Una cuestión de soberanía minera

Un informe publicado por EL ANCASTI reveló que:

- Hay 2.162 minas declaradas en Catamarca.

- 1.171 de ellas (54%) fueron ya concedidas a empresas y particulares para prospección y exploración.

- Los concesionarios son 156.

- En total, fueron otorgadas para cateos y exploración en toda la provincia 23.713 hectáreas, lo cual representa más del 22% de las 106.602 hectáreas que tiene el territorio provincial.

- El Estado provincial recaudó sólo 3 millones de pesos durante 2010 en concepto de canon por derechos de exploración.

Tal es en resumidas cuentas la situación del padrón minero catamarqueño.

La información, de fuentes oficiales, disparó un debate en el que el inicial intento por deslindar responsabilidades en cuanto al control sobre los pedimentos mineros otorgados derivó en un análisis de mayor alcance, que puso en evidencia dos limitaciones inquietantes para una provincia donde la minería es considerada fuente principal, casi insustituible, de financiamiento para un desarrollo autónomo.

En primer lugar, que ni la Secretaría de Minería ni el Juzgado de Minas cuentan con recursos materiales y humanos suficientes para controlar con eficacia que se cumplan los compromisos que los beneficiarios de los pedimentos mineros asumen al obtener la concesión.

Luego, que el valor del canon anual que los concesionarios pagan, establecido por ley nacional, está congelado desde 1994, o sea desde hace 17 años, lo que los vuelve irrisorios y fomenta la especulación individual y corporativa a un costo económico que de tan bajo deviene ridículo, comparado con las fabulosas ganancias que arroja la actividad minera a gran escala.
Ambas deficiencias constituyen un riesgo no menor para la soberanía que la provincia tiene, en teoría, sobre sus recursos minerales.

Llama la atención especialmente que este tema recién se incorpore ahora a la agenda política.
El lanzamiento de la megaminería argentina se realizó en Catamarca hace casi tres lustros, en 1997, con la explotación de Bajo La Alumbrera. En quince años, jamás autoridad o representante provincial alguno planteó lo que ahora, con la actividad consolidada, se plantea.
La desidia sobre la actualización del canon y el seguimiento de la evolución del padrón minero exhibe una irresponsabilidad más cuestionable en tanto la política catamarqueña declama una coincidencia casi unánime en torno a la minería como política de Estado. Las palabras no han sido consecuentes con los hechos. La protección del patrimonio minero no pasa sólo por elaborar alquimias discursivas, sino por establecer mecanismos para salvaguardarlo de la acción especulativa y fortalecer la potestad estatal sobre su administración.

Una ganga

De acuerdo con el Código de Minería, las áreas mineras son concedidas por el Juzgado de Minas por medio de una sentencia que se redacta luego de que la Secretaría de Minería de la provincia informa si la zona pedida está libre y no tiene obstáculos para su exploración.

Cualquiera puede iniciar el trámite, ya que el Código de Minería no establece requisitos.

La Secretaría de Minería de la provincia aclaró que no es su responsabilidad controlar las minas otorgadas. "Las minas que tienen actividad de prospección es una manifestación de investigación geológica minera no invasiva. Mientras no se utilicen equipos pesados, no se las controla; ni tienen obligación de declarar actividades porque sólo son una manifestación administrativas", dijo el secretario Jorge Eremchuk. En esa primera etapa, la fiscalización por el cumplimiento de los plazos para la inversión es del Juzgado de Minas, aclaró.

Tales manifestaciones son ciertas, pero dejan irresuelta la cuestión de fondo: cualquiera, independientemente de su solvencia, está en condiciones de obtener un pedimento minero para esperar la llegada de alguien que le pague.

El canon anual que deben pagar quienes consiguen la concesión del pedimento es absurdo: $80 anuales para las minas de oro y plata de primera; $800 anuales las de minerales diseminados (la mayoría de los metalíferos); $40 las de segunda categoría.

El descubridor está exento del pago del canon por tres años.

Como se señaló, estos valores se arrastran sin modificación desde 1994.

Punto neurálgico en la cuestión, no menor: el Código establece que la inversión mínima que debe realizar el concesionario no puede ser menor a 300 veces el valor del canon, y puede desembolsarse en cinco años. Esto da, en el caso del canon más alto, $800 anuales para minas de minerales diseminados: $ 240.000 en el quinquenio, o 48.000 por año.

Debate nacional

Un artículo de la publicación "Inversor Minero" consigna que el tema fue tratado en el encuentro de la minería nacional Ar Minera realizado en mayo en Buenos Aires. Representantes de las provincias manifestaron que es preciso alcanzar un acuerdo para reformular la ley de Reordenamiento Minero en el Congreso, a través del Consejo Federal Minero.

"La actualización del canon persigue no sólo recomponer los ingresos provinciales en materia impositiva, sino fundamentalmente evitar la adquisición de concesiones mineras con fines especulativos", dice la publicación.

"Los valores han quedado tan desactualizado

s que permiten que resulten concesionarios de áreas mineras empresas que no tienen una verdadera vocación exploratoria", dijo Martín Sánchez, director de Minería de Jujuy.

Las facilidades para la actividad especulativa resultan obvias, como obvia surge la necesidad de ponerle coto a través de políticas concretas.
Por un lado, es preciso actualizar el valor del canon, que precisa de consensos políticos nacionales para avanzar en el Congreso.
Por el otro, y esto ya atañe a la provincia, la Secretaría de Minería y el Juzgado de Minas tienen que ser dotados de recursos económicos y humanos para ejercer un poder de policía efectivo sobre las áreas otorgadas, al margen de las responsabilidades deslindadas por el secretario Eremchuk.

Riesgos

Es evidente que si cualquiera puede hacer un pedimento y sostenerlo con tanta facilidad, las carencias en materia de control vuelven muy porosa la frontera catamarqueña.
No pueden descartarse maniobras de mayor envergadura que las simples especulaciones particulares, instrumentadas por intereses corporativos. Mucho menos cuando, como este Mirador señaló el domingo pasado, por el dinamismo de la actividad minería y su proyección como negocio multimillonario, existe ya una puja por los modelos a aplicar desde el Estado.
La disputa podría sintetizarse en la confrontación entre el sistema que pretende exportar al resto de las provincias el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, donde el sector público percibe regalías y hay un fuerte conglomerado empresario local -al que el propio Gioja no es ajeno- vinculado a la minería, y el que se aplicó en Catamarca y promueve con énfasis el gobernador riojano Luis Beder Herrera, donde el Estado se asocia a los privados en las explotaciones y obtiene no sólo regalías sino también parte de las ganancias.
En este marco, se impone establecer mecanismos preventivos contra la especulación y la voracidad de intereses políticos y empresariales al margen de la voluntad política provincial. Hay un significativo atraso al respecto.

Atento a esto: en los últimos años se han concedido extensas áreas en Antofagasta de la Sierra. Y la puna es el reservorio mundial más importante de litio, un mineral de importancia estratégica.

Parece urgente, al tiempo que se trabaja en los acuerdos nacionales para actualizar el canon congelado desde hace 17 años, avanzar en la depuración del padrón minero y montar una estructura de controles que cierre las puertas a la especulación. No sólo para evitar que se enriquezcan algunos inescrupulosos, sino para preservar la potestad provincial sobre sus riquezas del avance de intereses foráneos.

CAJÓN

La desidia exhibe una irresponsabilidad más cuestionable en tanto la política catamarqueña declama una coincidencia casi unánime en torno a la minería como política de Estado.

La Secretaría de Minería y el Juzgado de Minas carecen de recursos para ejercer un poder de policía efectivo sobre las áreas mineras otorgadas.