Una renuncia que debe investigarse
La renuncia de Sergio Schoklender como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo es un hecho grave, que debe ser debidamente aclarado por esa entidad, el Gobierno y la Justicia.
La escandalosa y sospechosa renuncia de Sergio Schoklender como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo abre serios interrogantes sobre el manejo y control de esa entidad, que goza del favoritismo del Gobierno y dispone de millonarios fondos públicos que, por su condición de tales, son solventados por todos los argentinos que pagan sus impuestos.
La mencionada fundación –dirigida por Hebe de Bonafini– tiene a su cargo programas de construcción de viviendas y centros de salud por un valor de 75 millones de pesos, según fuentes autorizadas del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Además, posee otros emprendimientos, como una universidad, una radio comunitaria y una editorial.
El escándalo se produjo en el proyecto de viviendas denominado "Sueños Compartidos", que dirigía en persona Sergio Schoklender. Éste tiene el mismo domicilio fiscal que la empresa Meldorek SA, que construyó la mayoría de las unidades habitacionales del proyecto. La compañía tiene, además, importantes desarrollos en agroindustria, educación y transporte aéreo.
Frente a este oscuro episodio, corresponde hacer una consideración previa: no está en discusión, en modo alguno, ni la trayectoria ni el reconocimiento que la ciudadanía debe a las Madres de Plaza de Mayo, que hicieron de la causa de los derechos humanos una bandera que es de todos los argentinos.
Sí es discutible, en cambio, la política seguida por el Gobierno nacional, que penaliza el terrorismo de Estado ejecutado por el último régimen militar y, en cambio, exculpa al terrorismo revolucionario de las organizaciones armadas de izquierda, aun cuando las acciones fueran ejecutadas en períodos democráticos. Una política que, además, pretendió instalar el concepto de que nada se había hecho desde el retorno a la normalidad institucional para investigar y castigar lo ocurrido durante la dictadura.
Es inadmisible que Schoklender haya dicho que renunció porque tenía "proyectos personales" que eran incompatibles con su función de apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué aceptó entonces ese cargo y lo mantuvo durante tanto tiempo, hasta que de pronto se descubre que tiene el mismo domicilio fiscal que la empresa que ejecuta el plan de viviendas sociales de la entidad, además de otros oscuros negocios?
El Gobierno nacional debe dar una respuesta y también la Unidad de Información Financiera (UIF), ante la cual, hace más de un año, diputados de la Coalición Cívica denunciaron los aparentes desmanejos de Schoklender, acusado por supuestas operaciones de lavado de dinero.
Finalmente, ¿por qué el Estado delega en una fundación, a la que financia con recursos públicos, responsabilidades que son indelegables, como el desarrollo de los planes de vivienda social?