sobre lo que dicen los medios de comunicación acerca de las medidas presidenciales se ha convertido en una obsesión por parte de algunos funcionarios del gobierno nacional, incluida la propia Cristina Fernández de Kirchner.
Las continuas referencias críticas a las "letras de molde" de los diarios, que la jefa del Estado dice leer como un "deber militante", son apenas una muestra de aquella obsesión.
Ciertos aspectos de la ley de medios; la discrecional y poco transparente distribución de la publicidad oficial favoreciendo a los medios afines al oficialismo y castigando a los más críticos, y los ataques a los diarios que son accionistas privados de la empresa Papel Prensa dan cuenta del afán oficial por condicionar a los medios independientes y amordazar las disidencias, tal como lo vienen denunciando organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La actitud vigilante del Gobierno hacia la prensa sumó otro indicador al conocerse la creación de una nueva dependencia en el área de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manuel Abal Medina. Se trata de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica, una duplicación de esfuerzos que claramente destaca un punto de interés neurálgico para la actual administración: vigilar, cotidianamente, los contenidos reflejados por la prensa en cualquiera de sus variadas formas, incluidos los sitios de Internet.
Con la contratación de 40 personas en los últimos tres meses, según ha dado cuenta el Boletín Oficial, en su mayoría jóvenes militantes de La Cámpora, la dependencia responde a las directivas de Juan Buono, íntimo allegado al diputado Andrés Larroque, quien guía los destinos de la agrupación, que ha pasado a convertirse en semillero de recursos humanos para las más diversas funciones.
La conformación de esta dependencia llama la atención por la superposición con otras oficinas públicas que vienen desde hace tiempo haciendo tareas semejantes, con el consecuente aumento de los gastos.
La tarea de custodiar y velar por que el modelo se cumpla cuenta, pues, con un nuevo y feroz cepo. Con una buena cuota del ideologismo que le es tan propio, el Gobierno pone una vez más la lupa sobre el contenido de diarios, portales web, emisiones de radio y programas de televisión para controlar todo lo que se publica sobre sus acciones, incluidas las seductoras redes sociales.
Vigilar implica velar, pero también acechar, creando un estado de miedo y sospecha propio de regímenes fascistas que flaco favor le hacen al ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución.
Esta obsesión oficial por vigilar va más allá de la prensa. También se manifestó recientemente con el descubrimiento de los trabajos de inteligencia que realizaba la Gendarmería en organizaciones sociales y gremiales para nutrir una base de datos denominada Proyecto X.
Aunque para muchos pudo haber pasado inadvertido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó otro ejemplo de esa obsesión por vigilar, durante su reciente mensaje a la Asamblea Legislativa. Fue cuando admitió que acostumbraba leer informes sobre quiénes compraban moneda extranjera y sus montos, y así descubrió que una universidad nacional había adquirido dos millones de dólares para atesoramiento.
Si el propósito es hacerle sentir a la sociedad que, como una suerte de Gran Hermano orwelliano, el Gobierno monitorea todos sus actos y movimientos, lo están consiguiendo.
El aparato de comunicación oficial goza de buena salud y busca robustecer sus alcances de cara a un año de fuertes ajustes de marcado tono impopular. Todo lo que el Gobierno haga para evitar que la dura realidad que se avecina se filtre y sea percibida por los ciudadanos, más allá de su inevitable y concreto impacto en los bolsillos, será insuficiente. Se trata de extrapolar el "efecto Indec" a todos los ámbitos posibles. Para ello, silenciar la crítica a cualquier precio sigue siendo el principal recurso al cual echar mano, poniendo en juego el futuro de la democracia.