Una de las invitadas a la fiesta en Olivos pedirá la inconstitucionalidad del DNU que impuso la cuarentena

Mientras avanza la causa judicial que investiga las visitas a la quinta de Olivos en plena cuarentena estricta, Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yañez y una de los invitados a su cumpleaños en julio del 2020, planteará ante la Justicia la inconstitucionalidad del DNU presidencial que estableció el aislamiento obligatorio. Lo hará a través de su abogado, Mauricio D’Alessandro.

En otras palabras, una de las acusadas de violar la cuarentena, junto al presidente Alberto Fernández, y en la quinta presidencial, planteará la nulidad de la medida decretada por el propio Presidente que prohibía la posibilidad de realizar reuniones como la del 14 de julio del 2020 por el cumpleaños de la primera dama. Así lo anticipó el periodista Nicolás Wiñazki en TN.

Aunque en la investigación que lleva adelante el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello no tiene imputados, Stefanía Domínguez presentó un abogado: Mauricio D’Alessandro, conocido mediáticamente y en el mundo político. El Presidente aún no se ha presentado en la causa ni siquiera con defensor, pero sí lo hicieron el resto de los investigados, entre ellos Fabiola Yañez.

Este jueves, el fiscal solicitó información para determinar si la primera dama y el resto de los invitados al evento tenían el permiso que se requería para circular como los que eran obligatorios para aquellas personas que cumplieran tareas esenciales. No obstante, no existía un permiso que habilitara a reuniones sociales.

“Para decir que no se puede salir de la casa no alcanza con un decreto. El artículo 23 de la Constitución dice que es necesario decretar el estado de sitio a través del Congreso de la Nación para limitar el derecho a la reunión. Es algo técnico y legal. Se necesita una ley”, dijo D’Alessandro.

“No pueden limitar derechos de transitar o reunirse sin una ley del Congreso. No es posible que se le aplique, no solo a Stefanía, a ninguno de aquellos que salieron a la calle y recibieron las 55.000 causas penales que hay”, agregó el representante de Domínguez, que también es abogada.

Aunque calificó la fiesta en la quinta de Olivos como “una barbaridad desde lo ético”, D’Alessandro, aseguró que “desde lo legal no hay derecho a instruir una causa contra ninguno de los que está allí”, y reconoció que “si el decreto es declarado inconstitucional, el Presidente podría beneficiarse”.

El letrado, que anticipó que no esperará a una citación para hacer la presentación, dio detalles de cuál es el vínculo entre su defendida y la primera dama: “Ella es amiga desde 2014, porque son del interior: vinieron, estudiaron teatro juntas en una academia y se generó un grupo de amigas que dura hasta ahora”.

El abogado también calculó que deben existir entre 20 y 30 fotos del encuentro. “Le tratan de atribuir a determinadas personas la divulgación de las fotos, con un interés espurio. Había diez personas, cada uno tomó una o dos fotos. Si cada uno se la pasó a una o dos personas, las fotos estuvieron durante un año en los celulares de por lo menos 40 personas”, concluyó.