Una violencia injustificable
En la provincia de Tucumán, una niña violada por su abuelastro, fue sometida a un derrotero sanitario y judicial cargado de obstáculos, impidiéndose de ese modo que se cumpla su derecho a interrumpir el embarazo.
Guillermo Whpei, Presidente de la Fundación para la Democracia https://www.fundacionparalademocracia.org/
@GuillermoWhpei
Los hechos son conocidos, ocupan las tapas de los principales diarios del país, también del extranjero. En la provincia de Tucumán, una niña violada por su abuelastro, fue sometida a un derrotero sanitario y judicial cargado de obstáculos, impidiéndose de ese modo que se cumpla su derecho a interrumpir el embarazo. Finalmente ayer, en un hospital de esa provincia, y contra lo que dicta la ley, esa "interrupción" se tradujo en cesarea. Los relatos de los médicos intervinientes denunciando la soledad a la que fueron arrojados para realizar esta operación quirúrgica no hace más que agravar el cuadro de situación.
Los argentinos podemos tener diferentes ideas en torno al aborto. De hecho, en el último año, esas opiniones pudieron expresarse en el espacio público, tanto por parte de aquellos que impulsaban su despenalización como aquellos que se oponían. De eso se trata el juego democrático y así dirimen las sociedades el modo en que desean vivir. Sin embargo, el "caso Tucumán" desborda cualquier pretensión de ubicarlo en el terreno de esa polémica: en nuestro país, desde el año 1921, es decir, hace ya casi un siglo, el Código penal permite, sin mediación alguna, la interrupción del embarazo cuando se trata de una violación. La letra de la Ley es clara, precisa y carece de ambigüedades.
Sin embargo desde ese mismo año 1921 hasta la fecha, el derecho de mujeres adultas, de niñas y adolescentes violadas viene siendo sistemáticamente vulnerado, en especial el de las mujeres pertenecientes a sectores más empobrecidos. Un derecho resistido con más ahínco en aquellas provincias donde los sectores conservadores detentan poder.
Esta triste historia que ocurre en Tucumán - una de las provincias que registra uno de los niveles más elevados de embarazos adolescentes- no sería del todo vergonzosa si no se le añade además el hecho de que el arzobispo de esa provincia, violando toda norma ética, reveló públicamente el nombre de la niña abusada, dichos a los que podrían sumarse los de Gustavo Vigliocco, titular del Sistema Provincial de Salud de esa misma provincia quien defendió de manera contraria a todos los principios médicos la no interrupción del embarazo alegando que la niña de tan solo 11 años tenía " una contextura física lo suficientemente grande" como para poder continuar con su embarazo no deseado.
El caso de la niña violada y obligada a parir en Tucumán es un alerta, uno más de los tantos que hemos escuchado a lo largo de los últimos años. No solo debemos avanzar por la urgente implementación de la educación sexual en el sistema escolar - algo a lo que también se oponen de manera radicalizada los sectores más conservadores- sino en hacer que la ley se cumpla.
También avanzar en la discusión y en la ampliación de un nuevo debate parlamentario que ya no haga posible que la interrupción voluntaria del embarazo sea condenada, como lo es hoy, con los mismos argumentos que en los tiempos de la Inquisición.