Usurpaciones, un delito del que nadie quiere hablar
Una propiedad usurpada en el barrio de Floresta se derrumbó el martes por la noche. Si aparecía el Estado, las víctimas hubieran salvado sus vidas y la dueña hubiera recuperado la propiedad.
Si hay un tema que incomoda a la Justicia y la política, son las usurpaciones. Los jueces miran para otro lado, la política nada hace. En el medio los ciudadanos no saben qué hacer para recuperar una propiedad intrusada. Una tragedia reciente desnuda esto que les cuento.
Una propiedad usurpada en el barrio de Floresta se derrumbó el martes por la noche. La casa ubicada en Avenida Rivadavia 8758 estaba tomada hace muchos años, por un grupo de personas que decían no tener donde vivir, alguien cobraba el alquiler, y no era precisamente la propietaria María del Carmen González, la propiedad que tuvo un buen pasado y que fue comprada con muchísimo esfuerzo por su padre, en agosto de 1973. Allí funcionaba una panadería, en donde su familia forjo su porvenir. En esos años, el lugar alumbro su época de más esplendor. Pero tuvo la desgracia de que su propiedad fue usurpada por sujetos que con buenos abogados y desidia judicial lleva años de juicio tratando de recuperar la finca. Por desgracia el derrumbe si bien sacará del lugar a los ocupantes, de seguro deberá pagar una indemnización a las víctimas que murieron en el derrumbe.
Hay algo sugestivo, la tan bien ponderada AGC (agencia gubernamental de control) nunca inició procedimiento alguno en el lugar, y que por los resultados no reunía las mínimas condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento. Les voy a contar algo que no se conoce: el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un elemento a su alcance y por temor o por inoperancia no lo utiliza, y es el desalojo administrativo, procedimiento que debe llevar adelante cuando en un predio es peligroso, aquí pudo haberlo utilizado, y de seguro las víctimas hubieran salvado sus vidas y la dueña hubiera recuperado la propiedad.
“Me tomaron una propiedad y me devuelven un terreno, si es que me lo devuelven”, dijo María del Carmen, heredera de la propiedad, una construcción de principios de siglo XX, en un lote de 480 metros cuadrados. De acuerdo a lo que estima la dueña, la propiedad fue usurpada hace unos 15 años. “Al principio la tomaron unos delincuentes totales. Nosotros para no llamar a cuatro mafiosos que los sacaran a patadas fuimos a la Justicia y al Gobierno de la Ciudad, pero nada prosperó. Hasta que en algún momento hubo orden de desalojo”, y que no se efectivizó “porque apareció gente en silla de ruedas y no se pudo sacar a las personas”, mientras tanto los ocupas son personas sin vivienda, la mayoría migrantes llegados de Perú. Solo Dios sabrá cómo termina la cuestión. Una cosa es segura, otra vez el Estado no estuvo presente.
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