Una propuesta inaceptable
En un país estragado por la pobreza y la corrupción, la eventual apertura de nuevas salas de juego próximas a la ciudad de Córdoba es inaceptable para mejorar el clima económico y moral.
Es extremadamente difícil que un país estragado por la pobreza y la corrupción pueda sanear su clima económico y moral mediante la apertura de casinos y la siembra a granel de máquinas tragamonedas. La terrible experiencia mundial demuestra lo contrario. Claro, a menos que la campana de cristal imaginada por algunos candidatos a intendente de la ciudad de Córdoba sirva para protegerla y contener las gangrenas de la explotación del juego.
Dos enormes falacias pretenderían justificar el desembarco de los explotadores del juego en el área de influencia de la capital cordobesa. La primera de ellas, que se incorporará un nuevo atractivo turístico para la ciudad y la provincia. La segunda, que se crearán fuentes de trabajo que darán mayor dinamismo a la economía.
No es necesario cruzar las fronteras del país para verificar ambas inexactitudes. En los casinos en funcionamiento en la Argentina, las salas tienen, en su gran mayoría, una alta concurrencia de vecinos de los propios centros urbanos donde están instaladas.
Que se sepa, de esas centenares de salas, ninguna dio nacimiento a una versión argentina de Mónaco. Sí, en cambio, a versiones locales de muchas de las infortunadas ciudades del sudeste asiático, donde promovieron el crecimiento explosivo de la trata de personas, el narcotráfico, la prostitución infantil (un negocio de excelentes perspectivas en nuestro país, donde la desaparición de criaturas y adolescentes es un doloroso goteo cotidiano), la usura y la corrupción policial. Y, naturalmente, la de los gobiernos y de los partidos que autorizaron sus funcionamientos.
Es ley de hierro agregar a ese conjunto de desdichas el implante y la expansión de las organizaciones mafiosas. Es verdad que se produce una mayor dinamización de la economía local por la creación de nuevas fuentes de trabajo, siempre que no se distinga entre trabajo honesto y clandestino. Por un nuevo trabajo legal, proliferan en forma indiscriminada los clandestinos. Y el mayor flujo de activos líquidos es otra falacia, porque la mayoría de los apostadores, como se apuntó, es gente humilde que juega sus ingresos en un esfuerzo desesperado por salir de la miseria.
La Voz del Interior se ha opuesto históricamente a este tipo de iniciativas alentadas desde la gestión de Ramón Mestre (1995-99), profundizadas con el anterior doble mandato de José Manuel de la Sota (1999-2007) y ampliadas en el gobierno de Juan Schiaretti, quien autorizó la instalación de más máquinas tragamonedas.
La prueba contundente de que son los sectores de menores recursos los mayores asistentes a esas salas y los numerosos casos de ludopatía muestran pruebas irrefutables de que el desarrollo de esas salas de juego no constituye un beneficio económico ni el ordenamiento moral de sociedad alguna. La propuesta de algunos candidatos es moral y económicamente inaceptable.