Una solución desde el campo
*Por José María Vernet. El sentido común marca que la existencia en un mismo tiempo y en un mismo lugar de grupos sociales sin recursos y otros con excedentes pero sin opciones ni alternativas de inversión, son igualmente peligrosos para el futuro de un país.
Este escenario es además la demostración palpable del quiebre de su economía. Los gobiernos deben proveer a sus ciudadanos de garantías en las reglas de juego a largo plazo para las inversiones privadas y además garantizar el cumplimiento real de los derechos que en nuestro país señala eel art. 14 bis de la Constitución. No se trata de sacarles a unos y darles a otros.
Este cuadro genera la anulación de las expectativas de la producción o al menos la aprensión ante un futuro incierto y por otro lado la denigración de grupos sociales marginados del trabajo, la vida digna y la libertad. Entonces, se trata de determinar y orientar el sentido de las inversiones para que absorban sin dificultad mano de obra en el mediano plazo, sin necesidades de recurrir a corrientes inmigratorias. Para ello, (Moreno de por medio) hay que establecer sectores prioritarios de inversión, y las condiciones dignas de trabajo, desde el punto de vista del gobierno. Que esto pase, de ninguna manera es una tarea dificultosa y mucho menos imposible. Sólo se necesita una mirada integradora de la sociedad en la que convivimos y un objetivo en común.
Por eso, se deben definir áreas de crecimiento de la actual producción, en especial las que afectan la inflación desde el lado de la oferta, junto con mecanismos que aceleren el logro de los objetivos, que agreguen valor a los commodities y que incrementen las exportaciones o sustituyan importaciones.
Todo esto, de la mano de asegurar la inversión privada para problemas sociales estructurales como las viviendas económicas, tanto para la venta como para renta, destinadas a sectores de trabajadores que no tienen acceso a los costos actuales de las viviendas ni de los alquileres.
Se debe hacer, además, llegando a acuerdos con los sindicatos que garanticen el acceso de trabajadores con residencia en el país, pues la incorporación de grupos migrantes que luego se quedan a vivir sin vivienda complican la situación aún más y no la resuelven.
Mientras tanto, la inversión del Estado en viviendas debe estar orientada a resolver la problemática social más grave.
Por ejemplo, para incentivar este tipo de inversión (viviendas populares) el Estado debe devolver un porcentaje de las retenciones efectuadas a los productores exportadores y desgravar ganancias por determinada cantidad de años y el IVA, teniendo en cuenta que estos ingresos no existirían si no se promueven este tipo de prácticas.
Le vamos a sacar al campo el pie de encima que le puso este gobierno, y que le impide crecer y desarrollarse. Vamos a terminar con años y años de políticas que no hicieron otra cosa que fomentar estas desigualdades. Sabemos como hacerlo, y lo vamos a hacer desde el primer día de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Porque el cambio nos va a llevar sólo un día: el primero. El resto, es avanzar en ese camino.