Una mordaza para la oposición

El decreto 445/2011 dictado por la Presidenta Cristina Kirchner es la puntada final al proyecto oficial para que en la política argentina cada vez se escuchen menos voces.

En los últimos años, el control del aparato estatal ha convertido a la publicidad oficial en propaganda oficialista y a los medios públicos de comunicación en canales de exclusiva difusión del gobierno de turno, sin garantizar un mínimo de pluralidad de opiniones, ni mucho menos espacio para que los partidos políticos de la oposición difundan sus ideas.

La limitación a la contratación de espacios en los medios de comunicación dispuesta a través de la Ley 26.571 en sus arts. 57 a 59, sin un rígido límite a la publicidad oficial en tiempos de campaña , provoca manifiestas inequidades ante un claro y marcado desequilibrio de fuerzas y constituye un verdadero obstáculo para la vigencia de uno de los fundamentos esenciales de toda democracia, que es la posibilidad cierta de alternancia en el poder.

Tomando los últimos datos publicados por la Jefatura de Gabinete Nacional, durante 2010, el Sector Público Nacional consolidado -incluyendo Administración Nacional, AFIP, PAMI, Banco Nación, BCRA, AA y demás empresas- gastó en "campañas institucionales de publicidad y de comunicación", así como en "servicios creativos, arte y producción gráfica y audiovisual", un total de 654 millones de pesos.

Sumando los $611 millones que se llevó el programa "Fútbol para Todos", la "pauta oficial" gastada en 2010 fue de 1.265 millones de pesos (¡3,5 millones de pesos por día!).

Algunas comparaciones permiten dimensionar la enorme ventaja electoral de la utilización indiscriminada de la publicidad oficial que hace este Gobierno. Lo que se gasta desde el Estado en propaganda política es el equivalente a: 24 veces lo ejecutado del presupuesto de la SEDRONAR, para prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico.

7,7 veces lo ejecutado del presupuesto de la ACUMAR, para el saneamiento del Riachuelo.
260 veces el presupuesto ejecutado por el Consejo Nacional de la Mujer para atender, por ejemplo, la violencia de género.

O suficiente para pagar durante un año la Asignación Universal por Hijo a 480.000 niños más.
Pero esto no es nuevo.

La utilización de la publicidad oficial como propaganda política ha sido la práctica habitual del kirchnerismo y lo mismo es esperable durante este año, en el que seguramente al final del periodo se contabilizara un porcentaje enormemente superior a lo presupuestado, que para el 2011 asciende a 1202 millones de pesos (ya ese camino empezó, pues se han sumado $22,5 millones por resolución del Jeje de Gabinete en uso de superpoderes segun DA Nº153/11 publicada el 18/4). Tengamos en cuenta que durante el año electoral 2009, el gasto en publicidad oficial termino siendo un 213% más de lo inicialmente presupuestado.

Por otra parte, también la experiencia del 2009 demuestra que el porcentaje mayoritario de esos fondos se gastará durante el período electoral , así en el año que Néstor Kirchner fue derrotado por Francisco de Narváez, el Gobierno gastó el 73% del presupuesto entre enero y el 28 de junio y los picos de inversión publicitaria se registraron entre los meses de mayo y junio según una investigación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Pero además de lo que acabamos de mencionar, con los decretos en análisis se completa la decisión de desequilibrar a favor del oficialismo las condiciones electorales y por ende subvertir el principio de igualdad en la competencia que garantiza la democracia.

Para tener una idea de la gravedad de la limitación que se pretende imponer a los partidos para difundir sus espacios de campaña basta señalar que, según lo prescripto por el decreto 445/2011 en sus artículos 7 y 10, los partidos políticos podrán emitir publicidad política en el horario central, que el decreto fija entre las 20 y la 1 del día siguiente, 2,52 minutos por día para la categoría a presidente y vice y 1,8 minutos por día en la categoría gobernador y vice. Ese tiempo ínfimo deberá repartirse además entre todas las agrupaciones políticas que presenten candidatos.

Es decir que si para la elección primaria hubiera un mínimo de 6 candidatos a presidente, los ciudadanos sólo podrían escuchar sus propuestas en el horario central durante 1,26 minutos cada tres días, algo que resulta absolutamente insuficiente a los fines de que el electorado pueda tomar una decisión informada.

Peor aún resulta para el caso de la categoría gobernador. En el mismo supuesto, los candidatos contarían con 0,9 minutos, es decir 54 segundos cada tres días para presentar al electorado sus propuestas .

Llamará sin dudas la atención, que el decreto presidencial aborde la categoría "gobernador". Pues bien, además, este decreto es claramente inconstitucional porque a través de facultades reglamentarias que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo el Gobierno modifica una ley nacional, invadiendo facultades legislativas exclusivas del Congreso , ya que no corresponde regular por decreto la adhesión al régimen de la publicidad en campaña para gobernador si la ley nacional no tenía prevista esta posibilidad, ya que no se trata de una ley de adhesión.

Así, cada provincia debería haber regulado para las categorías que les son propias, según cada constitución provincial, estas mismas limitaciones a la publicidad electoral en sus respectivas legislaciones. Sin embargo, ninguna provincia adoptó semejante régimen de censura política.

Pese a ello, el gobernador Scioli pretende hacer aplicables estas mismas restricciones a la publicidad electoral en territorio bonaerense, a través de un reglamento de ejecución por el que se convoca a elecciones, como es el decreto 333, estableciendo una prohibición de contratación que no está contemplada en la ley provincial y consumando así la violación que propone el Ejecutivo Nacional.

Todo apunta entonces a procurar transmitir un mensaje único, limitando y acallando a las voces opositoras.

Otro ejemplo: en el decreto reglamentario se fija el tiempo máximo de emisión de los avisos electorales en 120 segundos (art. 14), es decir la mitad de lo que dura el candombe en homenaje a Néstor Kirchner que el Gobierno se cansó de transmitir durante los partidos de fútbol.

Es imprescindible y urgente modificar la legislación electoral para prohibir expresamente la utilización de publicidad oficial durante el tiempo que dure la campaña electoral, así como limitar al máximo las acciones de Gobierno que puedan ser usadas como tribunas de propaganda para los candidatos oficialistas. La unidad de los dirigentes de la oposición es indispensable. De otra forma nuestra democracia política seguirá languideciendo y cuando la sociedad lo advierta será demasiado tarde.

Estos ardides de la ingeniería electoral oficialista son una triste continuación de las candidaturas testimoniales, de los candidatos truchos y de los aprietes a quienes cuestionamos el poder oficial, a través de jueces adictos.

Cabe preguntarse si esas conductas totalitarias se condicen con los "auspiciosos" números que gustan exhibir los funcionarios oficiales, o más bien son gestos que muestran la desesperación y descomposición del aparato de poder kirchnerista.