Una industria no querida
La Argentina cuenta con amplios recursos mineros que, bien aprovechados, la ayudarían a atenuar el pavoroso déficit social que a pesar del fuerte crecimiento económico de los años ya puede calificarse de "estructural".
Mal que bien, nuestras tradiciones en la materia son muy distintas de las de otros países, de suerte que no es del todo sorprendente que los esfuerzos tardíos por impulsar la explotación de los yacimientos hayan chocado con la oposición virulenta de muchas organizaciones políticas y ecologistas. Por ser cuestión de un tema emotivo, es probable que el movimiento que se ha puesto en marcha cobre más fuerza en los próximos meses. De ser así, se trataría de una mala noticia para el gobierno nacional de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, que con toda seguridad entiende que las protestas contra los proyectos que están desarrollándose en Famatina, en la provincia de La Rioja, y otros lugares del país le plantean un desafío que podría costarle el apoyo de los sectores más xenófobos y anticapitalistas del progresismo local, razón por la que ha preferido no aludir demasiado al tema. Sin embargo, de producirse más manifestaciones tan concurridas como la que fue celebrada en Famatina el jueves pasado con la asistencia de aproximadamente 10.000 personas, la presidenta tendrá que aclarar su propia postura frente a los eventuales beneficios y las inevitables desventajas ambientales de impulsar la minería.
No le será sencillo convencer a los activistas, ya que en sus filas se encuentran extremistas que, a juzgar por sus declaraciones, quisieran dejar donde están el oro y otros minerales sin tocarlos jamás o, en el caso de los relativamente moderados, expulsar del suelo patrio a todas las empresas multinacionales, en especial las canadienses, australianas y estadounidenses, que dominan la industria. Parecería que para quienes piensan de este modo cualquier participación foránea en la explotación de los recursos naturales es intolerable no sólo por constituir, en palabras de uno, una forma de "genocidio" por su incidencia en la salud de los habitantes de la zona sino también por suponer la violación de la soberanía nacional.
Desde el punto de vista del gobierno nacional y también de los provinciales, la actitud de los militantes ecológicos y de los vecinos de las áreas afectadas que se han sumado a las protestas es irracional porque, entre otras cosas, las empresas involucradas están acostumbradas a respetar pautas internacionales que son muy severas, de suerte que no existe peligro alguno de que se repita en partes escasamente pobladas del interior la catástrofe que ha hecho del Riachuelo un monumento a la irresponsabilidad ambiental. Según los expertos en minería que, por supuesto, se sienten comprometidos con la industria, las advertencias de los ecologistas y sus aliados son grotescamente exageradas y, de tomarlas en serio, el país se vería privado de las decenas de miles de millones de dólares que de otro modo provendrían de la exportación de los recursos ya encontrados. Pueden señalar que la prosperidad envidiable de Australia, país en que el ingreso per cápita es tres veces más alto que en el nuestro, debe mucho a la explotación vigorosa de sus riquezas mineras y que por lo tanto nos convendría adoptar una estrategia parecida.
Huelga decir que la Argentina dista de ser el único país en que los ambientalistas, a menudo respaldados por agrupaciones de la ultraizquierda, están procurando frenar la explotación de los recursos naturales. En Estados Unidos y Canadá su prioridad actual consiste en frustrar lo que bien podría resultar ser una revolución tecnológica de enorme importancia que, al permitir la extracción de gas y petróleo de depósitos arenosos y shale –rocas sedimentarias o esquisto–, en un lapso muy breve podría asegurarles la autosuficiencia energética, lo que modificaría radicalmente el panorama geopolítico internacional. Aquí también el aprovechamiento del shale gas serviría para amortiguar el impacto de la crisis energética que ya ha comenzado a hacerse sentir, pero para lograrlo será necesario superar primero la oposición vehemente de muchos a cualquier intento de explotar los recursos del subsuelo.
No le será sencillo convencer a los activistas, ya que en sus filas se encuentran extremistas que, a juzgar por sus declaraciones, quisieran dejar donde están el oro y otros minerales sin tocarlos jamás o, en el caso de los relativamente moderados, expulsar del suelo patrio a todas las empresas multinacionales, en especial las canadienses, australianas y estadounidenses, que dominan la industria. Parecería que para quienes piensan de este modo cualquier participación foránea en la explotación de los recursos naturales es intolerable no sólo por constituir, en palabras de uno, una forma de "genocidio" por su incidencia en la salud de los habitantes de la zona sino también por suponer la violación de la soberanía nacional.
Desde el punto de vista del gobierno nacional y también de los provinciales, la actitud de los militantes ecológicos y de los vecinos de las áreas afectadas que se han sumado a las protestas es irracional porque, entre otras cosas, las empresas involucradas están acostumbradas a respetar pautas internacionales que son muy severas, de suerte que no existe peligro alguno de que se repita en partes escasamente pobladas del interior la catástrofe que ha hecho del Riachuelo un monumento a la irresponsabilidad ambiental. Según los expertos en minería que, por supuesto, se sienten comprometidos con la industria, las advertencias de los ecologistas y sus aliados son grotescamente exageradas y, de tomarlas en serio, el país se vería privado de las decenas de miles de millones de dólares que de otro modo provendrían de la exportación de los recursos ya encontrados. Pueden señalar que la prosperidad envidiable de Australia, país en que el ingreso per cápita es tres veces más alto que en el nuestro, debe mucho a la explotación vigorosa de sus riquezas mineras y que por lo tanto nos convendría adoptar una estrategia parecida.
Huelga decir que la Argentina dista de ser el único país en que los ambientalistas, a menudo respaldados por agrupaciones de la ultraizquierda, están procurando frenar la explotación de los recursos naturales. En Estados Unidos y Canadá su prioridad actual consiste en frustrar lo que bien podría resultar ser una revolución tecnológica de enorme importancia que, al permitir la extracción de gas y petróleo de depósitos arenosos y shale –rocas sedimentarias o esquisto–, en un lapso muy breve podría asegurarles la autosuficiencia energética, lo que modificaría radicalmente el panorama geopolítico internacional. Aquí también el aprovechamiento del shale gas serviría para amortiguar el impacto de la crisis energética que ya ha comenzado a hacerse sentir, pero para lograrlo será necesario superar primero la oposición vehemente de muchos a cualquier intento de explotar los recursos del subsuelo.