Una política de confrontación y de autoritarismo
El Gobierno está profundizando una política de confrontación y autoritarismo que enciende señales de alerta en la sociedad por el peligro que implica para la vida política y la economía.
Cuando inició su mandato, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prometió un cambio en el rumbo de confrontación que había llevado adelante su marido y predecesor, Néstor Kirchner. Sin embargo, muy poco después, en el conflicto con el campo, el Gobierno y los grupos oficialistas lanzaron una retórica de enfrentamiento que polarizó y ensombreció la escena política y generó, también, un rechazo social que se expresó en las elecciones legislativas de 2009.
A partir de la muerte de Néstor Kirchner, el Gobierno pareció emprender un camino de convivencia que, esta vez, tuvo un efecto positivo en la imagen presidencial. Sin embargo, esa expectativa se diluyó rápidamente ante nuevas ofensivas oficialistas contra la oposición, los medios de difusión con un reverdecimiento del discurso confrontativo.
El bloqueo contra Clarín y La Nación el domingo pasado y las actitudes oficialistas en ese momento y en días posteriores constituyen una prueba de esta situación. La agresión a las empresas periodísticas fue realizada por un grupo en el que participaron sindicalistas vinculados a Hugo Moyano, aliado del Gobierno, y que violaron la ley ante la pasividad del Gobierno Nacional, responsable de las fuerzas de seguridad.
Más aún, el Gobierno desoyó una orden judicial de garantizar la distribución de diarios, incorporando un episodio más de desobediencia del Ejecutivo a la Justicia y lejos de condenar el hecho, reiteró expresiones agraviantes contra los medios de difusión independientes.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, desairó al Legislativo no respondiendo a la citación de Diputados para que explicara la inacción oficial.
Estas actitudes constituyen una nueva forma de desprecio por el funcionamiento de las normas que rigen la vida de la República y un aval implícito a los grupos oficialistas dispuestos a presionar a los medios de difusión o a cualquier sector que tenga posiciones críticas con el Gobierno o informe sobre los casos de corrupción de funcionarios o sindicalistas.
La política oficial acaba de ser respondida por un documento de la mayor parte de la oposición, en el cual se convoca a cuidar la democracia de las acciones de intolerancia y persecuciones y se convoca a convivir en la tolerancia democrática y el cumplimiento de las garantías públicas.
En el terreno económico la situación es igualmente preocupante porque el Gobierno apela en forma reiterada a la presión sobre las empresas y sectores económicos para forzar decisiones o como parte de sus ofensivas políticas.
Otra manifestación de esa orientación es la intervención del INDEC y la manipulación de sus estadísticas, en primer lugar, para ocultar inflación o mostrar un desempeño económico mejor que el real.
Este panorama puede agravarse si avanzan iniciativas promovidas por dirigentes oficialistas que no han sido desautorizadas por el Gobierno, como la reactivación de la Ley de Abastecimiento o de las Juntas reguladoras del agro, cuya concreción implicaría un nuevo avance del Estado sobre las empresas, o más concretamente de los grupos oficialistas que, montados en una retórica populista, aspiran a capturar instrumentos de decisión y oportunidades de negocios personales.
El Gobierno profundiza una política de confrontación y autoritarismo que enciende señales de alerta por el peligro que implica para la vida institucional. El virtual apoyo al bloqueo de Clarín y La Nación, la desobediencia a una orden judicial y el desprecio por el Legislativo son signos de esa orientación. A las presiones que el Gobierno viene ejerciendo se agregan proyectos para aumentar la intervención del Estado en las empresas.