Un proyecto dudoso y poco eficaz para combatir la venta pirata de CDs y DVDs
En numerosas oportunidades se han formulado en esta columna consideraciones acerca de la incapacidad del Estado para combatir la venta callejera de CDs y DVs falsificados, con puestos que se instalan en las ciudades de todo el país, en una situación que se traduce en evasiones impositivas y en evidentes abusos e inequidades que son violatorias de leyes y ordenanzas.
Ahora se ha tomado conocimiento de un proyecto de ley sometido a estudio en el Senado nacional, que propone gravar artículos tecnológicos, como CDs, DVDs, PC, MP3, celulares, memorias USB, tarjetas de memoria, y hasta equipos decodificadores de televisión, para crear de esa manera un nuevo impuesto -un denominado fondo contra la piratería- que se traduciría en un ostensible aumento del precio de esos productos.
El proyecto de ley apunta a obligar a las empresas a abonar un canon sobre los soportes tecnológicos que fabrican, cuyos fondos serían luego destinados como compensación por derechos de autor no percibidos, a músicos, autores, directores, intérpretes y actores. El fundamento de ello residiría en que estos soportes son los que facilitan las ulteriores copias privadas de las obras musicales. Lo cierto es que las protestas masivas y la polémica que se desató en la web y en otros ámbitos incidieron para que los propios impulsores de la iniciativa decidieran demorar el trámite parlamentario.
Evidentemente, constituye un absurdo propiciar que se castigue con un impuesto a quienes son compradores de tecnología, por la exclusiva razón de que el Estado se ha mostrado absolutamente ineficaz para combatir la piratería.
Bien se conoce que la venta informal de CDs y DVDs se ha multiplicado y prosperado, fundamentalmente, a partir del fracaso de las estrategias para combatirla, limitándose la acción estatal a operativos realizados exclusivamente por organismos municipales cuando sería imprescindible el concurso de otras jurisdicciones. Sin embargo, la venta informal excede en mucho el marco normativo comunal y reclama, por la entidad y diversidad de los delitos en que incurre, la aplicación de la legislación penal y penal-económica de fondo.
Aspectos tales como la vulneración de los derechos de autor y de intérpretes, las distintas falsificaciones que se consuman o la evasión de pago de impuestos y gravámenes requieren la intervención de organismos nacionales y provinciales que, sin embargo, persisten inexplicablemente sin intervenir en esta cuestión.
Pero existe también un principio constitucional consagrado -que es el de presunción de inocencia- que se vería vulnerado, puesto que, del texto legal, podría desprenderse que a toda persona que compra, por ejemplo, un CDs o un DVDs virgen, se le traslada un costo por presumir que luego va a copiar ilegalmente alguna obra artística.
Es de esperar, entonces, que los legisladores nacionales apunten a resolver la cuestión de fondo -que es la de sancionar la venta pirata de productos tecnológicos-, sin trasladarle a los consumidores, por vía de un nuevo impuesto, el costo de la ineficiencia estatal.