Una mejor ley de adopción
*Por María Luis Storani y Laura Musa. Si no fuera parte del texto de la ley de adopción vigente, parecería una provocación decir que hoy, al decretar el estado de adoptabilidad de un niño y hacerlo efectivo, "se borran todos los vínculos de parentesco con la familia de origen".
Nuestro país ha recorrido un largo y doloroso camino en el reconocimiento del derecho a la identidad y la ley de adopción actual no incluye este aprendizaje.
Hemos reconocido también, suscribiendo la Convención sobre los derechos del Niño y su ley de Protección Integral, que la pobreza nunca podrá ser causal para la separación del niño de su familia de origen . Sin embargo, bajo la denominación de abandono moral o material (pobreza) se justifican buena parte de las adopciones, que podrían tornarse ilegales.
Estos dos elementos están en el debate abierto por la necesidad de la reforma legal de la adopción. Catorce proyectos en la Cámara de Diputados esperan su tratamiento, que en un inusual consenso de bloques incorporan cuestiones imprescindibles : la centralidad de los derechos del niño y su familia de origen en el marco de un debido proceso en el que sean parte, tanto en la adoptabilidad cuanto en la adopción.
El establecimiento de plazos ciertos en cada etapa, la obligación de fundar judicialmente el agotamiento por parte de los organismos de protección de todas las medidas y recursos del Estado para fortalecer la posibilidad de que el niño sea criado en su ámbito familiar. Que agotadas todas las posibilidades, la adopción se dé en el marco de un proceso riguroso en el que el niño, su familia y los adoptantes sean parte, con todas las garantías, de la tutela judicial efectiva y el irrestricto derecho a la defensa técnica.
Se avanza en el establecimiento de un solo tipo de adopción, la simple , que permitirá que el niño adoptado pueda integrar legalmente su familia de origen junto a la adoptiva sin que una fórmula jurídica decrete la extinción de vínculos reales con su familia de origen y ampliada.
Lo único que debe primar para decidir sobre el niño es su respeto a la identidad, su derecho a vivir en familia y su derecho a ser oído.