Un robo inconcebible

Luego de cavar un túnel de 30 metros de longitud, una banda de boqueteros ha vuelto a dar un golpe de ribetes cinematográficos al saquear 136 cajas de seguridad de la sucursal del Banco Provincia en Cabildo y Echeverría, en pleno barrio de Belgrano.

Pero lo que más llama la atención, y al mismo tiempo asusta, no ha sido el evidente profesionalismo de los asaltantes ni su audacia, sino el hecho de que, según repiten las crónicas con leves variaciones de fechas, las alarmas de seguridad del banco se activaron no una sino varias veces entre el 30 de diciembre y el 2 del corriente mes, y que a raíz de ello la Policía Federal fue alertada y concurrió a la entidad.

¿Cómo es posible, entonces, que mientras sonaban las alarmas y la policía se hacía presente, aunque sin poder ingresar pues la entidad se encontraba cerrada por el fin de semana largo, los delincuentes hayan podido proseguir su labor hasta saquear los 136 cofres? ¿Qué más se requiere para impedir un robo de estas características? Las alarmas habrían sonado tanto en la comisaría 33a. como en la casa central del Banco Provincia.

Se trata de la principal incógnita, y de una que alimenta las sospechas de una posible connivencia de empleados del banco o de la policía -o de ambos- con los boqueteros, que explicaría lo inexplicable.

El presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos, informó ayer que la entidad ha iniciado su "propia investigación interna sobre las fallas que se pudieron haber cometido, porque está claro que las alarmas sonaron en la policía y en el banco". Igual que la investigación judicial, la del banco debe ser exhaustiva.

Es preciso señalar también la extraña falta de reacción y la lentitud para brindar información por parte de las autoridades de la sucursal el lunes pasado, cuando se conoció el hecho -los delincuentes habrían abandonado el banco con su botín poco después de las 6- y los clientes que poseen cofres en la sucursal comenzaron a amontonarse allí para intentar dilucidar si se contaban entre las víctimas. En esa oportunidad tuvieron que padecer un injusto maltrato, que se sumó a su natural angustia.

Posteriormente, volvieron a ser victimizados cuando el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que profundizará los controles fiscales sobre los damnificados. Afortunadamente, Francos reaccionó con cordura al asegurar que "la relación del cliente con la caja de seguridad es propia, secreta y reservada", y consideró que "no es el momento para intranquilizar a los clientes damnificados". Echegaray, sujeto él mismo a investigaciones judiciales sobre su patrimonio y su desempeño en la función pública, es el menos indicado para ejercer esto que puede calificarse de encarnizamiento con las víctimas.

Otra señal de bajeza moral y aprovechamiento político de baja estofa la brindó el jefe de Gabinete cuando atacó al Banco Provincia para apuntar por elevación al gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Ningún integrante del Poder Ejecutivo puede abrir la boca porque, además de ser los responsables de la Policía Federal, no han reglamentado la ley 26.637 de seguridad bancaria, promulgada hace dos meses, el 29 de octubre pasado.

Esa norma prevé plazos perentorios para que los bancos adopten medidas para reforzar la seguridad de las cajas, como las saqueadas el fin de semana último. La reglamentación debía haberla realizado el Banco Central en un plazo de 60 días que, por supuesto, ahora el Gobierno interpreta como 60 días hábiles, mientras que, como explicó Ricardo Gil Lavedra, "el Código Civil dispone como regla que los plazos de las leyes son corridos, salvo que la propia ley disponga lo contrario. El Banco Central ha omitido cumplir con su deber".

Entre lo poco rescatable que ha generado este inaudito asalto, deben computarse las declaraciones de Francos en el sentido de que el banco será amplio y generoso en el momento de indemnizar a los clientes que vieron traicionada su confianza en la entidad. Dado lo ocurrido, es lo menos que puede hacer.

Es más que sabido que, luego del corralito bancario instaurado poco antes de la caída de Fernando de la Rúa, muchos ciudadanos suelen desconfiar de las cuentas y plazos fijos de las entidades bancarias como refugio para sus ahorros.

Quienes han elegido las cajas de seguridad del Banco Provincia para confiarles ahorros o bienes -que a veces revisten más valor afectivo que material- seguramente han tenido en cuenta, entre otros motivos, la dilatada trayectoria de la entidad y la sensación de seguridad que emana de sus sólidos y característicos edificios.

El inconcebible asalto que han sufrido y el posterior maltrato muestran a las claras que ni siquiera grandes instituciones bancarias oficiales escapan a la ola de inseguridad que padecemos. Pero ya no podríamos hablar de ola de inseguridad si las características tan sospechosas que reviste este caso terminan por confirmar la existencia de complicidades dentro del banco o de la policía. Hechos de estas características urgen un rápido y certero esclarecimiento. Es un deber para con las víctimas y con toda la sociedad.