Un vuelo de repatriados trajo el cuerpo de un empresario argentino que murió por covid-19 y no lo notificó

Un cadáver embalsamado arribó el sábado pasado en la bodega de un avión de Aerolíneas Argentinas. Era el vuelo organizado por la Cancillería para repatriar compatriotas que habían quedado varados en Estados Unidos en medio de la pandemia.

El cuerpo es de un empresario de 91 años que había muerto por COVID-19. Curiosamente, la documentación que acreditaba que era portador de coronavirus no había sido aportada.

Ahora, la Secretaría de Calidad de Salud del Ministerio que dirige Ginés González García radicó una denuncia penal que intenta esclarecer quién fue el responsable de que ese cuerpo viajara sin que se supiera que había tenido coronavirus. La principal sospecha es que se buscó ocultar intencionalmente ese dato para que se concretara, sin problemas, el ingreso al país.

El hombre fallecido es Elías Masri, de 91 años. Abogado de la Universidad Nacional del Litoral, decidió dedicarse a los bienes raíces. Creó su empresa en los años 50 en la Argentina pero la hiperinflación generada en los últimos años del gobierno radical terminó por complicar los negocios. En 1988, Masri se fue a vivir a los Estados Unidos, donde construyó su emporio Falcon Properties, Inc. El 7 de abril, sin embargo, el empresario falleció en su casa de Manhattan, en un piso de la calle 47 y la Quinta Avenida. Había sido víctima del coronavirus.

Con su muerte, la familia decidió llevar al cuerpo a una casa funeraria de Nueva York, en la calle Madison. La cremación no era una posibilidad, ya que no lo permitía su religión judía que él profesaba. La funeraria recibió la orden de embalsamarlo.

En la funeraria, a los familiares se les entregó un certificado de defunción. En una primera hoja, el documento aseguraba que Masri había fallecido por causas naturales, es decir, una muerte no violenta. En un reverso de ese documento se precisaba las razones de ese final: “Colapso respiratorio, COVID 19”.

El 9 de abril, la familia del empresario intentó traer el cuerpo a la Argentina. Según pudo saber Infobae, contactó a la empresa aérea Baires Fly para llevar adelante un vuelo privado entre Nueva York y Buenos Aires. La empresa se comunicó telefónicamente con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para conseguir la autorización.

Hubo una serie de “intercambio informal de documentación” para verificar si estaba todo en orden y poder autorizar el ingreso. En medio de la pandemia, se buscaba tener en claro la certificación médica de que la causa de la muerte no fuere la de una enfermedad infectocontagiosa. En esas consultas, la empresa acompañó una certificación médica que decía, específicamente, COVID 19. Cualquier posibilidad de traslado quedaba definitivamente descartada.

La Unidad Sanitaria de Aeroparque permanecía a la espera de la presentación formal, más allá de que había anticipado su negativa. No hubo más noticias.

Pero el sábado por la noche un vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó al país, desde Miami, con 243 argentinos que habían quedado varados en Estados Unidos por la pandemia y conseguían así ser repatriados, en un traslado organizado por la Cancillería. En la bodega del avión también viajaba el féretro de Masri, herméticamente sellado, cuestión por la cual desde Salud descartan cualquier posible propagación del virus. Sin embargo, investigan la irregularidad de la llegada porque ningún féretro con registro de un virus podría haber ingresado al país.

Al recibir el cadáver, los funcionarios de Sanidad de Fronteras de Ezeiza vieron que la documentación no estaba completa. Y al revisar en detalle buscaron las pruebas de aquella primera consulta del vuelo frustrado: la que acreditaba que esa persona había fallecido por el virus.

En el interín, un familiar del empresario se presentó en el aeropuerto de Ezeiza pidiendo retirar el cadáver, pero se lo negaron. El féretro quedó aislado en un sector del aeropuerto. Y el Ministerio de Salud formalizó una denuncia judicial en los tribunales federales de Lomas de Zamora.

La causa penal investiga ahora a los responsables de lo ocurrido bajo la figura del artículo 202 del Código Penal, que castiga con prisión de hasta 15 años de cárcel al que propague una "enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. Se busca esclarecer quiénes hicieron el intento en el primer vuelo frustrado y quiénes consiguieron que el féretro subiera al avión, ocultando el detalle de la causa de su muerte. Aquella primera gestión frustrada, creen los investigadores, demuestra la gravedad de lo ocurrido.