Una pauta publicitaria oficial arbitraria
Resulta especialmente valioso y alentador el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableciendo que el dinero que decide gastar el Gobierno para publicitar sus actos, debe distribuirse en función de criterios objetivos y no favorecer sólo aquellos diarios, canales de televisión o radios cuyas líneas editoriales son afines o funcionales a los intereses políticos del poder.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al ratificar con su resolución que el Estado debe omitir criterios discriminatorios y mantener un equilibrio razonable entre las distintas publicaciones, como garantía de la libertad de expresión, pone blanco sobre negro respecto de la forma en que el Gobierno debe manejar los dineros que no son propiedad de quien encabece la gestión gubernamental, sino que es de todos los argentinos.
La decisión judicial surgió como consecuencia de un planteo presentado por Editorial Perfil, que calificó como una política discriminatoria la decisión de excluir de la pauta oficial a las revistas Noticias y Fortuna y al diario Perfil, afirmando que se trató de una exclusión "arbitraria y discriminatoria".
El voto mayoritario de los miembros de la Corte se fundamentó en el hecho de que en asuntos de esta naturaleza se encuentra en juego el alcance de las cláusulas contenidas en artículos de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. Destaca que si bien no existe un derecho a recibir una determinada cantidad de publicidad oficial, también es cierto que hay una protección contra la asignación arbitraria.
La publicidad oficial del Gobierno nacional distribuye, según lo pautado el año pasado, 654,3 millones de pesos, además de lo que gasta en el programa "Fútbol para Todos" y de los gastos que demanda el canal "estatal" -que en los hechos hoy es un canal oficialista- a través de programas destinados no sólo a destacar la gestión del Gobierno, y ensalzar a la facción política que gobierna sino también a denostar a quienes no coinciden con sus ideas políticas, sean éstos dirigentes políticos opositores, medios de comunicación o artistas, poetas o literatos, como sucedió con el premio Nobel de Literatura , Mario Vargas Llosa.
Acerca de la pauta publicitaria oficial nacional, los números son elocuentes: del total del dinero gastado-los 654,3 millones de pesos- el primer beneficiario fue el grupo periodístico ultrakircherista "Spolski" que edita entre otras publicaciones la revistas "Siete Días", "23" y el diario "Tiempo Argentino", el que recibió casi 80 millones de pesos; la segunda beneficiaria fue la empresa editora del diario "Página 12", con 42,26 millones y la tercera a un grupo también afín a la gestión del Gobierno, con 27,47 millones.
Otros medios, entre los que se encuentran los dos diarios nacionales más importantes (Clarín y La Nación) recibieron 11,9 y 3,8 millones de pesos respectivamente. Una situación similar se plantea en el caso de los canales de televisión, donde el dinero va destinado en mayor grado a los canales ultraoficialistas y situaciones similares se presentan en la TV por cable y las radios.
En años electorales, como el actual, la difusión publicitaria de la gestión pública debe estar impregnada de una transparencia absoluta para que el conjunto de las fuerzas políticas compitan lealmente y en igualdad de condiciones.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia es claro y taxativo y debe ser respetado, como corresponde, por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir el país a fin de terminar así con las presiones a que se somete a los medios de comunicación a través de la arbitraria distribución de la pauta publicitaria oficial disponiendo del dinero de todos los argentinos.