Una temible asociación ilícita
Como lo demuestra la historia del narcotráfico en el mundo, la expansión de los traficantes de drogas sólo es posible por la colusión de sus intereses con los de efectivos de los organismos policiales.
El análisis del proceso de expansión del narcotráfico en Córdoba debe partir de una convicción: nada de ese perverso comercio y de su riesgo para la paz social es posible sin la acción y omisión de la Policía de la Provincia.
En el primer caso, por las acciones sospechadas de rentada colaboración de personal del organismo con narcotraficantes; en el segundo, por la continua multiplicación de las "zonas liberadas", sólo posible por la colusión de intereses de los servidores del orden y los criminales.
Cuando se habla de la creciente intervención de policías en la propagación del negocio, se incurriría en un riesgoso error si creyéramos que es realizada exclusivamente por los peldaños más bajos del escalafón policial. Sería un caso único en la historia del nacimiento y desarrollo del narcotráfico en el mundo.
Córdoba no es excepción en este drama global. El turbio proceder de agentes sólo es explicable por la protección de sus superiores, que tal vez no lleguen a formar una estructura piramidal, pero tienen un sólido sector medio que acumula poderío. Ello es posible porque la cúpula de la institución policial vive acosada por la obsesión de presentar ante los cordobeses una imagen de eficiencia que dista de la realidad. Hasta llega a anunciar procedimientos que en general siguen a la difusión de la captura, accidental, o preparada, de "mulitas" (es decir, quienes, sin pertenecer al narcotráfico, introducen estupefacientes en nuestro país a cambio de una retribución).
Esta manipulación informativa, un delito en sí mismo, fue denunciada recientemente por personal al que se obliga a realizar detenciones con meros fines estadísticos. Esto no es novedad; tampoco lo es que se cuente con un batallón de reserva de "perejiles" a los que se endosan delitos imaginarios para aplacar el clamor de una ciudadanía harta de la indefensión que padece, angustiada por la destrucción de hogares cuyos hijos se hunden en la adicción.
En el informe publicado por nuestro diario el domingo último, se mencionaba un episodio paradigmático de este proceder. En concreto, la investigación periodística se refería al "sonado caso" del secuestro de 40 kilogramos de cocaína en una pieza del hospital-colonia Santa María, seguido por el descubrimiento de un avión que habrían utilizado los "narcos".
Tres meses después del ampuloso informe policial, se desconoce aún qué tipo de estupefaciente fue secuestrado y, lo que es peor por la implícita falta de respeto que impone la dignidad ciudadana, el avión de los presuntos narcotraficantes era un conjunto de restos polvorientos de un aparato inoperable.
Nada de esto es nuevo. Sin embargo, no es sano que la sociedad se resigne a este estado de cosas; por el contrario, debe exigir que sus representantes controlen a quienes tienen el deber de velar por la seguridad de todos.