Una plaga con responsabilidades compartidas
Lo que sucede actualmente con la polilla de la vid, una plaga que continúa avanzando en la provincia, debe constituir un llamado de atención no sólo para las autoridades sino también para los propios actores de la industria, quienes tienen que tomar las medidas necesarias para enfrentar el problema.
Lo ocurrido con la polilla de la vid -conocida científicamente como lobesia botrana- sigue preocupando. A pesar de las medidas que se adoptaron, generando un cerco sanitario, primero de 2.500 hectáreas y luego ampliado a una gran zona del centro-norte de la provincia, la plaga permanece y no sólo no se ha reducido, sino que cunde la inquietud ante la posibilidad de que el problema afecte a otras zonas de Mendoza y se extienda inclusive hacia otras provincias vitivinícolas.
El tema vale también recordarlo para establecer que hubo errores que provocaron la llegada de la plaga a la provincia. La lobesia llegó a Chile a través de máquinas cosechadoras que productores del vecino país alquilan desde Europa y que no tuvieron el tratamiento sanitario suficiente. De todos modos, las autoridades del SAG (Servicio Agrícola Sanitario de Chile) avisaron con la suficiente antelación sobre lo que estaba sucediendo a los efectos de que la Argentina estableciera un control eficiente.
Más aún, cuando se detectaron los primeros brotes de plaga en viñedos de Los Andes, por la cercanía de Mendoza, comunicaron de inmediato la novedad a la Argentina para que se encendieran las luces de alerta.
Pero, por errores de control y por la no realización del fumigado, la lobesia botrana llegó a Mendoza de la misma forma en que lo hizo en Chile: a través de máquinas cosechadoras, habiendo responsabilidades compartidas entre el organismo nacional, el Senasa y el accionar del sector privado que, a sabiendas de la situación y conocedor de los problemas que genera la plaga, tampoco hizo por su parte el necesario control.
Si nos atenemos a los hechos, esa responsabilidad privada continuó luego ya con la polilla de la vid en la Argentina. Porque ante la aparición del brote en Mendoza se dispusieron medidas inmediatas, tales como establecer un cordón sanitario de 2.500 hectáreas, no permitir el traslado de uvas entre las zonas (sólo se podía trasladar vino elaborado) y la desinfección de los camiones y de las máquinas cosechadoras al salir de la zona intra-cordón. Pero también se supo que gran parte de los actores del sector, incluyendo en ellos a los propios productores que podían resultar afectados, no cumplieron con las exigencias.
De acuerdo con un reciente informe, esas medidas siguieron siendo insuficientes y tampoco dio los resultados esperados la decisión de obligar a la eliminación de la uva remanente, considerada hospedero del insecto, por lo que, de hecho, se ponían trabas a la melesca. Ante esa situación surgió una iniciativa privada consistente en formalizar ante la Subsecretaría de Programación Agroalimentaria que el Senasa y el Iscamen implementen un mecanismo de premios y castigos, a los fines de generar incentivos económicos para que el productor realice acciones que permitan controlar efectivamente la plaga.
Vale señalar que cualquier medida resultará insuficiente si los propios actores de la industria no adoptan la responsabilidad necesaria. Hay que tener en cuenta que el problema es grave y debe ser abordado con la seriedad que el caso requiere.
Se supo que hay productores de San Juan que ya están preocupados y otro tanto ocurre con La Rioja, más allá de que los controles sanitarios que se adoptan en el ingreso a ambas provincias contemplan la desinfección de los rodados, sin ningún tipo de distinción.