Un peligroso globo de ensayo
La decisión del presidente Evo Morales de dejar sin efecto el controvertido "gasolinerazo" fue un necesario ejercicio de realismo político.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anuló durante el reciente fin de semana el llamado "gasolinerazo", el decreto anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera (a cuyo segundo apellido alude el nombre popular dado a la medida) y que disponía incrementos de hasta el 82 por ciento en el precio de los principales combustibles. Fue un prudente ejercicio de realismo político. El cancelado aumento, que al ser anunciado convocó de inmediato al recuerdo del "rodrigazo" que en la década de 1970 empujó al descalabro a la economía argentina, convocó también a concentraciones de protestas en todo el territorio boliviano.
Lo preocupante para Morales y sus principales consejeros fue que las mayores protestas provinieron de las centrales obreras, brazo sindical de su movimiento político. Es que las adhesiones del poder gremial al poder político no siempre son inmutables. Cuando el sacrificio que se pide a los trabajadores en nombre de un improbable saneamiento de la economía sobrepasa los límites de la razonabilidad, la resistencia se pone de inmediato en acción. Esto ha sucedido no sólo en la Argentina, sino en democracias más consolidadas que las latinoamericanas. Por ejemplo, son históricas las embestidas de las trade unions británicas contra los gobiernos laboristas (que nacieron precisamente de ese movimiento sindical) o las de las centrales socialistas y comunistas de Italia contra gobiernos de centroizquierda.
Ahora estuvo también en riesgo la adhesión de las organizaciones aborígenes, que podrían ser definidas como el "brazo racial" del mandatario aimara. No es casual que un bastión de su corriente política, como la población de El Alto, vecina a La Paz, que siempre le fue incondicionalmente leal, fuese el jueves último el escenario de las más violentas movilizaciones que se registraron en la nación hermana. Debe haber sonado muy mal en los oídos de Morales la acusación de "neoliberal" que le prodigaron los altenses.
La prudencia sirvió también para reconocer que incurrió en un grosero error cuando pretendió calmar las aguas otorgando un reajuste salarial del 20 por ciento. Fue una medida infantil que pretendía hacer olvidar una realidad incontrastable: todo encarecimiento masivo de los combustibles termina por crear aumentos virtualmente incontrolables en los precios de los artículos de consumo popular. En semanas, ese 20 por ciento hubiera sido barrido de los bolsillos de los asalariados. Nadie conoce mejor esos efectos perversos que los millones de trabajadores del siempre postergado sector de ingresos fijos.
Es prematuro conjeturar acerca del costo político que deberá pagar Morales, como lo son también los eventuales réditos que extraerá la fuerte oposición. Pero, frente a la históricamente frágil estabilidad institucional de Bolivia, convendría que sus gobiernos se abstuviesen de estos explosivos globos de ensayo.