Una administración que parece contenta con el default

Cuatro iniciativas privadas para sacar al país del default tropezaron con el rechazo del Gobierno. Cristina Kirchner y Axel Kicillof prefirieron, en cambio, plantear una innecesaria crisis diplomática con los Estados Unidos. La jurisdicción del tribunal de La Haya fue descartada desde el principio hasta por reconocidos juristas argentinos, como Luis Moreno Ocampo. Pero el Gobierno parecía interesado en prorrogar el conflicto. ¿Hasta cuándo? ¿Acaso hasta que toda la deuda argentina estuviera en default? Si se mira el curso de las cosas, el Gobierno parece estar contento mientras más se adentra en el default.

Es posible que esté decidiendo sobre el caso según las mediciones de opinión pública. Como Marcelo Tinelli, respeta el rating según el minuto a minuto. Pero eso también es relativo. Un funcionario con acceso a casi todas las encuestas de los últimos días aseguró que no hubo grandes cambios a favor de la Presidente después del default selectivo. La sociedad está más asustada que exaltada por el falso patriotismo, explicó.

El Gobierno hace otra cosa: trata de cubrir los desastres de una economía en decadencia detrás de las máscaras del juez Griesa y los fondos buitre. Encontró de pronto que podía cambiar el curso y el ritmo de las cosas. Se terminó la melancolía del crepúsculo.

Ahora hay una razón para luchar y para vivir.

Demandar en La Haya a los Estados Unidos, porque un juez de Nueva York falló contra la Argentina, significa la deserción deliberada de la diplomacia. Si fuera cierto que Barack Obama puede hacer algo con el juez Griesa, una intensa gestión diplomática debió ser el primer camino elegido. Ahora bien, ¿por qué Obama podría contener a Griesa si Cristina Kirchner no pudo controlar a los jueces argentinos Ariel Lijo y Claudio Bonadio que, en poco más de un mes, procesaron dos veces por corrupción y deshonestidad a su vicepresidente, Amado Boudou?

Con todo, si la teoría de la Presidente fuera cierta, lo que el Gobierno necesitaba, y no tiene, son interlocutores confiables con Washington. No lo es Héctor Timerman, vacío y provocador; ni tampoco lo es la embajadora en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, célebre por la absoluta nulidad de su gestión. Con Washington no hay una relación buena o mala. No hay relación. Puede ser, con todo, que a partir de los días recientes esa distancia haya entrado en un punto de no retorno. El viernes, los norteamericanos se negaron a hacer diplomacia frente a los jueces de La Haya. Asunto terminado.

Kicillof, el hombre fuerte del Gobierno, es igual que Guillermo Moreno. El ministro es más joven que el ex hombre fuerte del cristinismo y tiene algunos grados más elevados de urbanidad. Pero es tan autoritario, terco y arrogante como lo era Moreno. ¿Qué lleva a Cristina Kirchner a parapetarse detrás de semejantes personajes? ¿Qué sensación de fragilidad propia la empuja a buscar tales protecciones? ¿Qué le pasa a la Presidente que ha perdido hasta los sensores de poder que había heredado de su marido muerto? Muchos integrantes del Gobierno están cansados ya de ser convocados para aplaudir discursos que no conocen de antemano y que no comparten después. Muchos buscan una puerta de salida, pero no la encuentran sin correr riesgos. Los acecha el peligro de una venganza soviética. Autoritarismo e ineficacia vienen siempre juntos.

Es cierto que Griesa dejó en el limbo el problema de los holdouts. No ejecutó la sentencia. Congeló los fondos girados por el gobierno argentino al Bank of New York, pero no permitió que se les pagará ni a los bonistas reestructurados ni a los fondos buitre. A nadie. Al juez, seguramente, le llegan versiones de que hay interesados en resolver el problema. Deja pasar el tiempo. Las criticas a él, sobre todo las que surgen desde su propio país, influyen en su irresolución. Irresolución en los actos; dureza y enojo en las palabras.

La crítica más dura la recibió Griesa de parte de Anne Krueger, la ex mandamás del Fondo Monetario, que acaba de asegurar que el fallo del juez hará en el futuro más difícil la reestructuración de las deudas de los países en crisis. Krueger fue en su momento demonizada por el kirchnerismo, pero resulta que su teoría hubiera salvado ahora al gobierno de Cristina Kirchner. Según Krueger, una mayoría calificada de acreedores de un país en crisis, que aceptara una reestructuración de deuda, debería hacer obligatoria la aceptación para la totalidad de los acreedores. Esa idea de Krueger fue duramente atacada por el kirchnerismo en su momento. El kirchnerismo es así. Dispara y destruye sin saber por qué.

Griesa no intuye mal. Hay, y hubo, interesados en resolver el conflicto del default. Sin embargo, Kicillof está más interesado en perpetrar un golpe de Estado en el Banco Central, deponer a Juan Carlos Fábrega y nombrar ahí a alguno de sus incondicionales. Está empujando de mala manera a Fábrega cuando dice que la gestión de los bancos nacionales para colocar una garantía de 250 millones de dólares en el juzgado de Griesa (que hubiera permitido una suspensión de la decisión judicial y evitado el default) fue una "operación berreta".

Esa operación fue pedida por el Gobierno y, por lo tanto, autorizada por el mismo Gobierno a través de Fábrega. Hasta se metió Jorge Capitanich con sus propios intereses. También compartió esa estrategia el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Pero la cara más seria frente a los bancos fue la de Fábrega. La confirmación de que la gestión de los bancos nacionales fue avalada por la administración cristinista vino del presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio. "El Gobierno sabía todo", aseguró. El Banco Ciudad es miembro de Adeba, la entidad que agrupa a los bancos nacionales.

También antes del día del default, el 30 de julio, cuatro bancos internacionales (JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y UBS AG) intentaron una negociación con los holdouts, pero se encontraron sin el respaldo de la administración argentina. Hasta el último fin de semana, JP Morgan, Citigroup y el financista David Martínez, con importantes inversiones en el país, buscaron un acuerdo con los holdouts mediante una garantía en el juzgado de Griesa. Tropezaron entonces con la estrategia de radicalizarse del gobierno argentino. Ya no le preocupa la cláusula RUFO, como había dicho al principio; ahora decidió que nunca pagará más que lo que concedió en los canjes de 2005 y 2010. Son miles de millones de dólares de diferencia que ningún banco asumirá como un quebranto garantizado de antemano.

La última gestión la hizo en solitario Goldman Sachs. Habló con más de 200 titulares de juicios contra la Argentina. Proponía comprar todos los juicios por unos 9500 millones de dólares (significan ahora unos 15.000 millones de dólares), pero necesitaba la garantía de que luego de diciembre el gobierno argentino le entregaría bonos por la cantidad pagada. El Gobierno se encerró en su nueva estrategia. Ni un dólar más que lo acordado en los canjes anteriores. Las resoluciones de Griesa y de las otras instancias de la justicia norteamericana no existen. Sólo existe la voluntad de Cristina y de Kicillof. El país gira alrededor de esa incertidumbre. ¿Raro? No. Los argentinos nunca saben de qué estará hecho el futuro.

Griesa no es el culpable de los males de la economía. Antes de su irrupción, la Argentina cristinista ya padecía la escasez de dólares y una inflación que está más cerca del 40 que del 35 por ciento anual. Y ya se había abatido sobre la economía una recesión que profundizará la caída del PBI per cápita durante todo el segundo mandato de la Presidente (-1, según el estudio de analistas privados). Felipe González suele decir que la gestión de un presidente debe evaluarse según una sola medida: si dejó más rico o más pobre a su país. Cristina Kirchner no podría pasar por esa prueba.

El default es un riesgo para el futuro próximo, pero no explica lo que está sucediendo ahora. Podría abrir en adelante las compuertas de una emisión monetaria récord en la historia de emisiones de la Argentina. La desconfianza externa condenará seguramente al Banco Central a dejar de comprar dólares, porque sencillamente nadie venderá dólares. Hay una novedad en la que nada tienen que ver ni Cristina ni Griesa: se están derrumbando los precios internacionales de la soja y el maíz. Según análisis preliminares, la caída de esos precios podría significar unos 11.500 millones de dólares menos en los ingresos de divisas al país en el año próximo.

Ninguna economía resiste tantas malas noticias sin provocar graves conflictos laborales y sociales. Un planteo inútil en La Haya, un discurso imaginario contra el extranjero o una torpe provocación no cubrirán los desastres de una derrota interna que ya sucedió