Una estrategia equivocada
* Por Alicia Miller. Iniciado septiembre, las campañas electorales en Río Negro han tomado renovada energía. Al mismo tiempo que se disipan las dudas generadas por impugnaciones a candidatos.
El tiempo psicológico tiene ritmo de cuenta regresiva: en 21 días la provincia conocerá quién la gobernará durante los próximos cuatro años.
El clima subjetivo cambia según los partidos y sectores.
El radicalismo vive abrumado las citaciones judiciales a varios funcionarios –su candidato será indagado el martes por los sobresueldos–, mientras su humor se malogra por las encuestas adversas, las fracturas internas y el desorden en el gabinete. En sus declaraciones destempladas y acusaciones a jueces se advierte una irritación que tiene mucho de desánimo.
La habilitación de la candidatura a intendente de Jorge Ferreira es la única buena noticia que recibió esta semana el partido que gobierna la provincia desde 1983. Aun así, la multiplicidad de colectoras amenaza con complicar por "fuego amigo" las aspiraciones locales del viedmense y de otros candidatos oficiales. En Catriel, por caso, la intendenta María Rosa Iémolo eludió la interna y va por dos cargos por partidos diferentes: legisladora por la Concertación e intendenta por Unidos por Río Negro.
El resto de las fórmulas provinciales registra bien esa brecha entre el habitual triunfalismo y el actual nerviosismo de la UCR, que vuelve evidente el abuso de los recursos estatales con fines proselitistas.
El candidato del Frente para la Victoria, Carlos Soria, exhibe junto a Alberto Weretilneck un despliegue similar de inauguraciones oficiales y actos que confunden lo partidario con lo institucional.
Su esfuerzo por demostrar poder llegó al cenit el viernes en Bariloche, durante el acto que presidió el aspirante a vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. El respaldo explícito a la fórmula era un espaldarazo largamente esperado por su doble efecto: hacia la propia militancia y por desalentar el esfuerzo de Barbeito por definirse como aliado K.
Aun así, Soria y Weretilneck mantienen un perfil inusualmente sereno. Lo fundan en la certeza de que la ventaja que les otorgan las encuestas refleja no sólo la intención de voto propia sino la voluntad de buena parte del electorado de generar un recambio gubernamental que oxigene las instituciones del Estado. Por eso prefieren hablar al conjunto y no sólo a sus partidarios.
Aportan como evidencia un reciente relevamiento que refleja el desgaste de la gestión Saiz, además del contacto de empleados y profesionales de la administración que exhiben malestar por el estado actual de los servicios públicos.
Esa misma convicción llevó a Magdalena Odarda y a Jorge Ocampos –candidatos a gobernadora y a vice por la Coalición Cívica ARI– a tomar distancia del gobierno de Saiz y a definirse como alternativa a Barbeito y a Soria.
Esto terminó de enojar al gobernador, quien contó con el aval parlamentario de Odarda en la mayoría de las iniciativas que impulsó durante su gestión y que lamenta que varios radicales –entre quienes se cuentan Ocampos y el roquense Marcelo Marco– vayan en listas de la Coalición Cívica, sumando dispersión a las ya confusas colectoras.
Lejos de todo nexo con unos y otros, Omar Lehner, candidato a gobernador por la Confluencia para la Emancipación Rionegrina, invita por eso a la gente a votarlo, señalando que él representa "el cambio, pero el cambio de verdad".
Su tardía habilitación dejará a la fórmula Demócrata Progresista con poco tiempo para promover su propuesta.
Y la izquierda, en tanto, se divide entre la postulación de José Vergara y Eliseo Antinori –por el Partido Comunista– y Amalia Quintillán y Norma Dardik por el Partido Obrero.
En ese marco político la gestión Saiz se debate en marchas y contramarchas, sin capacidad de reacción ante problemas añejos como el deterioro de la atención de la salud en hospitales de la Región Sur, los contratos "basura" en las delegaciones de Familia y las falencias en el servicio de la obra social.
Su única estrategia ha sido apostar otra vez por acercarse a los sindicalistas estatales aliados y otorgar –a un mes de las elecciones– un aumento de 300 pesos, no remunerativo y sólo por dos meses.
Según se mire, el anuncio puede ser interpretado como generoso, mezquino o decididamente inmoral. Descartada la primera opción por ingenua, sólo queda leerlo como un intento de comprar –con dinero ajeno– la voluntad electoral de los agentes públicos, afectando su dignidad ciudadana.
No es la única presión que el sector recibe por estos días. La mayoría de los contratados que rindieron hace un año el examen para pasar a planta permanente no tiene aún firmada la resolución. Y en varios organismos denuncian manejos tendientes a inducir el voto oficialista, bajo amenaza de quedarse sin trabajo.
Pero la principal muestra del nerviosismo en el gobierno fue, esta semana, la cancelación de la compra de un costoso vehículo hidrante, acorazado y cotizado en unos 3.000.000 de pesos destinado a equipar a la Policía de medios para dispersar movilizaciones. La licitación estaba en marcha y se recibieron dos ofertas. Pero, no bien se publicó la noticia, el ministro de Gobierno –Diego Larreguy– canceló el expediente de compra, diciendo que la Policía tiene "otras prioridades".
La contramarcha habría intentado evitar que el radicalismo mostrara un perfil represor a 20 días de las elecciones. Sobre todo, cuando resultaría difícil justificar ese dispendio al no haber ninguna hipótesis cierta de conflictividad social que lo requiera. Cuando hubo cortes de ruta –el de los docentes en Chichinales o de los productores camino al puerto– el gobierno eludió toda acción de desalojo o dispersión, para gran pesar de funcionarios de la Justicia Federal que deseaban ver liberado el tránsito. En uno de esos casos el gobernador Saiz ni siquiera suspendió sus vacaciones.
Los casos lamentables que se atribuyen a abusos en la represión policial –las tres muertes de Bariloche, la de Viedma y otras no menos graves– parecieron obedecer a falta de capacitación, de disciplina y de organización en la fuerza rionegrina más que a una voluntad institucional de represión indiscriminada.
Sea como fuere, resta saber si suspender la licitación no terminará ocasionando más gastos que la pretendida compra que le dio origen, por el intempestivo cambio de las reglas de juego que podrían invocar los oferentes.
Desinteligencia en el gobierno, falta de diálogo o arrepentimiento para evitar el descontento público, el suceso confirma los problemas de gestión que sobrelleva el gabinete de Saiz. Y de los cuales la renuncia del secretario Osvaldo Mildenberger fue otro botón de muestra.
Esta semana, el gobierno tendrá que repartirse entre los despachos judiciales, los escenarios políticos y los tironeos de la administración.
La campaña, en la calle, adquiere mayor presencia. Los candidatos recorren la inmensa geografía provincial en procura de comunicar, convencer y conquistar. La intención de voto, no obstante, estará ya definida en la conciencia de la mayoría de los ciudadanos.
ALICIA MILLER