Una agenda de Justicia para debatir en la campaña

La elección presidencial puede ser un momento de debate acerca del modelo de país que queremos, de los lineamientos de las grandes políticas públicas nacionales y de la metodología necesaria para conseguir los objetivos planteados. Un debate clave, en este sentido, está vinculado con el fortalecimiento de la Justicia y la tarea de convertir la Argentina en un Estado de derecho.

El primer desafío está relacionado con el acceso de todas las personas a la Justicia. En nuestro país, la poca eficacia y las barreras de acceso a la Justicia magnifican las desigualdades sociales y profundizan la huida a mecanismos informales y a veces violentos de resolución de conflictos que incrementan la impunidad de la criminalidad más grave y compleja, enmascaran la discreción judicial y no oponen ningún dique a los abusos del poder o a la corrupción.

Muchos ciudadanos carecen de alfabetización jurídica, lo que les impide conocer sus derechos y saber cómo defenderlos. Además, existen barreras económicas, geográficas y arquitectónicas para acceder a la Justicia. Según estudios del Cippec, las necesidades jurídicas insatisfechas superan el 98% y un 69% de los hogares no accede a servicios jurídicos en algunas regiones del país.

Por otro lado, los tribunales están sobrecargados. Atienden gran cantidad de causas con recursos y procedimientos obsoletos, lo que aumenta la ineficacia y demora la resolución de los conflictos. Según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2009 (últimas disponibles), de 413.992 expedientes tramitados ante los 110 juzgados nacionales en lo Civil de la Capital Federal durante ese año sólo se resolvieron 60.610. Una cultura judicial todavía conservadora y resistente al cambio no favorece la apertura e inmediatez de la Justicia y el acercamiento de los jueces a la gente.

No obstante, en los últimos años se produjo un gran avance hacia una mayor transparencia de la Justicia. En el 2003 el Poder Ejecutivo Nacional incorporó juristas idóneos e independientes a la Corte Suprema que relegitimaron su rol en la sociedad. Desde entonces el máximo tribunal ha tenido un rol activo en la fijación de políticas y límites al poder. Además, parte de la Justicia se ha decidido a participar con mayor protagonismo en el debate acerca del alcance de las políticas públicas a través de sus decisiones.

Por otro lado, una institución clave como el Consejo de la Magistratura ha sufrido reformas de dudoso resultado. En el 2006 se sancionó una ley que cambió la composición del cuerpo, lo que afectó el equilibrio entre estamentos que exige la Constitución. El Consejo no ha demostrado aún que puede ser un órgano eficaz e independiente del Poder Ejecutivo y los procesos para designar y remover jueces son poco transparentes y lentos.

Además, nuestro país todavía carece de un conjunto de políticas clave para consolidar el rol de la Justicia en la lucha contra la corrupción. De 178 países, la Argentina se ubicó en el 2010 en el puesto 105 del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (TI).

Este diagnóstico revela que las reformas necesarias para consolidar el Estado de derecho en la Argentina responden tanto a la oferta como a la demanda del servicio de justicia. Por eso, como parte del proyecto Agenda presidencial 2011-2015 (www.agenda-presidencial.org) desde el Cippec presentamos una serie de propuestas para fortalecer la Justicia de cara al próximo período de gobierno. En ellas se destacan algunos desafíos muy claros que el próximo presidente deberá sortear para fortalecer el Poder Judicial.

El primer desafío remite a la transparencia e independencia de la Justicia. Es clave que el Ministerio de Justicia, en consulta con los principales actores judiciales y la sociedad civil, elabore un proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura que establezca mecanismos de protección de la independencia judicial, de evaluación y sanción claros y mecanismos para transparentar y agilizar los concursos de magistrados. Denuncias frecuentes sobre los concursos judiciales evidencian la necesidad de promover un sistema más transparente y participativo de selección.

La creación de una academia judicial independiente formada por docentes que evalúen a los aspirantes a magistrados en sucesivos momentos puede ser una forma de resolver la cuestión. Por otro lado, no es posible que los mecanismos institucionales previstos para sancionar a jueces por mal desempeño sean usados como instrumentos de disuasión para jueces que toman decisiones que no se alinean con los poderes de turno.

Un segundo desafío está vinculado con el acceso de todos los ciudadanos a la Justicia. Mecanismos como la creación de casas de justicia, la promoción de la mediación y la negociación y la simplificación de los procedimientos civiles en casos de menor cuantía permitirían incrementar el acceso de los sectores más desaventajados de la sociedad, hoy casi excluidos de la Justicia formal.

La desproporcionada demora en los procesos judiciales es otra barrera del acceso. Reducir los tiempos de tramitación de los procesos, mejorar la atención a los usuarios y aumentar el acceso a la información judicial con un rediseño de los procesos es un desafío pendiente. El éxito de estas medidas requiere acciones coordinadas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como la adhesión de los poderes judiciales provinciales para garantizar el alcance de la política a todas las regiones del país.

En esta línea, también es recomendable crear un centro de acceso a derechos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación que analice el mapa nacional de necesidades jurídicas insatisfechas, propicie –junto con el Ministerio de Educación de la Nación– la alfabetización jurídica de las personas y las eduque en los mecanismos de protección eficiente de sus derechos.

Es vital, además, que el próximo gobierno impulse y el Congreso debata y apruebe reformas procesales y estructurales que den mayor horizontalidad al funcionamiento del sistema judicial. Es impostergable, en tal sentido, impulsar una reforma del Código Procesal Penal para establecer un sistema acusatorio pleno y del Código Procesal Civil y Comercial para establecer un sistema más flexible y oral. Estas modificaciones deberían ir acompañadas por una reforma del Ministerio Público que modernice y democratice su estructura, dando lugar a una efectiva descentralización de los fiscales y defensores por especialidad.

Por otro lado, es fundamental diseñar políticas para dotar a la Justicia de recursos que permitan combatir la corrupción. Ente otras cuestiones, es clave rediseñar la Oficina Anticorrupción para que tenga una composición plural e independencia presupuestaria. Es necesario, además, elaborar un proyecto de ley que redefina el rol de procurador general de la Nación, así como su forma de designación, y regule las competencias y recursos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, órgano que investiga casos de corrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

El principal aliado de estas reformas será la sociedad civil. Personas educadas en sus derechos, activas en cuanto a exigir su efectivo cumplimiento y conscientes del deber de la Justicia de brindar un servicio de calidad son el mejor antídoto a la opacidad y la ineficacia. Así, una política de transparencia, acceso amplio a derechos y una reforma judicial podrán convertirse en la manera que la Justicia encuentre para relegitimarse ante los ciudadanos y consolidar su poder institucional.

La política nos debe una profunda discusión de metas estratégicas para nuestro país. El Cippec invita a todos los actores interesados a debatir el rol de la Justicia como garante del Estado de derecho para definir una agenda estratégica para los próximos años.

(*) Directora del Programa de Justicia del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) www.agenda-presidencial.org