Una deuda de la democracia
*Por Cecilia Merchán. En los últimos meses logramos instalar en la Cámara de Diputados la discusión del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Este proyecto es impulsado por más de 200 organizaciones que conforman la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, acompañado por 16 universidades nacionales, colegios profesionales, 50 diputados y diputadas, organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnesty Internacional, entre otros.
Propone sacar de la clandestinidad a las más de 500 mil mujeres que todos los años, y por múltiples motivos, deciden interrumpir un embarazo. También generar un marco de equidad social para dar seguridad a las 70 mil mujeres que terminan internadas en hospitales por complicaciones por abortos y de las cuales mueren entre 80 y 100 inútilmente, todas jóvenes y pobres.
Es una deuda de la democracia, teniendo en cuenta que desde 1983 murieron tres mil mujeres por esta causa evitable.
El proyecto se hace eco de la jurisprudencia internacional, de la legislación comparada, de las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la necesidad de intervenir urgentemente sobre la realidad que nos plantea que el aborto clandestino es la principal causa de mortalidad materna.
Desde hace unos días, una joven de 24 años, madre de tres hijos, agoniza en Puerto Madryn luego de practicarse un aborto inseguro. El médico del hospital explicitó que el tabú y el miedo a ser denunciada le impidieron a esta muchacha admitir que se había practicado un aborto y poder recibir la atención que corresponde ante una infección que complicó el cuadro. Como mujer pobre, debió realizarse el aborto con sus propios medios, en condiciones totalmente inseguras.
Situaciones injustas. Estas son las historias de las cifras sanitarias. Historias llenas de situaciones injustas donde queda al descubierto la falla en nuestra legislación.
Así, la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y darle un marco normativo y sanitario pareciera ser evidente como una cuestión de derechos humanos, de equidad social y de acceso a la salud.
Sin embargo, hay quienes se oponen a que se lleve adelante esta ley que, en otros países, redujo casi a cero la mortalidad como así también la reincidencia, debido a la adecuada atención posaborto que permite un conocimiento de cuáles deben ser los mejores anticonceptivos de acuerdo a realidad cultural, afectiva y personal de la mujer.
Hay un contrasentido en que los mismos sectores que se opusieron a la creación de las leyes de Salud y Educación Sexual, a la utilización de la pastilla del día después, hoy tratan frenar este debate en el Congreso con falsos argumentos.
El aborto clandestino es un gran negocio que mueve 1.200 millones de pesos por año, y por eso hay quienes se oponen a la legalización porque les conviene la clandestinidad para seguir haciendo dinero con la salud y la decisión de las mujeres.
Otros sectores intentan modificar el artículo 86 del Código Penal que habla de los abortos no punibles (en casos de violación, cuando corre riesgo la vida de la mujer y cuando el embrión es inviable). Entonces, en lugar de debatir si es necesario legalizar el aborto, pretenden discutir algo que no corresponde al Poder Legislativo y de ese modo no avanzar en el problema de fondo.
El cumplimiento de ese artículo es responsabilidad del Poder Ejecutivo, que debe implementar la Guía Integral de Atención de Abortos No Punibles, que orienta tanto al sistema de salud como al Poder Judicial.
Quienes estamos por la legalización somos quienes más trabajamos para que no existan los embarazos no deseados y por eso la consigna de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Este debate se da en diferentes ámbitos sociales porque la ciudadanía argentina da constantes muestras de madurez ante temas supuestamente controvertidos y porque está dispuesta a discutir las cosas que le ocurren sin hipocresías, sin velos y sin dobles discursos.
Nuestra responsabilidad como legisladores es dar un marco legal a lo que ocurre en la sociedad. Desde nuestro lugar debemos preguntarnos si estas 500 mil mujeres merecen ir presas, terminar internadas o muertas.