Uruguay quiere poner límite a la voracidad por la tierra
*Por Carlos Castillos. Uruguay es un país de 17 millones de hectáreas, de las que el 25% estaría actualmente en manos de extranjeros. Por ello, el gobierno se propone frenar la voracidad por tierras productivas.
Los datos concretos sobre el panorama respecto de la propiedad del territorio surgirán después de un censo nacional agropecuario que se realizará este mes de agosto y que también permitirá conocer la estructura de los rubros de producción.
Este censo se convertirá además en la herramienta más apropiada que tendrán los gobernantes a su disposición para la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones hacia el ámbito privado.
En este sentido, el presidente del país, José Mujica, lanzó la idea de instrumentar un impuesto a los establecimientos mayores de 2.000 hectáreas, mientras que sectores del gobernante Frente Amplio (FA) han ido más lejos y también quieren limitar la venta de tierras a extranjeros.
El Partido Comunista (PCU) propuso un gran debate nacional sobre el tema por considerar la tierra una riqueza estratégica ya que ha trascendido que "los compradores de tierra son los gobiernos de países que en la crisis de alimentos de 2007-2008 iniciaron inversiones preocupados por su incapacidad para generar alimentos".
También han aparecido instituciones financieras que se dedican a la especulación, el crimen organizado que usa el mercado inmobiliario para sus operaciones ilegales y los naturales operadores agroindustriales.
Los comunistas ponen como ejemplo a Argentina, que actualmente discute una iniciativa similar tendiente a fijar en 1.000 hectáreas el tope de propiedad de la tierra para los extranjeros, hasta un máximo del 20% de la tierra disponible.
El presidente del estatal Instituto Nacional de Colonización (INC), Andrés Berterreche, informó estos días que solamente el año pasado "el 80% de las tierras vendidas fue comprado por extranjeros". Un 33% por europeos, un 23% por brasileños, un 17% por argentinos y un 4% por estadounidenses, a un precio promedio de 3.900 dólares la hectárea.
Como parte de esta campaña que impulsa la izquierda gobernante en Uruguay entró en vigor una ley que obliga a transformar las sociedades anónimas del agro en sociedades nominativas, para conocer la identidad de los propietarios y evitar de paso la especulación y el lavado de dinero. Pero hay algunas excepciones legales que muchos aprovechan para mantener la situación tal como está.
Destacados dirigentes del FA se han pronunciado por esperar los resultados del censo para tener claro dónde está el principal problema a fin de saber cómo atacarlo.
"Hay que regular, pero sobre bases firmes", son las voces que más se escuchan en medio del debate.
En lo que la mayoría coincide es en que actualmente ocho empresas forestales poseen 720.000 hectáreas; otras seis empresas –cinco argentinas y una brasileña– son propietarias de 357.000 hectáreas dedicadas a la agricultura de soja, trigo, maíz, girasol, entre otros, y a la ganadería.
Una empresa neozelandesa adquirió 35.000 hectáreas para producción intensiva de leche y se supo recientemente que 15 inversores extranjeros concentran tierras agropecuarias por una superficie de casi 1,5 millones de hectáreas, que equivalen a los departamentos de San José, Colonia y Canelones, vecinos a Montevideo.