Un riesgo para la paz social

En el conflicto del enterramiento de residuos sólidos urbanos en la zona sur de la ciudad de Córdoba, producido desde los primeros meses de este año, los concejales capitalinos y los legisladores provinciales no se involucraron de manera adecuada en el problema.

Todo esto pese a que conforman los cuerpos por donde pasan y se aprueban las ordenanzas y las leyes; son los representantes de nuestra ciudad y de nuestra provincia que deben velar para que las normas afirmen los derechos de los ciudadanos y propendan a mejorar su calidad de vida y el bienestar general.

Además, son los que deben observar y estar atentos a que los funcionarios y gobernantes cumplan con el marco legal previsto en este tipo de reglamentaciones.

Ambos cuerpos legislativos no intervinieron ante esta situación pese a que se violaba la ordenanza 9.847, que regula el proceso de evaluación de impacto ambiental, y la ley 7.343 y su decreto reglamentario 2.131/00, que trata sobre los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

Todos sabemos o tenemos conciencia de que nadie quiere tener un vertedero cerca; sin embargo, la coyuntura actual es diferente de la anterior:

a) Hay estudios de las universidades Tecnológica Nacional (UTN) y Católica de Córdoba (UCC) que acreditan o avalan que la zona sudeste, en general, cumple con requerimientos técnicos primarios para albergar un vertedero de residuos.

b) El Concejo Deliberante solicitó al municipio un nuevo predio para que sea trasladado allí el enterramiento de residuos sólidos urbanos (RSU).

c) El Gobierno provincial se comprometió a abonar la adquisición del futuro predio.

d) Hay un compromiso del intendente Daniel Giacomino de dejar de llevar los RSU al terreno sobre la ruta nacional 36 desde el 1º de abril de 2011.

En manos del Concejo. Los concejales de la ciudad de Córdoba debían analizar el proyecto de declaración de utilidad pública del terreno propuesto y que estaba ubicado en la zona sudeste. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo –al no contar con los votos suficientes para su aprobación– se vio obligado ayer a retirar la iniciativa.

Los cordobeses necesitamos de una vez por todas que esta situación se resuelva: en los últimos días, hubo declaraciones de algunos concejales respecto del lugar propuesto, objetando la elección, lo que motoriza algunas preguntas: ¿por qué no lo hicieron en febrero y marzo de este año, ante el primer conflicto? ¿Qué los hizo reaccionar ahora? Y, en definitiva, ¿por qué no están los votos suficientes para encontrar una solución definitiva a este problema?

Hay que recordar que para realizar los estudios de impacto ambiental –suelo, aire y agua, y también sobre la cuestión social–, primero debe ser aprobada la declaración de utilidad pública de un terreno.

Considero que esa declaración se puede hacer condicionada a los resultados de los futuros estudios y comprometiendo al Departamento Ejecutivo y a la empresa prestadora para que profundicen las medidas tendientes a concientizar a los vecinos sobre la importancia de la separación de residuos en origen, como así también fortalecer el desarrollo del reciclado de los RSU.

Ante este nuevo cuadro de situación, y al no poder ser aprobada este año una iniciativa que declare de interés público un predio específico, será muy difícil para el Departamento Ejecutivo cumplir con el compromiso asumido y dejar de enterrar la basura en el predio sobre la ruta 36 el 1º de abril próximo, lo que pondrá nuevamente en riesgo la paz social en la zona sur de la ciudad.