Una nueva Constitución sí, pero esta no

Yamil Bekenstein

Lic. en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Maestrando en Relaciones Internacionales (FLACSO). Redes: @YamilBekenstein

El domingo 4 de septiembre se votó, a través de un plebiscito, la moción de aprobar o rechazar una nueva constitución política en Chile. Ya con los primeros resultados parciales se impuso una tendencia que se mantendría a lo largo de todo el recuento de votos. El conteo final arrojó un triunfo de la opción Rechazo con un 61,86% por sobre el 38,14% que recolectó la intención de aprobar el nuevo texto.

El proceso constitucional no comenzó ayer, ni este año, ni siquiera en esta pandemia. Tuvo su inicio a raíz de las masivas protestas estudiantiles de 2019, detonadas por un aumento en el precio del boleto de transporte. En ellas se reclamaba, entre otras consignas de carácter redistributivo, un boleto estudiantil. El lema principal fue “no son 30 pesos, son 30 años”, en alusión al monto del incremento y a los años de democracia con amplios sectores sociales excluidos (la dictadura del general Pinochet concluyó en 1990). A raíz de las manifestaciones, la policía y los Carabineros reprimieron, generando decenas de muertos y miles de heridos.

El presidente Piñera, que ya contaba con una altísima imagen negativa, reaccionó a algunas de las demandas de las manifestaciones convocando a un plebiscito en el que se consultaba a la población si querían modificar la Constitución Nacional vigente. En octubre del 2020 Ganó el SI con el 78% de los votos y en mayo de 2021 los ciudadanos y ciudadanas chilenos y chilenas volvieron a votar, esta vez para definir quiénes ocuparían las 155 bancas de la Convención Constitucional, de las cuales 17 estaban previamente reservadas para representantes de los pueblos y naciones indígenas.

Como resultado de largas negociaciones por parte de los constituyentes, mayormente provenientes de partidos de izquierda, independientes y aliados, el cuerpo legislativo contó con varias incorporaciones de elementos novedosos y se modificaron algunos aspectos estructurales del sistema político y económico chilenos.

Uno de los elementos más controvertidos del proyecto, que motivó críticas enardecidas por parte de la oposición, fue la incorporación y el destacado espacio que se le dio a los pueblos y a las naciones indígenas. El Estado chileno se definía, por primera vez, como plurinacional, intercultural, regional y ecológico, a la vez que se constituía como una democracia inclusiva y paritaria. Además, se explicitaba que el pueblo de Chile está conformado por diversas naciones, las cuales hubieran contado con el derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, identidad y cosmovisión, a la lengua y al reconocimiento y a la protección de sus tierras, como también su propio sistema de justicia, en paralelo al Sistema Nacional.

Asimismo, el texto rechazado abordaba la cuestión de la paridad de género: buscaba su promoción y la fijación de una composición paritaria para todos los órganos del Estado, para los autónomos, los superiores y directivos de la Administración, para los directorios de las empresas públicas y semipúblicas. Garantizaba la Educación Sexual Integral considerando el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, el autocuidado, el consentimiento y el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género.

La Constitución rechazada, para algunos sectores demasiado progresista, se involucraba fuertemente con la protección del medio ambiente y el cuidado ecológico: en 74 de los 388 artículos se hacía mención a los límites de la actividad y a la necesidad de un Chile más consciente de los derechos de la naturaleza, a quien concebía como sujeto de derecho. Nacionalizaba las cuencas acuíferas y las redes de distribución de agua, hasta ahora concesionadas de manera permanente e irrevocable a capitales privados.

También buscaba modificar de raíz el sistema educativo, el sanitario y el de seguridad social, todos ellos actualmente privatizados, para pasarlos a manos del Estado que los regularía con perspectiva progresista, distributiva y de género, garantizando acceso libre, gratuito e igualitario para todos los habitantes del territorio.

Ahora bien, este texto, que parece tan progresista e inclusivo, fue rechazado de manera contundente. Esto abre la pregunta sobre qué salió mal o, de mínima, ¿qué elementos motivaron el rechazo?

Por primera vez en un proceso electoral para Chile el voto fue obligatorio. Actualmente el carácter del sufragio es voluntario para todos los habilitados a hacerlo (esto se modificaba en el proyecto rechazado, que imponía la obligatoriedad del mismo), con previa inscripción. En esta oportunidad, más de 15 millones de chilenos y chilenas estuvieron compelidos a concurrir bajo penas de multa en caso de ausentarse. El carácter obligatorio impuesto para este plebiscito fue impulsado por el gobierno nacional y el comité del Apruebo, bajo la premisa de lo decisivo de la elección. Sin embargo, tampoco se puede menoscabar la especulación a partir de la cual, ante un mayor caudal de sufragios, la adherencia a la posición oficial sería más generosa. La concurrencia fue realmente histórica: del total del padrón, más de 13 millones emitieron su voto, es decir, cerca del 85%. A pesar de la alta participación, estos nuevos ciudadanos y ciudadanas no se volcaron masivamente por la afirmativa sino, antes bien, contribuyeron a engrosar los conteos del Rechazo.

Por otro lado, el gobierno del presidente Boric se encolumnó muy fuertemente detrás de la opción positiva al texto propuesto, motivo por el cual se terminó identificando el plebiscito por la nueva Constitución con uno de apoyo o rechazo a la gestión nacional. Vale recordar que esta administración, además de las dificultades típicas de todos los mandatarios, suma, por el contexto, un alza de los precios internacionales, un aumento en el costo de vida y de la inflación, cuyo efecto se multiplica por la alta dependencia de la economía chilena de productos importados. Asimismo, influyeron muy fuertemente en el resultado los hechos de violencia casi permanentes que se observan desde hace meses en las regiones del centro y del sur del país con los pueblos indígenas en general y con los mapuches en particular. Basta con analizar con más atención los resultados de las regiones en conflicto para concluir que, en aquellas zonas en las que la violencia es menos figurada y más evidente, los resultados fueron aún más abrumadores, con porcentajes superiores al 70% en favor del rechazo. Estos votantes, motivados por la presión nacional e internacional y la campaña por el rechazo, identificaron al nuevo texto constitucional con la cesión de derechos fundamentales chilenos a estos pueblos y naciones caracterizadas como “violentas” o “expropiatorias”.

Otro de los reclamos que hicieron los sectores que militaron el rechazo al proyecto estuvo vinculado con la inconsulta de los constituyentes en el proceso de redacción. Al establecerse el umbral de los ⅔ de los votos necesarios para la incorporación de artículos, y con el alto número de adhesiones recaudadas por los partidos de izquierda, centro izquierda, indígenas e independientes, se abrió la posibilidad de que, en la confección del cuerpo legislativo, no se consideraran los planteos o necesidades de los partidos de derecha. Esto derivó en un proyecto de Constitución con bajo nivel de consenso y fuertes reclamos en su contra.

El interrogante final, luego del resultado negativo es ¿y ahora qué?

El escenario de derrota del oficialismo y sus aliados en el plebiscito constitucional ofrece algunas conclusiones y desafíos. En primer lugar, es evidente que el presidente Boric es uno de los grandes perdedores de la jornada. En tanto defensor acérrimo del texto rechazado sufrió el impacto de una derrota más que elocuente. Sin embargo, el contexto le brinda la posibilidad de erigirse como estadista y convocar a un nuevo proceso que devenga en un mejor y más inclusivo texto. Fue en ese sentido que se dirigió al pueblo chileno en una cadena nacional, en la que convocó a los presidentes de las cámaras legislativas y a los presidentes de los partidos con representación parlamentaria a sendas reuniones para arribar a nuevos acuerdos, fruto de los cuales se defina el camino a seguir. En línea con las declaraciones de los principales dirigentes opositores, puntualizó en la necesidad de generar las modificaciones necesarias, partiendo de la base del proyecto enviado, para abordar a un marco legislativo que cumpla con los deseos y expectativas de sectores más amplios de la sociedad.

Dos cosas quedaron claras hasta ahora en este proceso constitucional chileno: que la carta magna pinochetista de 1980 será reemplazada por una nueva, y que la propuesta que se sometió a votación no cumple con las expectativas de los electores. Será cuestión de que los y las dirigentes políticos chilenos determinen un texto que satisfaga (lo más posible) a la mayoría de los votantes. El pueblo de Chile se expresó muy claramente: una nueva Constitución sí, pero esta no.