Uno por uno: cuáles son los seis proyectos con los que el Gobierno apunta a relanzar la gestión de Guzmán

En medio de la interna en el oficialismo, Martín Guzmán resultó ser uno de los ganadores en la interna al recibir el apoyo del presidente y aumentar su poder luego de las turbulencias.

Tras el traspaso de la secretaría de Comercio Interior a su órbita y la renuncia de Roberto Feletti, Guzmán concentrará la lucha contra la inflación. Según su visión, además de los acuerdos de precios, la resolución del problema requiere aumentar las exportaciones (y con ellas, las reservas) y reducir gradualmente el déficit fiscal y la emisión monetaria.
Para esta nueva etapa de la gestión económica, el Gobierno tiene en cartera seis proyectos económicos. En algunos casos, prescindirá de la consulta al Congreso; en otros tendrá que esperar el acompañamiento del poder legislativo para avanzar.

1. Nuevo presupuesto, acordado con el FMI

Según el acuerdo con el FMI, la modificación al presupuesto 2022 debía conocerse antes del 15 de abril. Precisamente, el texto debe contener los detalles del entendimiento con el organismo financiero internacional.

Si bien el acuerdo fue aprobado por el Poder Legislativo, las reformas previstas deben incorporarse a las proyecciones sobre las cuentas públicas, más aún teniendo en cuenta que, luego del rechazo al proyecto oficial, el Gobierno tuvo que prorrogar el presupuesto 2021 por un año. La oposición pidió que los cambios pasen por el Congreso, pero el oficialismo pretende sacarlo por decreto.

La presentación de las modificaciones está demorada. En varias ocasiones trascendió que se estaban ultimando los detalles, pero todavía no hay fecha firme. Mientras tanto, el equipo económico y el staff técnico del FMI continúan revisando los números del primer trimestre y se prevé que presenten algunas actualizaciones al escenario base del acuerdo, en particular, en lo relativo a la inflación.

2. Ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial

La ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial ya fue aprobada por el Congreso y Alberto Fernández la promulgó esta semana. A partir de ahora, la idea oficial es poner en marcha esta nueva industria, con la que apunta a crear 10.000 puestos de trabajo en los próximos tres años.

Además, las proyecciones para la próxima década apuntan a generar US$500 millones en ventas al mercado interno y otros US$50 millones en exportaciones.

“A partir de ahora, vamos a tener el marco adecuado para poder producir en escala con calidad y trazabilidad, generar desarrollo regional porque es una industria que va a tener presencia en diferentes lugares de la Argentina, una industria que va a tener una fuerte presencia de pymes, de cooperativas, de emprendedores, dando oportunidades de trabajo”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante el acto de promulgación.

3. Decreto para impulsar la industria de petróleo y gas

Sin aval del Congreso, el Gobierno presentó este martes un proyecto de decreto para impulsar las inversiones en el sector hidrocarburífero. Apurados por las crisis energética que vive el mundo, Martín Guzmán y Alberto Fernández decidieron flexibilizar el cepo cambiario para aquellas petroleras que inviertan en aumentar su producción.

Las compañías que inviertan en el país e incrementen en un 20% su producción de petróleo o en un 30% la generación de gas podrán acceder luego al mercado de cambios oficial por un monto equivalente a lo que haya crecido la producción para llevarse una parte de los dólares que primero debieron ingresar al país. Así, podrán repatriar una fracción (20% a 30%) de la inversión realizada, pagar dividendos o cancelar deudas con el exterior.

Además, Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para promover la producción local de Gas Natural Licuado (GNL). Allí, según definió se buscará “establecer claramente en qué condiciones se promueve la creación de plantas de licuefacción de gas y su funcionamiento” y otorgar certezas para las inversiones en ese área.

4. Ley de agroindustria

Es uno de los proyectos demorados en el trámite legislativo, ya que se presentó a fines del año pasado. La iniciativa apunta a que las exportaciones agroindustriales crezcan por encima de los US$100.000 millones. Contempla también una serie de incentivos fiscales e impositivos para las inversiones, así como para el aumento de la producción, el mayor valor agregado y la creación de empleo.

Al presentar el proyecto sobre hidrocarburos, el Presidente se refirió al tratamiento de la ley de agroindustria y anticipó que, una vez que se apruebe, permitirá a la Argentina aumentar sus exportaciones no solo de granos sino de alimentos con valor agregado. Así, dijo, la producción local no solamente se usará para alimentar a los animales, sino también a las personas.

5. Ley de promoción de inversiones en la industria automotriz

Es otra de las iniciativas del Poder Ejecutivo que aguardan por la aprobación del Congreso. Apunta a potenciar nuevos proyectos de inversión en la industria automotriz mediante la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre de 2031.

La promoción alcanzará a los proyectos de inversión que incluyan niveles mínimos de contenido nacional, por lo que abarcará a la producción de automóviles, pick ups, vehículos comerciales, buses y camiones, así como motorizaciones y autopartes.

Los proyectos de fabricación de vehículos deberán contemplar un contenido mínimo nacional del 15% durante los primeros 3 años de producción y del 20% los siguientes dos años. Para el caso de motorizaciones será de 10% durante los primeros 3 años y 15% en los siguientes dos.

6. “Compre nacional”

Este martes a última hora, el Frente de Todos logró en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de reforma de la Ley de Compre Argentino, que tiene por objeto promover la mayor participación de la producción nacional en las compras públicas. Así, la iniciativa se podrá debatir en el recinto.

El proyecto apunta a ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 a nuevos sujetos. Eleva las preferencias de presupuestos propuestos por las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales de un 15% a un 20%, mientras que las demás pasan del 8% al 15%. El Gobierno estima que podría ahorrar US$500 millones por priorizar la compra de productos nacionales.