Una disputa que parece no tener fin

En la madrugada del viernes estalló un feroz motín en la Comisaría 3A, dependiente de la Policía de la Ciudad, ubicada en Lavalle al 1900. Allí, los presos rompieron los candados y se enfrentaron con la Policía. Uno de los amotinados dijo haber sido abusado sexualmente. Pero el trasfondo es otro.

El trasfondo violento pudo ser sofocado por el personal policial con la colaboración de médicos del SAME. Pese a todo el revuelo, no se encontraron heridos. 

Usted se preguntará por qué empezó el lío. Se lo explicaré en pocas palabras. Los amotinados no pedían ser liberados, quieren ser trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Federal. La comisaria del motín tiene capacidad para 11 alojados y viven allí 22 personas, bastante bien le diría. 

Hay un cuello de botella porque hay un récord de presos. En todas las comisarias porteñas, y sus alcaidías, hay capacidad para 600 presos. Al presente hay alojadas 800 personas, cuando no deberían pasar más de 24 o 48 horas alojados allí. 

La cuestión es que Servicio Penitenciario Federal se encuentra intervenido y no recibe más alojados, ya que está desbordado. Con lo cual pueden pasar dos cosas: o adelantan libertades, o se producen serios incidentes con los alojados que pretenden, y con derecho, vivir como personas.

En la Provincia de Buenos Aires pasa lo mismo o peor. Lo que ocurre es que no trascienden los pedidos, pero se multiplican las fugas.

Mientras tanto, la política hace de la suyas. El Ministro de Seguridad de la Ciudad reclama en todos los frentes, hasta querelló en la Justicia Federal al Servicio Penitenciario Federal por no otorgar el cupo de alojados, ya que el sistema Federal debe alojar a los presos de la Ciudad. 

La Ciudad produce cerca de 2.500 detenciones mensuales. La mitad quedan presos, los otros salen en libertad.  Mientras tanto, la intervención del Servicio Penitenciario Federal contestó que recibe presos. Textualmente se informó: “Desde el momento que tomé la Intervención a mi cargo, no se ha interrumpido el ingreso de personas detenidas en el ámbito de CABA, siempre conforme a lo solicitado por las autoridades de esa jurisdicción y de acuerdo a las plazas de aislamiento, para respetar el protocolo de especialmente diseñado en función del Covid. Se trata que las personas ingresantes no contagien al resto de las personas privadas de su libertad”.  

Alguien falta a la verdad. Tal vez, si construyeran más y mejores   cárceles esto no pasaría.  La Ciudad, que tantas veces arregla la misma vereda o la misma calle, podría destinar los millones que aplica en propaganda política y construir una o varias unidades de alojamiento.